El Gobierno utilizará los fondos de la formación profesional para pagar el paro

La lucha contra el coronavirus y la crisis económica que está produciendo requerirá poner todos los recursos del país a disposición de esta batalla. El Ejecutivo todavía no sabe cuánto aumentará el déficit en 2020, pero la cuantía será de varios puntos del PIB, lo que requerirá desviar una parte de los recursos disponibles a financiar la cantidad de ayudas y prestaciones que se han aprobado y las que están por llegar. El Gobierno ha informado a los agentes sociales de que utilizará los recursos procedentes de las cotizaciones sociales para la formación profesional en el empleo para el pago de las prestaciones a desempleados y personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Así lo aseguran fuentes sindicales consultadas por este periódico y también figura así en el borrador del real decreto-ley que compartió el Ejecutivo con los agentes sociales el martes. En concreto, el Gobierno autoriza a utilizar los fondos procedentes de las cotizaciones para la formación profesional para el pago de las prestaciones y subsidios contributivos o asistenciales o para adoptar medidas de estímulo a la contratación. Es lo que se conoce como 'desafectación de la cuota', esto es, eliminar la partida a la que se tienen que dirigir estos recursos para canalizarlos a otro gasto presupuestario. En este caso, serán los miles de millones de euros que necesitará España para abonar las prestaciones por desempleo de las próximas semanas.

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En 2020 la partida presupuestaria de la formación profesional ascendía a 2.400 millones de euros, procedentes principalmente de las cuotas sociales. Aunque finalmente no se logre tal nivel de recaudación como consecuencia de la crisis del coronavirus, en cualquier caso, las cuotas de todos los trabajadores que siguen cotizando se irán acumulando y el Gobierno podrá emplearlas en cualquier momento. Además, la formación durante estas semanas ha quedado paralizada como consecuencia de las medidas de confinamiento.

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La formación para el empleo se financia principalmente con las cuotas a la Seguridad Social de trabajadores y empresas. Los afiliados al Régimen General pagan una cuota del 0,7%, de la cual 0,6 puntos los abona la empresa y 0,1 puntos el trabajador. También los autónomos financian esta partida desde el año 2019, con una cuota equivalente al 0,1% de su base imponible. La partida presupuestaria de formación profesional asciende a 2.400 millones de euros.

Esta cuantía no solucionará todos los problemas de liquidez que necesite el Gobierno, pero permitirá rebajar la emisión de deuda que tendrá que realizar el Tesoro Público en los próximos días. El Ejecutivo sigue reclamando ayuda financiera a Europa ante la magnitud del coste que tendrá esta crisis económica. Una prueba de las necesidades de liquidez que tendrá la Seguridad Social en los próximos meses está en la cuota de los autónomos. El Gobierno aprobó el martes una moratoria de seis meses para todos aquellos que no hayan podido acogerse al cese de actividad, pero les aplicará un recargo del 0,5% como desincentivo, para el pago del mes de abril. A partir de mayo, el aplazamiento será gratuito, pero no el de abril, cuando las medidas de confinamiento seguirán siendo máximas.

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El Gobierno aprobó el martes dos nuevos subsidios extraordinarios para colectivos muy vulnerables: los trabajadores temporales y las empleadas del hogar. El primero de ellos será un subsidio extraordinario para todos los trabajadores temporales cuyo contrato haya vencido desde el establecimiento del estado de alarma. Se verán beneficiados todos los asalariados con contratos de al menos dos meses y que no tengan acumulado el periodo de cotización suficiente para percibir una prestación contributiva. Estos trabajadores tendrían imposible encontrar ahora un nuevo empleo, por lo que perderían todos sus ingresos. La cuantía de la prestación asciende al 80% del Iprem, esto es, unos 440 euros al mes.

El segundo de los nuevos subsidios está dedicado a las empleadas del hogar que no puedan desempeñar su trabajo como consecuencia del brote del Covid-19. Será una prestación de desempleo temporal para todas las empleadas que se hayan quedado sin trabajo o hayan visto reducida su jornada desde el establecimiento del estado de alarma. En el caso de las trabajadoras que ahora realicen menos horas de trabajo, esta prestación será compatible con el mantenimiento de la actividad.