En 2006 fue aprobada la Directiva de Retención de Datos, con aplicación en la Unión Europea. Este documento orillaba a las operadoras de telecomunicaciones a retener los datos de sus usuarios por un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años. La respuesta del gobierno británico fue aprobar en 2009 una legislación que obligaba a las operadoras de telecomunicaciones a conservar los datos de sus usuarios durante 18 meses.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó en abril de este año que tal medida resultaba contraria a la privacidad de los usuarios, por lo que la dejó sin efecto. Como consecuencia, los países integrantes de la Unión debían actualizar sus marcos legales, a fin de eliminar las disposiciones referentes a la retención de datos. Pero el gobierno británico no lo ha hecho, de acuerdo con The Guardian.
Esto fue dado a conocer luego de que un político del partido demócrata liberal, Julian Huppert, preguntó a la Secretaría de Estado si la decisión tomada por el TJUE tenía repercusiones en la legislación británica aprobada en 2009. La respuesta del gobierno no pudo ser más clara: independientemente de lo resuelto por el Tribunal, considera que la directiva de retención de datos aún es válida.
El gobierno sigue examinando la sentencia del Tribunal Europeo. Actualmente se considera que la Directiva de Retención de Datos del Reino Unido de 2009 sigue en vigor.
En la respuesta también se asegura que las operadoras de telecomunicaciones que operan en el Reino Unido ya han sido notificadas que deben continuar cumpliendo con dicha regulación. Es decir, los datos de los usuarios de estas empresas continúan siendo retenidos y almacenados.
De esta forma, el Reino Unido se suma a los gobiernos que han decidido emplear técnicas de vigilancia masiva en un intento por luchar contra el crimen. Es justo por lo que no ha cumplido con el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de acuerdo con un portavoz:
La retención de datos de comunicaciones es absolutamente fundamental para asegurar que la aplicación de la ley tenga los poderes necesarios para investigar delitos, proteger al público y asegurar la seguridad nacional.
Sin embargo, no hay que perder de vista que la recolección de metadatos no es un asunto trivial. Puede ser útil para localizar criminales y facilitar su captura, pero también representa una intromisión exagerada en la vida privada de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Desafortunadamente, aún existe un falso debate que intenta que los usuarios elijan entre seguridad y privacidad, cuando el segundo aspecto es fundamental.
