El Congreso inicia los trámites para suspender las reválidas de ESO y Bachillerato y frenar la Lomce

El Gobierno ofrece la vía del decreto ley

Méndez de Vigo ha tratado de argumentar en el debate en el Pleno que esta fórmula del decreto ley es más "inmediata" que la paralización de la ley educativa, que ha pedido el PSOE y que ha salido adelante con 208 votos -los de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís, PDECat, Bildu y CC-, 133 en contra y dos abstenciones.

"Esta proposición no tiene efectos jurídicos inmediatos porque si se toma en consideración comienza un largo procedimiento legislativo y no tendrá efectos inmediatos", ha afirmado el ministro durante su intervención en el Pleno al final del debate, y ha defendido que un decreto ley del Gobierno cumple de forma "inmediata" la suspensión del carácter académico de estas pruebas.

La proposición de ley aprobada este martes inicia un camino que lleva a que el Congreso decida iniciar el procedimiento, luego la tramitación ordinaria como proyecto legislativo, con presentación, debate y votación de enmiendas parciales en la Comisión de Educación, lo que puede llevar varios meses.

En la práctica, la paralización de la implantación afectaría a las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, que comenzarán a realizarse este curso, según prevé la Lomce. Supondrá que la prueba de evaluación -o 'reválida', como es conocida- de cuarto de la ESO, en caso de mantenerse tras la conferencia sectorial, solo tendrá carácter diagnóstico; y la de segundo Bachillerato será de acceso a la Universidad.

Méndez de Vigo ha indicado que para "solventar" la polémica en torno a las evaluaciones de Secundaria, se va a reunir el próximo 28 de noviembre -no el 24, como se había anunciado en un principio- con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, y que los acuerdos los traducirán en un decreto ley, que podría estar listo a primeros de diciembre.

Es decir, que la discrepancia está en iniciar el camino para frenar primero y derogar después la ley educativa del PP, que la oposición encabezada por el PSOE considera "ideológica, segregadora, excluyente, recentralizadora y confesional", o parar algunos de sus efectos inmediatos y que preocupan a la comunidad educativa -los estudiantes no saben a qué pruebas se enfrentarán a final de curso y cómo afectarán a su futuro académico- mientras se llega a un consenso político hacia una ley reformada sobre la base de la actual.

"El primer paso" para derogar la Lomce

En declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, se ha felicitado de la aprobación de esta proposición de ley que, a su juicio, es el "primer paso" para derogar esa la actual educativa.

"Hoy estamos dando el primer paso para el desmontaje de la Lomce, es una buena noticia para la comunidad educativa", ha aplaudido.

Sobre la oferta del ministro de Educación de presentar un decreto ley, Hernando se ha mostrado dispuesto a negociar su tramitación, aunque ha insistido en que no tendrá su apoyo parlamentario si no lleva aparejado la eliminación de las pruebas, tengan o no efectos en el expediente.

En su intervención en el debate, el portavoz socialista en la comisión de Educación, Manuel Cruz, ha apuntado que esta iniciativa se apoya en la "oposición frontal a la evaluación de 6º de Primaria y a las reválidas de ESO y Bachillerato", y persigue la recuperación de la Selectividad y de la seguridad jurídica para centros y administraciones educativas.

Pide, además, que no se subvencione a aquellos centros que segregan al alumnado por sexos, recuperar el carácter no evaluable de la asignatura de Religión, posibilitar la titulación en ESO de quienes siguen la FP Básica, restituir las competencias de los consejos escolares y que los estudiantes con diversificación curricular puedan obtener el título de ESO.

Por otra parte, aseveró que su partido "trabajará en serio para abrir una nueva etapa de diálogo y alcanzar un pacto social y político por la educación", por lo que reclamó "la misma colaboración y el mismo compromiso a todos los grupos de la Cámara".

Ciudadanos: la suspensión forma parte del acuerdo con el PP

La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, justificó su apoyo a la iniciativa porque recoge el pacto firmado entre su grupo y el PSOE y, en parte, el acuerdo entre Ciudadanos y el PP, que preveía paralizar los efectos académicos de las reválidas hasta lograr un pacto nacional por la educación.

"Creemos en el parlamentarismo y por eso estamos a favor de la aceptación a trámite", aunque admitió que "los efectos de esta ley "serán limitados" y "pueden entrar en contradicción" con los trabajos de la subcomisión parlamentaria que PP, Ciudadanos y PSOE piensan poner en marcha para alcanzar el citado acuerdo.

Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PNV, Bildu y el PDECat respaldaron la propuesta, aunque la consideran "insufuciente" y "demasiado lenta", porque "solo supone suspender los efectos académicos de las reválidas, no las reválidas mismas", ha dicho el diputado de Unidos Podemos Javier Sánchez.

"El PSOE ha pasado de pedir la derogación de la Lomce a exigir la suspensión de partes orgánicas y, finalmente, a reclamar solo la paralización de aspectos concretos", declaró.

Los portavoces del PDECat, PNV, Ebildu y Esquerra Republicana criticaron la Lomce por "recentralizadora y segregadora" y rechazaron la imposición de un modelo nacional que atente "contra el pluralismo de sistemas educativos". En general, lamentaron que la iniciativa pida suspender el calendario de aplicación de la ley y no su derogación completa, aunque prefirieron apoyar su tramitación.

El PP se pregunta: "¿Por qué la sustituiríamos"?

Solo los representantes de Foro Asturias y del grupo 'popular' se mostraron contrarios a la propuesta y advirtieron de los perjuicios que la suspensión de una norma en vigor "sin ningún recambio" implicaría para alumnos y profesores.

"¿Por qué la sustituiríamos?", se preguntó la portavoz popular de educación, Sandra Moneo. A su juicio, "hay que transmitir tranquilidad a alumnos y familias, y lo que deberíamos hacer ahora mismo es buscar un acuerdo sobre los contenidos que se han de evaluar" y cómo mejorar el sistema.

Señaló que tampoco tiene mucho sentido "posicionarse en contra de una ley al mismo tiempo que se quiere poner en marcha una subcomisión para buscar un pacto de Estado por la Educación".

Por la mañana, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, defendió gráficamente que la iniciativa socialista supone"poner el carro delante de los bueyes" puesto que los temas de las reválidas deberían incluirse dentro del pacto educativo y de los acuerdos sobre educación en la subcomisión que se cree a tal afecto en la Cámara Baja antes de que acabe el año.