El Gobierno rectifica: diseña un bono social energético basado en criterios de renta

El Gobierno se ha visto obligado a cambiar el modelo del bono social eléctrico después de que el Tribunal Supremo tumbara su sistema de financiación, que corría a cargo de las empresas de integración vertical, es decir, presentes en todo el ciclo energético. Sin embargo, la modificación no ha ido tanto por la parte económica, que esencialmente se mantiene (con el riesgo de volver a ser denunciado por las compañías) como por el criterio a la hora de determinar qué consumidores tienen derecho a obtener un descuento en la factura eléctrica. Este criterio está aún por definir al detalle pero estará basado en la renta, a diferencia del anterior sistema, que daba cabida a consumidores muy alejados de necesitar una ayuda para afrontar el coste de la luz.

Sin ir más lejos, cualquier familia numerosa, es decir, a partir del tercer hijo, podía solicitar el bono social. Resulta evidente que no todos los casos son susceptibles de precisar apoyo económico para hacer frente a la factura de la luz. Hasta el cambio, una familia numerosa acomodada podía gozar de estas ventajas. El bono social aún en vigor también es aplicable a aquellas viviendas con el mínimo de potencia instalada. En este capítulo entra un sinfín de segundas (y terceras) residencias, que ya de por sí describe una situación económica alejada del objetivo del bono social.

En definitiva, incluso poseedores de grandes fortunas podían beneficiarse de este sistema, lo que equivale a deducir que está mal concebido desde el principio. Las propias compañías del sector han insistido de forma reiterada al Gobierno que para poner en marcha el bono social debería incluir únicamente criterios de renta, que también estaban incluidos en el anterior sistema, aunque junto a los citados más arriba.

Eso sí, falta por afinar esos criterios de renta. Es decir, hasta qué punto se considerará a un usuario en situación de poder acogerse al bono social. Según datos del propio Ejecutivo, actualmente 2,4 millones de usuarios se benefician de él. El sector eléctrico considera que los consumidores realmente necesitados no alcanzan ni de lejos esta cifra.

Tres meses de debate

La fijación de los criterios de renta que se aplicarán para determinar qué personas disfrutarán del bono social se llevará a cabo en los próximos tres meses. Ese es el plazo que se le otorga al Gobierno para que elabore el correspondiente desarrollo reglamentario del Real Decreto, que será el que determine el alcance de la medida. Sin duda, dejarán de darse situaciones absurdas, que permitan que el bono social llegue a hogares donde las rentas multipliquen por tres o por cuatro la media del país.

Pero al Ejecutivo le tocará hilar fino y, sobre todo, consensuar su decisión con la oposición porque no lloverá da gusto de todos, especialmente cuando se examine el coste que supondrá.

Este es el otro capítulo que queda pendiente. El Decreto Ley establece que serán las comercializadoras las que financien el bono social, sin excepción y en proporción con su cuota de mercado. Precisamente, los recursos presentados contra el anterior sistema se basaban en esta financiación, al considerar las empresas que resultaba discriminatorio. Por dos veces, el Tribunal Supremo les ha otorgado la razón, la segunda con argumentación de la Justicia europea incluida.

En teoría, para que el sistema pudiera ser financiado por las empresas debería extenderse a la práctica totalidad de compañías que intervienen en el ciclo, no sólo a las que venden la energía. También deberían entrar generadoras e incluso el propio gestor de la red, Red Eléctrica Corporación (la antigua Red Eléctrica de España). Por el momento, el sector está esperando a que todos los planteamientos estén negro sobre blanco para tomar una decisión al respecto. Pero todo apunta a que volverán a acudir a la Justicia para recurrir la financiación del bono social.

Cortes de suministro

Otra cuestión es la prohibición del corte del suministro para consumidores vulnerables. Una práctica que las compañías ya están llevando a cabo en muchos casos, gracias a los convenios que han firmado con un buen número de Administraciones Públicas. Sin embargo, esta práctica precisaba de una regulación, toda vez que en muchas ocasiones las empresas comercializadoras se encuentran con falta de respuesta cuando tratan de consultar la situación de un cliente determinado que está incurriendo en impago.

Las empresas están de acuerdo tanto en la existencia del bono social como en la prohibición del corte de suministro. Pero otra cuestión es la del pago de la idea. El planteamiento del sector es que estas medidas forman parte de las políticas sociales y que éstas deben ser financiadas por la Administración y no por empresas privadas.

“Las Administraciones tratan de ocuparse de personas que no tienen para comer y organizan comedores sociales. Pero no piden a los grupos de distribución que financien estas iniciativas sino que acuden a los Presupuestos. Con la electricidad debería ser lo mismo”, apuntan desde el sector.

Al menos, las empresas sí ven con buenos ojos que el Gobierno haya caído en la cuenta de que para el bono social deben observarse criterios de renta. Pero esta historia no ha hecho sino empezar. Y el final vuelve a antojarse incierto.