CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares de personas desaparecidas denunciaron que la indiferencia, incapacidad y la colusión de autoridades de los tres niveles y el Ejército con la delincuencia han cegado al gobierno frente a este crimen de lesa humanidad en la entidad y el resto del país. Las víctimas asumieron el compromiso de “tomar las instituciones” para colocar el tema en la agenda pública, al afirmar que el gobierno tiene una alta responsabilidad en la desaparición de sus familiares, pues protegen a sus secuaces. También exigieron investigar la línea de “la macrocriminalidad” por los negocios que grupos delincuenciales, “coludidos con la clase política en la entidad”, han realizado con el comercio de la droga en ciudades de Estados Unidos. Lo anterior, durante el primer foro sobre personas desaparecidas en Guerrero denominado Entre el dolor y la esperanza, que se caracterizó por congregar a los colectivos de familiares que desde la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron romper el silencio y hacer visible este problema que exhibió a a la entidad como un extenso cementerio clandestino en el país. El encuentro –en víspera de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas– se realizó en la sede del Congreso local donde estuvieron presentes los diputados María de Jesús Cisneros, de Morena, y Magdalena Camacho y Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano (MC). Es decir, sólo asistieron tres de los 46 diputados que conforman la LXI legislatura en Guerrero, situación que fue calificada por las víctimas como una muestra de la indiferencia gubernamental frente al grave problema de la desaparición forzada en Guerrero. Representantes de varias organizaciones, entre ellas Los otros desaparecidos de Iguala, Siempre vivos de Chilapa, Movimiento de desaparecidos y secuestrados en Chilpancingo, Ciencia Forense Ciudadana, así como el grupo de familiares de desaparecidos de Acapulco y los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sintetizaron el drama que se vive en la entidad ante el número indeterminado de personas desaparecidas y la ausencia de investigación y esclarecimiento de los casos denunciados ante autoridades ministeriales. Por ello, acordaron impulsar un movimiento en común para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad frente a esta tragedia. Durante un mensaje transmitido por Internet, el investigador Edgardo Buscaglia recomendó a los familiares de desaparecidos en la entidad impulsar mecanismos de justicia transicional para “salir de esta pesadilla”. Además, urgió a la sociedad a “rescatar el Estado” porque, aseguró, el gobierno “es mafioso”, y remató diciendo que una comisión de la verdad en el país sólo va a funcionar con la observancia y presión de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Por su parte, el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, fijó la postura de los colectivos reunidos por primera vez en el Congreso local. Al respecto, dijo que las víctimas de la desaparición forzada en la entidad decidieron alzar la voz de manera unida contra un gobierno “coludido con grupos criminales” que a diario cometen asesinatos, secuestros y desapariciones. Todo esto en un contexto de impunidad y estrategia de seguridad fallida para frenar la arremetida delincuencial, indicó. Barrera atribuyó a la complicidad de autoridades de los tres niveles, las corporaciones policiales, el Ejército y la Marina, con el narco, y los culpó del “horror” que se vive en la entidad desde hace varios años. El activista señaló que a partir de la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, registrada el 26 y 27 de septiembre de 2014, cientos de familias decidieron romper el muro del silencio y se armaron de valor para salir a las calles a denunciar los crímenes perpetrados por agentes de gobierno que trabajan con las bandas del crimen organizado. También dijo que el foro sirvió para encarar a los poderes públicos y emplazarlos a que salgan del marasmo y la comodidad. “No podemos permitir que se den el lujo de cobrar sueldos millonarios y que se regodeen en nuestra tragedia. Ya basta de tanta simulación, corrupción e indiferencia de quienes mal gobiernan nuestro estado”, expresó Abel Barrera. Enseguida, remató: “No sólo nos morimos de tristeza por tanto sufrimiento y por la incertidumbre atroz de no saber nada de nuestros hijos. Lo que más rabia nos da es la indolencia de las autoridades, su insensibilidad y perversidad porque nada les mueve para acabar con este sistema decrépito y poner en primer plano nuestra lucha”. Por ello, dijo que ante la desconfianza que existe en las autoridades por su colusión con las bandas del crimen, los familiares de los desaparecidos no tuvieron otra alternativa que buscar a las víctimas en los cerros y destapar fosas en Iguala y otros puntos de la entidad. Luego, denunció que el gobierno ha lanzado amenazas a los familiares para que dejen de impulsar las búsquedas ciudadanas de cuerpos en fosas clandestinas y, por el contrario, pretenden dar trato de delincuentes a las víctimas por hacer lo que le corresponde a las autoridades. Lanzó un llamado al resto de los sectores sociales a luchar juntos para evitar que sigan desapareciendo personas en la entidad. Abel Barrera planteó que las familias que viven esta pesadilla recuerdan la fecha cuando desaparecieron a sus hijos como noches oscuras y tristes que han cambiado la historia de estas familias, y advirtió que después de tantas marchas y plantones, de tantas amenazas y sufrimientos se mantienen firmes y no van a renunciar a seguir reclamando en foros y lugares públicos para exigir la presentación de sus hijos. Por ello, demandaron a las autoridades que dejen de criminalizar a los familiares de los desaparecidos, que se abstengan de denigrarlos por la situación económica y dejen de amenazarlos y condicionar los apoyos a cambio de claudicar en su exigencia de justicia. También anunciaron impulsar una agenda común desde sus espacios para que el gobierno federal y estatal cumpla con las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa para evitar se repitan este tipo de tragedias.