CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com .mx) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del activista José de Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, acontecido en Poza Rica, Veracruz, el pasado 22 de junio. Asimismo, solicitó a las autoridades competentes medidas cautelares en favor de Francisca Vázquez Mendoza, esposa sobreviviente de la víctima, con el fin de preservar su integridad física. "La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera su rechazo pleno a cualquier tipo de agresión e intimidación contra los miembros de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz con motivo del ejercicio de la búsqueda de víctimas y familiares desaparecidos, y hace un llamado a todas las autoridades de Veracruz para rechazar estos ataques, investigar y sancionar a los responsables en el ámbito de sus competencias". El organismo nacional informó sobre las acciones que ha emprendido a raíz de homicidio del activista. Entre éstas destaca el envío de personal para brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas. También "se acudió al hospital en el que se internó a la señora Francisca Vázquez Mendoza, para informar a los responsables del mismo que la CNDH estaría al pendiente de la integridad física y de salud de la lesionada, e inclusive que este Organismo Nacional ya había emitido medidas cautelares para salvaguardar su integridad". José de Jesús Jiménez Gaona, quien buscaba a su hija desaparecida, Jenny Isabel Jiménez Vázquez, fue acribillado la noche del miércoles 22 de junio por un grupo armado que huyó con rumbo desconocido en el municipio de Poza Rica, al norte de Veracruz. En el ataque contra Jiménez Gaona, su esposa fue herida de gravedad. Jiménez Gaona, era un activista de la región norte de la entidad y desde la desaparición de su hija empezó a organizarse con familiares de otras personas desaparecidas para formar un colectivo de búsqueda y presionar así al gobierno saliente del priista, Javier Duarte de Ochoa, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del estado.