El Ayuntamiento de Barcelona ha atendido cerca de 10.000 hogares por problemas relacionados con la pobreza energética desde principios del 2017 y ha evitado casi 4.000 cortes de suministro en virtud de la Ley 24/2015.

La primera cifra es el resultado de la suma de las 6.100 visitas diferentes que se han atendido en los diez Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) creados por el consistorio y de las 4.700 viviendas que han recibido atención directamente a través de los servicios sociales de la ciudad.

El consistorio ha constituido un grupo de trabajo con entidades sociales, asociaciones vecinales y compañías de suministro que ya se reunió la pasada semana y donde se han expuesto estos datos.

Este grupo servirá para informar regularmente de las actuaciones del Ayuntamiento en este ámbito y para abordar cuestiones relacionadas con esta problemática con la participación de todos los actores interesados. El grupo de trabajo, que a partir de ahora se reunirá formalmente cada tres meses, es el primer foro estable que se establece en el ámbito municipal para abordar problemas vinculados con la pobreza energética.

Forman parte la Alianza contra la Pobreza Energética, el Colegio de Administradores de Fincas, el Consejo Sectorial de la Gente mayor de Nuevo Barrios, Ecoserveis, Endesa, Agbar, Iberdrola, Factor Energía, EDP, Somos Energía, Hola Luz, Nexus Energía, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, los Puntos de Asesoramiento Energético, el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, la Red de Oficinas de Vivienda municipal, Agua es Vida, El Risell, Ingeniería sin Fronteras, el Observatorio, la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña, el Plan Comunitario El Carmel y la Mesa de Salud Comunitaria de Marina.

Uno de los primeros temas que abordará este grupo será el estudio de las repercusiones que puede tener el real decreto impulsado por el gobierno del Estado que regula la concesión del bono social, sobre el cual Barcelona y siete ciudades más del Estado ya presentaron alegaciones en mayo pasado para poner de manifiesto su oposición a una norma que deja sin atender una parte importante de los hogares afectados por pobreza energética.

De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona considera plenamente vigente la ley catalana 24/2015, más avanzada para la protección de los derechos de la ciudadanía, y defiende el suyo obligado cumplimiento.

En los ocho primeros meses de funcionamiento de los PAE (que tienen un presupuesto de 2,2 MEUR) se han hecho 1.053 intervenciones directas al hogar, se ha instalado material en 585 viviendas, se han gestionado 945 bonos sociales, se han efectuado 576 cambios de titularidad de contrato y se han tramitado hasta 1.048 cambios de potencia para reducir la factura eléctrica.