PP y Cs limitan sus iniciativas en el Congreso a Cataluña y a una recentralización de competencias

Tres meses de actividad de los grupos parlamentarios de la derecha en el Congreso, el Partido Popular y Ciudadanos, ofrecen pocas pistas acerca del proyecto político que Pablo Casado y Albert Rivera quieren poner en marcha como alternativa al que está intentando sacar adelante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir de una alianza de izquierdas entre el PSOE y Unidos Podemos sin precedentes desde la restauración democrática.

Sus iniciativas, sin embargo, sí dan una idea de cuáles son las prioridades de ambas formaciones, que hasta el mes de mayo, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio lugar a una histórica moción de censura, eran el principal soporte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Si se examinan los enunciados del discurso de Pablo Casado y los de Albert Rivera, queda claro que el eje de su discurso político descansa sobre el conflicto en Cataluña y eso que, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, de momento ninguna de las medidas adoptadas por la Generalitat o el Parlament han sido impugnadas en los tribunales.

En el pulso por ver quién va más lejos en esta materia, al menos de palabra gana el líder de Ciudadanos: dos de cada tres mensajes que ha trasladado a la sociedad desde el mes de mayo han tenido como principal motivación trasladar a la sociedad la supuesta connivencia de Pedro Sánchez con los independentistas, según los datos recogidos por infoLibre a partir de sus intervenciones públicas de los últimos meses. La proporción, en el caso del presidente del PP sigue siendo no obstante muy reveladora, aunque no alcance el empeño de Rivera: Casado ha utilizado la situación en Cataluña como asunto central en una de cada dos intervenciones parlamentarias que ha realizado desde que sustituyó a Mariano Rajoy.

El argumentario de ambos es intercambiable. Casado ha exigido a Sánchez, sucesivamente, un "frente común" con los partidos constitucionalistas”, la aplicación de la ley de partidos a las organizaciones que según él están promoviendo kale borroka y que retire a Cataluña las competencias en Educación, además de iniciar la tramitación de un nuevo 155 mucho más drástico para intervenir indefinidamente la autonomía catalana.

Rivera ya había pedido, mucho antes, la aplicación del 155. Quizá por eso en sus intervenciones públicas se centra más en acusar al presidente de ser un prisionero del president Quim Torra, un “chollo” para el independentismo, a cuyos líderes a menudo caracteriza como “golpistas”, y al que acusa de querer “liquidar el futuro de España” sólo por estar “un cuarto de hora más en La Moncloa”.

Las críticas al Gobierno, un mensaje obligado para la oposición, casi no se ven acompañadas, en cambio, por propuestas propias. Aquí, de nuevo, Rivera también gana a Casado a la hora de llevar las iniciativas de su partido al centro de su discurso público. Lo hizo cuando anunció una proposición de ley para reducir la discrecionalidad de los nombramientos de altos cargos del Gobierno, la abolición de los aforamientos o la defensa de los vientres de alquiler. Los mensajes del líder del PP, en cambio, se centran en la fiscalización de las actividades del Gobierno.

Una buena expresión de las prioridades de los partidos de la derecha desde que el PSOE, con el apoyo de Unidos Podemos y los nacionalistas, los desalojó del poder son también las iniciativas que han presentado en el Congreso durante estos meses. Las de control e impulso —en las que piden que la Cámara manifieste su posición sobre un tema o se dirija al Gobierno instándole a actuar en una dirección concreta— y las mucho más significativas propuestas para la aprobación de nuevas leyes.

Desde la moción de censura, PP y Ciudadanos han presentado en el Congreso 14 proposiciones de ley.

De las cinco que llevan la firma del partido de Albert Rivera, tres persiguen limitar la capacidad de las Comunidades Autónomas de tomar decisiones sobre materias de su competencia y recentralizar asuntos tales como la guardia y custodia compartida de los menores en los casos de ruptura de la convivencia de los progenitores, la gratuidad de los libros de texto y el material curricular en la educación básica o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ciudadanos quiere que la regulación sea la misma en toda España.

