El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, afirmó que no es posible operar las agencias de seguridad del País con los recortes presupuestarios sugeridos por la Junta Federal de Control Fiscal, que implican $37.3 millones menos en las partidas de nómina.
“No es posible trabajar ningún negociado con estas deficiencias”, dijo Pesquera. “No hay forma de operar los negociados con esto, a menos que sufran, cosa que estamos opuestos totalmente, los servicios del negociado”.
Catalogó de “insostenible” que se pretendan recortar millones a cada negociado bajo el DSP.
Pesquera compareció ayer ante la Comisión cameral de Hacienda, que evalúa el presupuesto para el próximo año fiscal. Al igual que ha dicho en varias instancias, el presidente de la comisión, Antonio Soto, pidió un desglose de las necesidades de cada entidad para ver si “encuentra” alguna partida que pueda asignar. Pero la realidad que se ha evidenciado en las dos vistas que ha realizado es que todas las agencias tendrán recortes significativos que afectarán su funcionamiento.
El recorte del que habló Pesquera es al comparar el presupuesto propuesto por la junta fiscal con el presentado inicialmente por el gobernador Ricardo Rosselló. Dijo, sin embargo, que el presentado por el mandatario también hubiera representado recortes al presupuesto vigente en algunos renglones, pero no tan grandes.
Una de las reducciones más significativas es al Negociado de la Policía. El gobernador propuso un presupuesto de $916 millones, pero la junta lo redujo a $879 millones.
Pesquera explicó que, aunque están los fondos para cumplir con el aumento salarial prometido a los policías, el mismo está condicionado a que se cumplan con los requisitos impuestos por la junta federal y los ahorros con los que se debe cumplir, según el plan fiscal certificado.
La ponencia de Pesquera ante la Cámara indica que “en cuanto a este lenguaje, no estamos de acuerdo, más aun cuando el propio plan fiscal establece que el aumento salarial de $1,500 anuales a los policías será efectivo para el año fiscal 2019”.
Duro golpe a Bomberos
El Negociado del Cuerpo de Bomberos tendría un presupuesto de $64 millones, lo que representa un recorte de $8 millones al compararlo con lo que propuso La Fortaleza.
“De mantenerse esta disminución en el presupuesto presentado por la junta y de no atenderse esta situación a la mayor brevedad posible, la operación se verá seriamente comprometida y el negociado no podrá cumplir con el deber ministerial encomendado de tener los recursos disponibles para atender las situaciones de incendios, desastres, derrames de materiales peligrosos, rescates, primeros auxilios, explosiones de gas, accidentes de autos y amenazas terroristas”, dijo Pesquera.
El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres tendría a partir de julio un presupuesto de $7.1 millones, lo que es $1.1 millones menos que lo que propuso el gobernador.
En el caso del Negociado de Ciencias Forenses, donde hay un problema de hacinamiento de cadáveres y falta de personal, la junta fiscal propuso un recorte de $1 millón al presupuesto de $16 millones recomendado por Rosselló.
Pesquera destacó que Ciencias Forenses terminará el año fiscal con 28 renuncias. Admitió que mantener el presupuesto sugerido haría difícil la operación del negociado y pondría “en riesgo la adjudicación de la oportuna justicia en los tribunales por falta de los análisis periciales que no estarían realizándose”.
Mientras, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas tendría, según propuso la junta, un presupuesto de $18 millones, $2.2 millones menos de lo que propuso el gobernador.
“En caso de una emergencia provocada por algún desastre natural, el negociado se vería obligado a limitar el servicio que ofrece, aun cuando este sea considerado como esencial en este tipo de situaciones”, recalcó Pesquera en su ponencia. “La necesidad de reclutar técnicos de emergencias médicas y despachadores es apremiante e impostergable”, agregó.
Durante la vista, Pesquera justificó que los negociados no se hayan integrado aún al Departamento de Seguridad Pública, por lo cual no han cumplido con la ley.
“Esto es un proceso complicado. Es un proceso que va a rendir beneficios, pero es un proceso. Hay que entender que cada agencia tiene unos protocolos, unas reglas”, señaló el secretario del DSP.
“Es un proceso complicado que se está atendiendo mientras nos hemos ido moviendo y se ha trabajado en una serie de situaciones en cada negociado, particularmente las finanzas”, puntualizó.
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