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Formalizan denuncia contra funcionarias de la PGJCDMX, por filtración de información sensible, de caso Lesby

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Luego de haberse filtrado información sensible que derivó en la revictimización de Lesvy Berlín Rivera Osorio –la adolescente asesinada en el campus de la UNAM a principios de mayo pasado–, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria formalizó su denuncia contra Helena Cárdenas Rodríguez y Claudia Elizabeth Cañizo Vera, dos funcionarias de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

El lunes 16 por la tarde, la madre de Lesvy, Araceli Osorio, y su representante legal –el Centro de Derechos Humanos mencionado– acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos “a ratificar su denuncia, principalmente contra las dos presuntas responsables y a ofrecer pruebas en su contra”.

Aun cuando la denuncia se interpuso desde el 25 de agosto, “en la entidad dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se ratificó la presunta responsabilidad de Cañizo Vera, titular de la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán 1, por la filtración de partes del primer testimonio de Jorge Luis González Hernández –pareja sentimental de Lesvy– y el de la señora Osorio”.

Cabe señalar que la funcionaria también filtró una fotografía del levantamiento del cuerpo, que fue ampliamente difundida en portales de internet, según la querella, “en la que se incluye también a Cárdenas Rodríguez, entonces titular del área de Comunicación Social de la PGJCDMX y responsable de los cuatro tuits del 5 de mayo pasado en los que se mencionaron los datos de la vida privada de Lesvy Berlín”.

Ese día, la información fue cuestionada por los usuarios de la red social “por considerar que se estaba revictimizando a la joven, pues los mensajes indicaban que consumía drogas y que no era estudiante de la UNAM”.

Horas más tarde, el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza se disculpó por la información; Cárdenas Rodríguez renunció el 8 de mayo. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, “la filtración violó el derecho de confidencialidad de Lesvy, además de que la estigmatizó”.

Por este delito –ejercicio ilegal del servicio público doloso–, Cañizo Vera y Cárdenas Rodríguez pueden alcanzar una pena de entre dos y siete años en prisión. En tanto, Alejandro Martínez Martínez, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, añadió que “los avances en la investigación y en fincar responsabilidades es una oportunidad para que la PGR, por medio de la Fiscalía, ponga a prueba su actuar”.

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