El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, sugirió enmendar el Código Penal para que los estudiantes que incurran en acoso o "bullying” puedan ser castigados con penas de cárcel.

Las expresiones de Pesquera surgen de la ponencia presentada este martes en las vistas públicas del Proyecto del Senado 500, que persigue derogar las dos leyes existentes para atajar y controlar el acoso, la Ley 49 de 2008 y la Ley 256 de 2012.

Pesquera sugirió que se enmiende el Código Penal, para que igual que en España, el menor pueda ser castigado con cárcel.

Según Pesquera, el Código Penal de España “específicamente en el artículo 173.1, Delito contra la integridad moral, dispone que el que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Si el acosador es mayor de 14 años se inicia un procedimiento penal juvenil”.

“Nuestro Código Penal no tiene una disposición similar tan amplia, que sea de aplicabilidad tan directa a un acosador escolar, desde un ámbito penal. En ese sentido pudiera ponderarse enmendar el Código Penal vigente”, manifestó Pesquera en su ponencia.

Mientras, los departamentos de Educación y el de la Familia endosaron esta legislación.

Educación indicó que endosaba la medida, de la autoría de la senadora popular Rossana López, a pesar de que entiende que ya cumplen con las responsabilidades que le otorgaría la nueva ley.

Los artículos 4, 5 y 6 de la propuesta “colocan al Departamento de Educación como agencia líder en la creación de un protocolo de manejo de casos de hostigamiento y/o bullying”.

“Este asunto ya está atendido por el Departamento de Educación mediante la carta circular #12-2012-2013 sobre la Política Pública para establecer el Procedimiento para la Implementación del Protocolo de prevención, intervención y seguimiento del acoso escolar y/o ‘bullying’ entre los estudiantes de escuelas públicas”, manifestó en su ponencia el secretario de Educación, Rafael Román, quien aceptó que dicho protocolo no rige las escuelas privadas del país.

Román, además, propuso crear un comité interagencial con representantes del Departamento de Justicia, Familia, Departamento de Salud, Asociación de Escuelas Privadas y de la Policía para atemperar el protocolo ya existente a las particularidades del proyecto.

Mientras, el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico opinó que “no es momento de examinar las posibilidades de una gama de resultados mediante un cambio drástico como lo es la derogación de dos leyes”.

Recomendaron esperar los resultados de la Resolución de la Cámara 358, la cual ordena una investigación sobre el establecimiento y efectividad de las leyes que buscan prevenir el hostigamiento e intimidación entre los estudiantes.

“Recomendamos que primero se examinen los resultados de dicha investigación y a raíz de los mismos se haga las derogaciones o enmiendas pertinentes”, dijo la directora ejecutiva del CES, Carmen Luz Berríos.