Un plan de reformas al Código Integral Penal y la política gubernamental para el uso de brazaletes en los detenidos fueron dos temas que se analizaron en un gabinete del frente de Seguridad que mantuvo ayer el presidente Rafael Correa, en el Ministerio del Deporte.

La cita ministerial se extendió por cuatro horas, y uno de los ejes principales fue analizar la propuesta de eliminar la orden de prisión por la falta de pago de las pensiones alimenticias, según explicó la ministra de Justicia, Leidy Zúñiga.

La reacción surge, luego de que un ciudadano que padece cáncer presentó una acción de inconstitucionalidad a esta disposición, y por no realizar este pago, había sido detenido y perdido su trabajo.

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Según la funcionaria, existirían unas 800 personas detenidas por no cumplir con esta obligación. (I)