Los amarristas del Club Náutico de Ibiza exigen a APB que deniegue la prórroga a Puertos y Litorales Sostenibles

En un comunicado, la asociación ha explicado que, aunque la Ley de Puertos del Estado no regula expresamente la prórroga de autorizaciones de ocupación temporal por incumplimiento, resulta evidente que deben respetarse los principios generales de la contratación pública, ha considerado.
«En este contexto, una prórroga sin valorar adecuadamente el grado de cumplimiento de la oferta adjudicada supondría una quiebra del principio de responsabilidad, igualdad y eficacia en el uso del dominio público portuario», ha considerado la asociación de amarristas.

Entre los compromisos, el colectivo se ha referido a la ejecución del dique flotante, cuya construcción fue determinante para obtener la adjudicación. Sin embargo, habiendo transcurrido el primer año desde la Autorización, la asociación ha lamentado desconocer si se ha presentado en tiempo y forma el proyecto de ejecución necesario para acometer legalmente dicha obra.

En este sentido, ha asegurado haber solicitado reiteradamente esa información sin obtener respuesta oficial, lo que incrementa la «sensación de opacidad y falta de transparencia».

Tampoco se han ejecutado otras inversiones comprometidas, ni se ha desarrollado el programa deportivo, formativo y social previsto en la oferta, que fue clave para que PYLS obtuviera la puntuación máxima en el concurso.

Todo ello ha sido puesto en conocimiento de la APB mediante numerosos escritos sin respuesta, reforzando la percepción de trato de favor institucional, ha denunciado la asociación.
Además, se desconoce si los retrasos en la puesta en servicio del dique y otras inversiones previstas han sido debidamente justificados y asumidos por la administración portuaria antes del vencimiento de los plazos, lo que incrementa aún más la inseguridad jurídica y la desprotección de los usuarios del puerto.

«Prorrogar una autorización en estas condiciones, no sólo carece de base jurídica clara, sino que envía un mensaje devastador a la ciudadanía: que se puede ganar un concurso público con la mejor oferta en papel, incumplir los compromisos más importantes, y aun así conservar el negocio sin consecuencias. Esta impunidad no es compatible con un Estado de Derecho ni con una administración pública responsable», han señalado los amarristas.

También han considerado que, por parte de los técnicos de APB, respaldar incumplimientos tan evidentes podría acarrear consecuencias administrativas, disciplinarias o incluso penales. Desde la Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza han exigido así que la Autoridad Portuaria actúe conforme a los principios de legalidad, responsabilidad y transparencia, y deniegue la prórroga a una entidad que ha incumplido de forma sistemática los compromisos que justificaron su adjudicación.