El fallo del Tribunal Constitucional que se opuso a entregar a Océana la información que solicitó a Sernapesca sobre la clase y cantidad de antibióticos que contienen los salmones individualizados por empresa salmonera es una mala noticia para la transparencia por varias razones.
En primer lugar esto va en contra de la tendencia mundial de asegurar que la ciudadanía pueda acceder a la información que le interesa. Desde la década de los años 2000 que el mundo viene avanzando progresivamente para promover y facilitar el que las personas tengan la información que les interesa. Este es un aspecto fundamental para contar con una ciudadanía activa y más cercana a los asuntos públicos. Por lo tanto, esta denegación de información le hace mal a la democracia.
En segundo lugar el Ministerio de Medio Ambiente de Chile viene liderando desde el 2012 la negociación de un acuerdo para América Latina y el Caribe para precisamente mejorar los estándares actuales en acceso a la información, específicamente información de carácter ambiental. La sociedad civil que está involucrada en esta negociación gubernamental de 23 países espera que este convenio logre, por ejemplo, aumentar el acceso a la información ambiental que maneja el sector privado.
En tercer lugar se negó información relacionada a la salud humana. El tipo y cantidad de antibióticos que tienen los salmones que comemos es un factor que afecta la salud y la calidad de vida de la población. Por otro lado Chile ha avanzado mucho en información sobre los alimentos que consumimos a través de los etiquetados. Hoy podemos saber cuánto sodio, grasa saturada y calorías tienen los productos que compramos. ¿Por qué entonces no podemos saber cuántos antibióticos tienen los salmones?
En este escenario, las metas en la materia se ven opacadas. Esto porque toda información relativa a la acción u omisión de cualquier actor que intervenga en el bien común y que afecte la calidad de vida de las personas, debe estar disponible y ser de conocimiento público. Por lo mismo, la decisión del tribunal no sólo es contraria a la necesidad de aumentar los niveles de transparencia y probidad sino que también es incompatible con los acuerdos regionales que se están negociando sobre el fortalecimiento de la democracia medioambiental y la gestión participativa de las políticas públicas.
[cita tipo=»destaque»] En tercer lugar se negó información relacionada a la salud humana. El tipo y cantidad de antibióticos que tienen los salmones que comemos es un factor que afecta la salud y la calidad de vida de la población. Por otro lado Chile ha avanzado mucho en información sobre los alimentos que consumimos a través de los etiquetados. Hoy podemos saber cuánto sodio, grasa saturada y calorías tienen los productos que compramos. ¿Por qué entonces no podemos saber cuántos antibióticos tienen los salmones?[/cita]
Pero como todo en la vida, el desafío es ver oportunidades en los problemas. El debate que ha abierto esta resolución permite retomar el proyecto que modifica los artículos 8º y 19º de la Constitución sobre publicidad de información. Esto teniendo en consideración que la ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente establece que «toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración». Este proyecto que modifica los artículos anteriormente mencionados se encuentra en comisión mixta desde el año 2015
Por último, la probidad y el acceso eficaz a la información pública es parte integral de una nueva concepción del Estado como parte del proceso modernizador de su gestión, además de fortalecer una ciudadanía activa y fiscalizadora de las políticas y asuntos públicos.
Al fin de cuentas se trata de facilitar el rol de la ciudadanía en una democracia. El que la ciudadanía acceda a la información que le interesa es también una excelente estrategia para dar la batalla en contra de tanta abstención electoral que nos acompaña estos días.
