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La Procuraduría General de la Nación impugnaría ante la Corte Suprema de Justicia la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que le ordenó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, restituir a Gustavo Petro Urrego como Alcalde Mayor de Bogotá.
El Ministerio Público tendría que elevar la acción ante la Sala Civil de la Corte Suprema, que es la Corporación competente en este caso para evaluar en segunda instancia la decisión tomada este martes por una Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá.
La decisión del Tribunal dispuso que el presidente Santos está en la obligación de acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó a favor de Petro para salvaguardar sus derechos políticos. Esta orden se debe cumplir en un término de 48 horas.
En este caso, tanto la Procuraduría General como la Presidencia de la República pueden impugnar la decisión del Tribunal y, de hacerlo, la Corte Suprema de Justicia tiene un término de 20 días para emitir su fallo.
No obstante, una vez el Presidente sea notificado deberá acatar el fallo del Tribunal.
Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, tras las irregularidades que encontraron en el esquema de basuras implementado a finales del 2012 por la administración distrital.