TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Alrededor de 100 indígenas tzotziles del municipio de Chenalhó irrumpieron de manera violenta en la Curia Diocesana de San Cristóbal de las Casas, y a golpes y empujones se llevaron al presidente del Congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar, y al coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM, Carlos Arturo Penagos Vargas. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, en momentos en que los legisladores locales dialogaban en un anexo de la catedral con un grupo de pobladores inconformes con la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, del PVEM. A la mesa de diálogo también asistieron las diputadas Judith Torres Vera, Patricia Conde y Fabiola Ricci Diestel, quienes lograron escapar junto con el subsecretario de Gobierno, Mariano Díaz Ochoa. El más golpeado fue Ramírez Aguilar, a quien se vio con evidentes manchas de sangre en la camisa, y en un video se ve claramente cuando los indígenas suben a empujones a Penagos Vargas en una camioneta Nissan. Una patrulla de Protección Civil municipal de Chenalhó escoltó los vehículos donde fueron subidos los detenidos, a quienes trasladaron hasta la plaza central de ese municipio localizado a aproximadamente 40 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Mediador en el conflicto, el sacerdote Gonzalo Ituarte, vicario de Justicia y Paz, explicó que durante varias horas se reunieron en la curia integrantes de la llamada Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó, junto con una representación de la Legislatura, encabezada por Ramírez Aguilar, y él participó a nombre de la diócesis de San Cristóbal. “La plática se había alargado porque el Congreso no logró que renunciara Rosa Pérez, y Eduardo Ramírez estaba proponiendo que se realizara un diálogo entre la presidenta y sus opositores para buscar soluciones”, dijo. Comentó que Ramírez Aguilar explicó a los opositores de la alcaldesa que no era posible destituirla porque no había causa penal ni solicitud de licencia de su parte. “Cuando estábamos aterrizando los acuerdos se escucharon gritos afuera, y luego unos 30 hombres encapuchados y embozados golpearon la puerta y entraron violentamente. “Golpearon al presidente del Congreso y se lo llevaron ensangrentado. A una diputada la jalonearon las mujeres y a mí me dieron un llegue cuando me interpuse para evitar que dañaran a Ramírez Aguilar. Rompieron macetas y una banca. Es muy grave y preocupante y no tenemos idea de por dónde los llevaron”, agregó el párroco de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. La jefatura de prensa de Eduardo Ramírez Aguilar negó que el líder estatal del PVEM hubiera sido secuestrado y se limitó a decir que junto con Penagos “fueron llevados” para dialogar y negociar en la cabecera municipal la renuncia de Rosa Pérez Pérez. Por separado, el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, confirmó que el presidente del Congreso local y el coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM fueron retenidos y llevados por un grupo de indígenas encapuchados de Chenalhó a ese municipio de los Altos de Chiapas para dialogar y negociar la posible destitución de la alcaldesa. El funcionario estatal condenó la retención de Ramírez y Penagos en momentos en que dialogaban en la Curia Diocesana con los inconformes, y destacó que el lugar fue electo precisamente por los indígenas tzotziles por ser un lugar sagrado y respetado por todas las partes. Sin embargo, dijo, los encapuchados se llevaron a Penagos Vargas y Ramírez Aguilar, y en la irrupción fue golpeado el padre Gonzalo Ituarte, que gracias a las mujeres tzotziles no sufrió lesiones. Éstas también protegieron a tres mujeres diputadas que participaban en la mesa de diálogo. Gómez Aranda reconoció que si bien fue “bajo presión”, ambos legisladores accedieron a ir por “propia voluntad” para dialogar en la cabecera municipal de Chenalhó, y descartó que se haga uso de la fuerza pública para rescatar a los diputados locales. El pasado 26 de abril, policías estatales y municipales desalojaron de manera violenta a indígenas de Chenalhó de las puertas del Congreso local, después de que por varias horas retuvieron a diputados locales, trabajadores y algunas personas que gestionaban trámites con legisladores.