Corte Constitucional podría decidir si la ‘Ley del TLC’ se hunde o se salva

Hoy miércoles la Corte Constitucional podría decidir si la Ley 520 de 2012, conocida por los internautas con la ‘Ley del TLC’ o ‘Ley Lleras 2’, se hunde o se salva. Según el orden del día del alto tribunal, la Corte decidirá una demanda interpuesta por el senador Jorge Enrique Robledo, quien afirma que la Ley es inconstitucional por vicios de forma.

Robledo le expuso a la Corte dos argumentos contra la Ley, uno de contenido y uno de forma. El de contenido afirma que la Ley es inconstitucional porque atenta contra los derechos constitucionales de los colombianos. «Demandamos la Ley porque creemos que contraria al derecho fundamental a la información y a la comunicación«, le explicó el Senador a ENTER.CO.

El argumento de forma consiste en que, a juicio del Senador, el Congreso tramitó la iniciativa de forma equivocada. «Se discutió como si fuera un tratado internacional en la Comisión Segunda, cuando en realidad era una ley estatutaria que debió haber pasado por la Comisión Primera«, afirmó Robledo.

Según le explicó a ENTER.CO Manuel Sarmiento, miembro del equipo legal de Robledo, el que el trámite esté en la orden del día no garantiza que el veredicto definitivo sea emitido el miércoles. Aunque normalmente la Corte discute y decide estas iniciativas en el mismo día, si la discusion se dificulta podrían tomar la decisión en la siguiente Sala Plena, que será la próxima semana.

Además de la demanda de Robledo, el senador Camilo Romero interpuso otra demanda a la Ley ante la misma Corte. Romero afirma que la iniciativa tiene «vicios de fondo que ponen en riesgo derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia«, y que algunos de sus artículos «vulneran los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad«. Esa demanda aun no ha sido resuelta por el alto tribunal.

Como se recordará, la Ley fue aprobada en abril del año pasado por el Congreso de la República. La discusión de la Ley generó un debate entre los internautas colombianos, que afirmaban –entre otras cosas– que el trámite de la Ley había impedido el debate, que limitaba las posibilidades de consumir contenidos en Internet de grupos como estudiantes o bibliotecas públicas, y que restringe los llamados ‘usos justos’ de los contenidos protegidos con derechos de autor. Sus defensores afirman que ese últímo no es cierto, y que su aprobación no tuvo las consecuencias catastróficas que previeron sus críticos.