CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El discurso optimista del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el comportamiento de la economía mexicana y el resultado de las reformas estructurales quedó rebasado por el incremento acelerado de la deuda, el insuficiente crecimiento económico y el impacto de la violencia y corrupción en todo el territorio nacional. El resultado es que este martes la agencia Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) bajó la perspectiva de la calificación de largo plazo del país de “estable” a “negativa”. Al mismo tiempo, confirmó sus calificaciones soberanas en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global de “BBB+” y “A-2”, respectivamente. También confirmó sus calificaciones soberanas en moneda local de largo y corto plazo en escala global de “A” y “A-1”, respectivamente. Con sede en Nueva York, la agencia advirtió que “la revisión de la perspectiva de las calificaciones en escala global refleja una posibilidad de al menos una en tres de que bajemos la calificación en los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los shocks adversos”. De acuerdo con S&P, la deuda neta del gobierno se ubicó en 42% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015, y espera que llegue a 45% del PIB en 2016; mientras que para el 2018-2019 se prevé se acerque a 48% del PIB. En un comunicado, la calificadora detalló que el índice de deuda aumentó de manera continua desde 28% del PIB en 2005, lo que refleja el impacto de los constantes déficits fiscales moderados en un contexto de bajo crecimiento del indicador en este periodo. Además, advirtió que “aunque el nivel de deuda de México es moderado, el gobierno tiene menos margen de maniobra fiscal que el que tenía hace 10 años”. Standard & Poor’s explicó que las calificaciones de México reflejan su historial de cautelosas políticas fiscales y monetarias, lo que ha contribuido a que el país mantenga déficits gubernamentales limitados y una baja inflación, así como a un nivel moderado de deuda externa. “La combinación de políticas económicas previsibles y una economía flexible han permitido al país ajustarse a las cambiantes condiciones internacionales, que incluyen una caída considerable del precio del petróleo y la depreciación del peso mexicano, al mismo tiempo que mantiene un crecimiento estable y una inflación baja”, detalló. Las calificaciones de México también reflejan su PIB per cápita de poco menos de nueve mil dólares en 2016, así como el limitado alcance de las reformas estructurales. Debilidad institucional La agencia señaló que “México ha llevado a cabo más reformas estructurales en comparación con la mayoría de los países de mercados emergentes, pero su tasa de crecimiento ha sido decepcionante, debido parcialmente a factores no económicos”. De hecho, destacó que la administración de Enrique Peña Nieto hizo notables reformas estructurales para modernizar la economía –en los sectores de energía, educación, telecomunicaciones, fiscal y financiero– en la primera parte de su periodo de administración de seis años, que comenzó en 2012, con el respaldo de otros partidos. Sin embargo, delató, las debilidades en la gobernabilidad –que reflejan en parte una débil aplicación de la ley y la percepción de corrupción– limitan los beneficios de estas reformas, especialmente en la inversión. S&P puso el dedo en la llaga: “La democracia ha generado estabilidad y cambios regulares de gobierno en México, pero no ha derivado en un dinamismo económico ni ha mejorado la seguridad pública. Consideramos que México afronta un mayor riesgo de débil gobernabilidad continua y un desempeño económico limitado en el largo plazo, que un riesgo de hacer un cambio radical en sus políticas económicas”. El panorama no es fácil: La agencia calificadora previó un crecimiento del PIB ligeramente por encima de 2% en 2016 y en torno a 3% durante 2017-2019 --o solo por debajo de 2% sobre una base per cápita--, eso sólo suponiendo un crecimiento constante y estable en Estados Unidos y un incremento gradual de la inversión privada en el sector de energía mexicano. De hecho, el crecimiento del PIB real per cápita durante 2011-2015 promedió 1.7%, lo cual es lento para una economía emergente, contrario al discurso que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ha insistido que el país crece a niveles superiores de economías como la brasileña y otras ubicadas en Latinoamérica. Por el lado de la deuda, “proyectamos que la deuda del gobierno general aumentará en promedio 4% del PIB anualmente en los próximos tres años, mientras que la carga de intereses del gobierno general (intereses sobre ingresos) se mantendría por debajo de 10%”. En este panorama el augurio es desolador: “El bajo crecimiento del PIB dificultará que el gobierno alcance su ambicioso objetivo de estabilizar y reducir gradualmente su deuda, como participación del PIB en los próximos tres años. El nivel de deuda podría seguir aumentando moderadamente debido a los déficits fiscales, la potencial depreciación de la moneda y la ayuda financiera periódica que da a las empresas del sector público, como Petróleos Mexicanos (Pemex), petrolera propiedad del gobierno, y Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, precisó (S&P). Advertencia En suma, la calificadora advirtió: “Podríamos bajar la calificación soberana de México si la deuda pública o si la carga de intereses se deteriora más que lo que esperamos actualmente. El continúo bajo crecimiento del PIB, los bajos ingresos petroleros y el margen cada vez menor para reducir el gasto relacionado con proyectos de inversión, así como los costos de personal podrían dificultar que el gobierno estabilice su deuda como participación del PIB en los próximos dos años. “El nivel de deuda podría seguir aumentando moderadamente como resultado de los déficits fiscales, la potencial depreciación de la moneda, y la probable ayuda financiera a las empresas no financieras del sector público”. Y también condicionó al gobierno para revertir la calificación negativa. Recomendó acelerar la inversión del sector privado, especialmente en el de energía, entre otras que aumenten la confianza de los inversionistas podrían derivar en un crecimiento moderadamente mayor del PIB. El organismo señaló que es necesaria la efectiva implementación de las reformas energéticas, incluyendo cambios a Pemex y CFE que reducirían los pasivos contingentes potenciales del soberano. “Esto, junto con medidas para sustentar el reciente incremento a los ingresos fiscales no petroleros y contener el gasto, podría derivar en resultados fiscales que contribuyan a estabilizar la carga de la deuda pública. De tal manera, podríamos revisar la perspectiva a estable”. “Hay confianza”: SHCP Sin mencionar una línea sobre la debilidad del Estado de Derecho, la corrupción y la violencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) respondió ante la disminución a perspectiva “negativa” de las calificaciones soberanas del país por parte de S&P. En un comunicado, mencionó que para continuar con el proceso de consolidación fiscal anunciado desde 2014, se puso como meta reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 2.5% del Producto en 2018, así como un superávit primario a partir de 2017, y con ello estabilizar la razón de deuda pública a PIB. De acuerdo con la institución encabezada por Luis Videgaray, la disminución de los RFSP representa 0.5% del PIB respecto a la meta aprobada para 2016, equivalente a 95 mil millones de pesos, e implica un menor nivel de endeudamiento por el mismo monto para las cifras de cierre del presente ejercicio. Aún más: “Los esfuerzos de los últimos años respecto al proceso de consolidación fiscal en México se han visto reflejados en la confianza de los inversionistas internacionales en la deuda del gobierno federal”. A decir de la SHCP, derivado de una amplia demanda, en las últimas colocaciones del gobierno federal en los mercados internacionales de deuda se han alcanzado tasas de interés en sus mínimos históricos y la participación de un amplio número de inversionistas. Por su parte, el mercado interno, a pesar de la incertidumbre prevaleciente en los mercados internacionales, ha observado un funcionamiento adecuado, defendió. Y finalizó: “En adición a los esfuerzos por fortalecer el marco para la conducción de la política macroeconómica, y en particular la fiscal, el gobierno federal continuará instrumentando de manera acelerada las reformas estructurales. Se espera que ambos elementos contribuyan de manera gradual pero significativa a impulsar el crecimiento económico del país en beneficio del bienestar de las familias mexicanas”.