CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Difícil comprender por qué un gobierno que tiene todo para hacer las cosas bien, con frecuencia las haga tan mal. Difícil entender decisiones y acciones que corren en contra de la congruencia democrática y el combate a la corrupción que presume. Todos los días hay un ejemplo de la Cuarta Transformación optando por la regresión, la opacidad y la discrecionalidad que denunció en otros gobiernos y ahora emula. El botón de muestra más reciente: la clasificación como “información reservada” de todo lo que tiene que ver con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. El plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de seguridad y aeronavegabilidad, el diseño, la construcción y las finanzas fuera del escrutinio público. Con el argumento de la “seguridad nacional” tumba 20 años de lucha por transparentar la gestión y la obra pública financiada con nuestros impuestos. Un gobierno que se jacta de enfrentar la corrupción crea condiciones para que siga enquistándose. Basta leer el nuevo libro de Susan Rose-Ackerman, madre del analista y suegra de la secretaria de la Función Pública, titulado Corrupción y gobierno: causas, consecuencias y reformas. Ahí, una de las expertas más reconocidas a nivel internacional delinea lo que hace posible la corrupción y cuáles son los procesos para irla acotando. Señala la importancia del fortalecimiento institucional, la regulación para contener la extracción de rentas, la simplificación administrativa para acabar con la tramitología, los procesos transparentes en las compras y licitaciones públicas, el proceso de toma de decisiones sobre obra pública, el contrapeso de una sociedad civil robusta y participativa, la autonomía indispensable del Poder Judicial y la independencia necesaria de las entidades anticorrupción. Sin estas condiciones, cualquier lucha contra la corrupción, estará destinada al fracaso. Sin estos prerrequisitos, contenerla sería imposible. Por eso preocupan tanto las acciones como las omisiones que estamos presenciando, porque contradicen mucho de lo que una reforma sistémica requeriría. En el caso de Santa Lucía, López Obrador decide que será un aeropuerto civil militar y que el proyecto arrancará sin contar con los estudios básicos de viabilidad, seguridad, e impacto ambiental. El proyecto proseguirá sin transparentar cómo serán los procesos de contratación y licitación. Cuando grupos de la sociedad civil cuestionan el proceso –tan parecido al de otros elefantes blancos y caros del pasado–, el presidente acusa “sabotaje legal” y desacredita la figura del amparo, utilizado para hacer avanzar tantas causas progresistas en el país. Y de pronto, la Sedena arguye razones de “seguridad nacional” para frenar la auscultación judicial y ciudadana, eliminando cualquier viso de transparencia, cualquier posibilidad de evitar la cuatitud o los sobrecostos, cualquier intento por saber si la obra será de utilidad social o si sólo forma parte de un pacto con el Ejército. El presidente después promete transparentar, pero no sabemos si lo hará. Santa Lucía evidencia un proceso de toma de decisiones que mina la promesa de un cambio sistémico en el combate a la corrupción. En vez de eliminar las peores prácticas, las profundiza. En vez de sentar un precedente para el mejoramiento, abre la puerta al empeoramiento. Contradice todas las condiciones especificadas por la doctora Rose-Ackerman y evidencia los vicios que el gobierno de AMLO acaba reproduciendo. La estrategia de fuegos artificiales en vez de alumbrado público. La estrategia de victorias simbólicas en lugar de transformaciones sustantivas. Es cierto que hoy la población percibe que el gobierno avanza en su compromiso de enfrentar a los corruptos, como lo revela el último informe de Transparencia Internacional. Pero eso es producto de acciones de alto rendimiento mediático y poco impacto transformador. Se ha encarcelado a Rosario Robles, se ha denunciado a Emilio Lozoya, se ha puesto tras las rejas a Juan Collado, se ha investigado a Eduardo Medina Mora. Todo eso es loable pero insuficiente. Impactante pero discrecional. Y mientras el gobierno coloca bajo el reflector a miembros selectos de la mafia en el poder, apaga la luz en otros ámbitos. Se inhabilita a Rosario Robles por mentir en su declaración patrimonial, pero se defiende a Bartlett quien hizo lo mismo. Morena embiste a Medina Mora por corrupto, pero vota en el Senado para permitir que renuncie sin ofrecer explicación. López Obrador critica a sus predecesores por el uso politizado y faccioso de las instituciones, y cuando se vuelven suyas, las pone a hacer lo mismo. La Cuarta Transformación insiste en cuán transparente es, pero es el gobierno que más solicitudes de transparencia ha rechazado desde la creación del INAI. Santiago Nieto fue víctima del aparato del Estado peñanietista y ahora se vuelve victimario usando el aparato del Estado lopezobradorista. Gran parte de la corrupción del sexenio pasado fue producto de asignaciones directas de contratos y este gobierno las incrementa en 75%. La secretaria de la Función Pública promueve la conferencia magistral de la doctora Rose-Ackerman, pero parece no entender sus recomendaciones y cómo transitan por el fortalecimiento institucional, y no por el blitzkrieg discrecional. Si la autodenominada Cuarta Transformación no mejora y transparenta e institucionaliza la manera en la cual ostenta combatir la corrupción, jamás logrará su cometido. Al contrario, se volverá vulnerable a la acusación de que usa la lucha contra los corruptos como un pretexto para centralizar y consolidar el poder de manera antidemocrática. Hay muchos en México que merecen ser investigados; hacerlo selectivamente y en función de criterios políticos le sirve al presidente pero no al país. Le sirve a la 4T pero no a la democracia mexicana. Equivale a usar fuegos artificiales para entretener, sin tender alumbrado público para que haya luz. Este análisis se publicó el 13 de octubre de 2019 en la edición 2241 de la revista Proceso