COLIMA, Col. (apro).- El Tribunal Unitario del Trigésimo Segundo Circuito dictó auto de libertad a favor de Rigoberto Salazar Velasco, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado (Sedescol), por considerar que faltan elementos para procesarlo como presunto responsable del delito electoral federal del que había sido acusado. En octubre de 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular los resultados de la elección de gobernador del estado tras considerar que se había acreditado la intervención del Poder Ejecutivo en la campaña a través de Salazar Velasco, luego de que él reconoció como auténtico un audio en el que daba instrucciones a una subordinada de apoyar a los candidatos del PRI aduciendo que eran órdenes del gobernador Mario Anguiano Moreno. Además de ordenar la realización de nuevas elecciones, en las que nuevamente se impuso el candidato priista José Ignacio Peralta Sánchez, el TEPJF dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que ésta procediera contra el responsable de la Sedescol. El 17 de marzo de este año el Juzgado Primero de Distrito, con sede en la capital del estado, al resolver la causa penal 121/2015 determinó dictar auto de formal prisión contra el exfuncionario priista por su probable responsabilidad, pero esta decisión fue revocada ahora por el tribunal unitario a través del toca penal 38/2016 mesa IV-A. Salazar Velasco había sido detenido en marzo pasado, luego de que se le dictó auto de formal prisión, pero pagó una fianza y obtuvo su libertad provisional. Ante la decisión del tribunal unitario de exonerar a Rigoberto Salazar, el presidente estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, declaró que ello “ratifica lo que los colimenses ya sabíamos: que Nacho Peralta ganó limpiamente las dos elecciones”. Mediante un comunicado, el presidente del Comité Estatal del tricolor expuso que “mientras un brazo del Poder Judicial como lo es  la Sala Superior del Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó en octubre del año pasado que Salazar Velasco había cometido un ilícito y por lo tanto anularon los comicios de junio de 2015, ahora viene otro  brazo, el Tribunal Unitario de Circuito a decir que no había delito qué perseguir en la actuación de Rigoberto Salazar”. En consecuencia, señaló Rueda, “lo que se requiere es una opinión de la actuación de la Sala Superior y revisar qué ocurrió, aunque resulte infructuoso, pues estamos ante hechos consumados, pues toda la incertidumbre que se vivió y sobre todo los costos económicos, políticos y el encono social, los ha tenido que pagar la sociedad colimense”. A juicio del dirigente priista, la que también “queda en entredicho” es la Fiscalía Especializada para la Atención  de Delitos Electorales (Fepade)  porque “su desempeño ha sido muy cuestionado, la primera vez por omisión, pues cuando se  demostró ante la ley que candidatos y militantes panistas estaban cometiendo delitos, la Fepade no actuó. Y resulta  que cuando por fin decide actuar (en el caso de Rigoberto Salazar) fracasa”. Por ello Rueda Sánchez señaló que “también habría que revisar la actuación de la Fepade”. Comentó que ante la situación jurídica que enfrentaba Salazar Velasco, el PRI tenía la obligación estatutaria de iniciar un  procedimiento de suspensión de derechos en su contra, por lo que así procedió el CEN del PRI, que turnó el caso a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, “la cual no había resuelto el caso, debido a que  el Juzgado de Distrito tardó varios meses  en entregarnos la constancia  de sujeción a proceso; nos la entregaron apenas hace un par de semanas, la remitimos  a México, pero al día de hoy no había resuelto,  y con esta decisión del Tribunal Unitario,  la Comisión Nacional podría señalar que queda  sin materia el procedimiento de la suspensión de derechos”, concluyó.