El temario de prioridades legislativas de Cs se completa con una propuesta de profesionalización de la alta dirección de las Administraciones Públicas, que Rivera promociona gráficamente como una ley antidedazos y con la que pretende acabar con la discrecionalidad en los nombramientos cada vez que cambia el Gobierno, y una ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo. En ella, entre otras cosas, propone hacer obligatorio honrar a las víctimas del terrorismo con varias medidas, entre ellas obligar a los ayuntamientos a colocar placas conmemorativas en los lugares donde hubo atentados, con multas de hasta 150.000 euros en caso de incumplimiento.

El partido de Pablo Casado ha formalizado en el registro del Congreso la tramitación de otras nueve proposiciones de ley de las que cuatro —muy significativamente— tienen que ver con Cataluña.

La primera de ellas busca modificar la ley de financiación de partidos políticos para “suspender o limitar” el acceso al dinero público a las formaciones que tengan en su seno a condenados por delitos como la rebelión, la sedición o contra la Corona, las instituciones del Estado o la separación de poderes. Una iniciativa indisimuladamente dirigida a minar las bases financieras de los independentistas, como Esquerra Republicana, el PDeCAT o la CUP.

Penas de cárcel

En otra propuesta, esta vez para modificar el Código Penal con el aparente propósito de reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado, el partido de Casado quiere convencer al conjunto del Congreso para que, a partir de ahora, la convocatoria de un referéndum ilegal sea castigada con penas de tres a cinco años de cárcel. Y no sólo a quien convoque: el PP quiere perseguir a cualquier autoridad o funcionario público que, sin realizar esa convocatoria, facilite, promueva o asegure ese proceso e incluso a todos los ciudadanos que actúen como “interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso”.

En una tercera proposición de ley sobre Cataluña formulada en nombre de “la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales”, los neoconservadores de Pablo Casado pretenden que autoridades públicas y funcionarios se abstengan de realizar, y corrijan en el acto cualquier ofensa a los símbolos nacionales y oficiales, una normativa que quieren aplicar tanto a llevar puestos lazos amarillos en sedes oficiales como a su colocación en espacios públicos (sedes institucionales, playas, rotondas). El PP quiere que quienes incumplan esta norma, si llegase a ser aprobada, sean castigados con sanciones que pueden llegar a suponer el cese y la prohibición de ocupar otro puesto público entre cinco y diez años.

La batería de iniciativas sobre Cataluña que forma el núcleo de la actividad parlamentaria del PP se completa con una propuesta que trata de someter la acción exterior de las Comunidades Autónomas al criterio de Gobierno y abrir la puerta a que el Estado pueda cerrarlas.

La agenda de prioridades legislativas del partido de Casado en estos meses sólo incluye una iniciativa social: una proposición de ley de defensa de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. El resto tratan de abrir la puerta a la publicidad en Televisión Española, buscan corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata en la gestión del IVA de las Comunidades Autónomas, pretenden reformar la ley de suelo para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística y proponen suprimir el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

De los asuntos que de verdad preocupan a PP y Ciudadanos dan idea, también, las iniciativas de control e impulso que han llevado hasta ahora al Pleno del Congreso para ser sometidas a votación.

El Partido Popular ha formulado ocho, de las que tres defendían la enseñanza concertada, el reconocimiento de la labor del profesorado y pedían al Gobierno la aprobación de una ley de apoyo a las familias. Otras dos, de ámbito económico, pretendían que el Congreso instase al Ejecutivo a mantener la política económica de Rajoy y a aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica.

Dos más tuvieron por objeto, de nuevo, Cataluña. Una pretendía instar al Gobierno nada menos que a defender la Constitución. La otra, al hilo de las movilizaciones de radicales contra el turismo, solicitaba medidas contra la turismofobia.

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La octava y última fue la que dio pie al Congreso a exigir la dimisión o el cese inmediato de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Ciudadanos, con menos diputados en la Cámara baja, sólo tuvo oportunidad de plantear cuatro iniciativas de control e impulso de la acción del gobierno. Dedicó una a defender la supresión de los aforamientos políticos, otra a promover la profesionalización de determinados nombramientos en la administración, y las dos restantes, de nuevo a Cataluña.

De estas dos últimas, la primera instaba al Gobierno a defender la jurisdicción española y buscaba la condena del “acoso separatista contra jueces y fiscales” y la segunda exigía al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tomase medidas “encaminadas a prevenir y atajar la escalada de violencia” que, según el partido de Albert Rivera, está teniendo lugar en Cataluña.