VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Congreso local espera el expediente de un juzgado de distrito sobre el caso Paraíso para determinar la desaparición de poderes o llamar a los regidores suplentes para hacerse cargo de la administración municipal, informó el director de Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo, Joel Alberto García González. Ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron la destitución y consignación del alcalde perredista, Bernardo Barrada Ruiz, regidores del cabildo y directores de Finanzas y Programación, por desacato judicial al pago de laudos laborales a 23 trabajadores despedidos injustificadamente en administraciones anteriores. García González dijo que luego del resolutivo de la SCJN, el expediente se remitirá a un juzgado de distrito y éste lo enviará al Poder Legislativo para analizar si ordena llamar a los suplentes o se procede en términos de la Ley Orgánica de los Municipios. Explicó que, de acuerdo con la ley, ante la falta absoluta de un presidente municipal o destitución, el Congreso deberá llamar a los suplentes o desaparecer el ayuntamiento y nombrar un consejo para concluir la administración, en diciembre próximo. Hasta este mediodía, el ayuntamiento de Paraíso –donde se ubica el puerto petrolero de Dos Bocas-- no había emitido comunicado oficial al respecto, pero el vocero municipal, Ernesto Sanabria, ventiló que el municipio debe más de 400 millones de pesos en laudos, heredados de tres o cuatro administraciones anteriores, y de los cuales sólo se han pagado 20 millones. También manifestó que, tras la sentencia de la Corte, el alcalde Barrada Ruiz y los regidores se reunieron con el área jurídica del ayuntamiento para analizar el alcance del resolutivo y que, incluso, desde hace algunas semanas, el edil tiene agendada una reunión con los ministros de la Corte, independientemente de la sentencia. “Paraíso es el municipio que más carga financiera enfrenta por esa situación”, señaló y añadió que es imposible al ayuntamiento liquidar la deuda, pues es casi el presupuesto anual del municipio que, el año pasado, ejerció 399 millones de pesos. “Es prácticamente inviable, imposible cubrir esos requerimientos porque dejarían en quiebra a la administración municipal… si se cubriera el monto total, el municipio se quedaría sin un peso”, puntualizó. El precandidato del PRD al gobierno del estado, Gerardo Gaudiano Rovirosa, dijo esperar que la sentencia de la SCJN no tenga “tintes políticos” y que, seguramente, el alcalde Bernardo Barrada aclarará su situación porque es un problema heredado por pasadas administraciones priistas y perredistas.