Los cinco primeros 'choques' de la coalición: del subsidio por desempleo a los impuestos a la banca

No ha pasado ni un mes desde que se constituyó el nuevo Gobierno de coalición y ya están produciendo los primeros choques entre PSOE y Sumar. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la ausencia de Podemos —que en esta legislatura no tiene ninguna cartera ministerial— implica menos confrontación y más colaboración en la relación entre los socios del Gobierno, aunque tendrán que negociar a nivel parlamentario tras la decisión de sus cinco diputados de pasarse al Grupo Mixto. 

El reto para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es conseguir algo que sí dominaba Podemos: tener un discurso propio frente al PSOE. Una de las críticas que sobrevuelan sobre Díaz radica en su dificultad de diferenciarse de los socialistas por su complicidad con Sánchez y su formas, más propensas al diálogo que al "ruido", como ella misma define a las discrepancias entre los socios del Ejecutivo.

La pasada legislatura, con Podemos como principal partido del espacio, los enfrentamientos con el PSOE se produjeron de manera asidua. Díaz no quiere un lenguaje grueso del tipo "partido de la guerra" —así definió la exministra Ione Belarra al PSOE tras el envío de armas a Ucrania— ni aprueba los tuits incendiarios contra sus socios. Sin embargo, es consciente de que tiene que diferenciarse para no quedar desdibujada frente a los socialistas, por lo que Sumar ya comienza a dar sus propias batallas, tanto dentro como fuera del Gobierno.

El subsidio por desempleo

El detonante de la primera grieta considerable de la legislatura, entre carteras gestionadas por el PSOE y otra de Sumar, ha sido la reforma del subsidio por desempleo. Hace más de un año que equipos de cuatro ministerios, Trabajo, Economía, Hacienda e Inclusión, se intercambian documentación al respecto, al tratarse de un asunto “de calado” ligado al objetivo de alcanzar el pleno empleo. Pese a la cierta urgencia, los trabajos técnicos no han concluido, “se están puliendo cosas”, según aseveran desde varios de los ministerios mencionados, por lo que todavía no hay un documento que elevar primero al Consejo de Ministros y luego a Bruselas.

Díaz asegura que desde su área no se va a “propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo” y recalca al Ministerio de Economía que lidera Nadia Calviño que los cambios del subsidio por desempleo son "una competencia" de su ministerio. Hace unas semanas se conocieron algunas intenciones del Ejecutivo para reformar estos subsidios, entre las que estaban hacer su cobro gradual en el tiempo, de forma que se incentive más la incorporación de sus beneficiarios a un empleo. A juicio de Trabajo, lo que quiere Economía es disminuir de manera progresiva la prestación de 480 euros, mientras que Díaz aboga por mejorarla.

Impuestos a la banca y a las eléctricas

Este viernes Calviño y Díaz han protagonizado un nuevo enfrentamiento a costa de los impuestos a la banca y a las energéticas que el Gobierno aprobó hace un año. La ministra de Economía ha defendido que "es el momento" de "revisar" estos impuestos "y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que ya no hay subidas tan rápidas de los tipos de interés y de los precios de la energía".  El Ministerio de Transición Ecológica adelantó ya las pasada semana que estudiaba "reformular" el gravamen sobre las empresas energéticas.

Minutos después de las declaraciones de Calviño, Díaz se mostraba "en total desacuerdo" con la posibilidad de eliminar el gravamen y recordaba a los socialistas que el compromiso de mantener ambos impuestos forma parte del acuerdo entre el PSOE y Sumar. "Le diría a la señora Nadia Calviño pacta sunt servanda —lo pactado, obliga— y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar", lanzaba, al tiempo que señalaba que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son "absolutamente contundentes".

Escudo anticrisis

Otro de los enfrentamientos entre socios se debe a causa de la retirada de algunas de las medidas aprobadas en el escudo anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y contener la inflación. La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, prepara un nuevo decreto para el próximo 27 de diciembre en el que decaerían algunas de las medidas que actualmente están en marcha. "Trabajamos dentro de un contexto donde Europa pide retirar estímulos extraordinarios", justificó Montero. Hay algunas ayudas, como las del transporte o la bajada del IVA de los alimentos , que sí se mantendrán.

Sin embargo, el actual decreto anticrisis contempla otras ayudas para abaratar la factura de la luz y el gas que podrían decaer. Desde Sumar abogan por prorrogar estas subvenciones en la factura eléctrica pero los socialistas se muestran reticentes. Fuentes de Sumar aseguran que le han otorgado "la máxima importancia a la elaboración de una propuesta completa" para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, que "refleje lo que es su sello de identidad: la firmeza en la defensa de la protección social y en la redistribución de la riqueza".

La ampliación del Puerto de València

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció este jueves que llevará al próximo Consejo de Ministros la licitación del proyecto de ampliación norte del Puerto de València —una infraestructura que supondrá duplicar su capacidad de tráfico de contenedores—, que requiere de una inversión pública de 660 millones de euros. Se trata de un proyecto polémico por su impacto sobre las playas del sur de València y por el hecho de ampararse en una declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 pese a las sensibles modificaciones que se han introducido y los efectos sobre la ciudad.

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La decisión ha generado un profundo malestar en Sumar. Compromís, una de las formaciones que forman parte de la coalición, lleva años rechazando esa ampliación en consonancia con las asociaciones ciudadanas y ecologistas, agrupadas en la Comissió Ciutat-Port. El ministro Puente defendió la seguridad jurídica del proyecto y minimizó el impacto ecologista, pero desde Compromís ya han anunciado su intención de acudir a los tribunales para paralizar la ampliación. Sumar circunscribe esa decisión a una acción del partido y no se plantea elevarlo a la Justicia.

Palestina-Israel

El conflicto entre Israel y Palestina ha acaparado gran parte del debate político en España en las últimas semanas. Desde un primer momento la derecha y la ultraderecha de PP y Vox escogieron bando al aliarse con el Estado hebreo —algunos de sus representantes estuvieron, de hecho, en la concentración ante la Embajada en Madrid la pasada semana—, mientras que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha optado por la línea ya consensuada en el Congreso en 2014 que defiende la vía de los dos Estados, uno judío representado por Israel y otro árabe por Palestina.

La coalición liderada por Díaz ha pedido a Sánchez que reconozca formalmente al Estado Palestino y que se corte el suministro de armas a Israel a nivel europeo. En Sumar consideran que los bombardeos y la ofensiva militar contra civiles palestinos dinamita los acuerdos comerciales armamentísticos que vinculan a Israel y a los países de la Unión Europea.