TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organizaciones civiles adheridas a la Red Civil por la Paz en Chiapas pidieron al Papa Francisco que en su visita a este país y a la entidad en particular, haga un exhorto al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Manuel Velasco Coello para que se sensibilicen, respeten, garanticen y protejan los derechos humanos que se han visto cada vez más vulnerados en los mexicanos y los chiapanecos. Los integrantes de la Red por la Paz Chiapas, organizaciones de la sociedad civil en Chiapas que trabajan a favor de la paz, la promoción y defensa de los derechos humanos en la entidad, expresaron su preocupación por los diversos conflictos sociales y violaciones a los derechos humanos que afectan a la armonía, la convivencia y la seguridad de las personas que viven y transitan en Chiapas. En un pronunciamiento conjunto señalaron que desde el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el Estado mexicano ha implementado una política de contrainsurgencia que fomenta conflictos intercomunitarios, desplazamientos forzados, crímenes de lesa humanidad y agresiones de todo tipo. Un ejemplo claro, expusieron, es el asesinato del maestro zapatista Galeano en mayo de 2014, que conlleva una descomposición social que polariza a las comunidades y organizaciones sociales generando pocas posibilidades de solución a los conflictos, obstaculizando con ello los proyectos de autonomía de los pueblos y comunidades zapatistas, así como de otros pueblos organizados que plantean su propio camino para resolver sus problemas desde sus propias formas y modos de organización. Aún existe un número “muy amplio” de desplazamientos forzados por amenazas recibidas debido a conflictos agrarios, religiosos o políticos que no fueron atendidos a tiempo por el gobierno de Chiapas, agregan. Los desplazamientos, subrayan, ponen en situación de riesgo, carencia y vulnerabilidad a familias, niños, mujeres y ancianos que viven precariamente en campamentos o casas improvisadas, sin tierras para trabajar y con poca salubridad. Y debido a la “inacción del Estado” en su deber de garantizar los derechos humanos, existen pocas posibilidades de retorno a sus comunidades de origen. Algunos casos son los desplazamientos de Banavil, Tenejapa; Comunidad Primero de Agosto, Las Margaritas; San Marcos Avilés, Chilón; Shulvó, Zinacatán, entre otros. Además, en los últimos meses han documentado un aumento de agresiones, hackeos, allanamientos, amenazas e intimidaciones a defensores y defensoras de derechos humanos. Varias organizaciones de la Red por la Paz han sido víctimas de estas prácticas, así como defensores comunitarios en defensa de sus derechos y de los procesos organizativos en sus comunidades. Un caso importante son las amenazas de muerte en contra del párroco de Simojovel, Marcelo Pérez; o el caso de Julio César Ortega y su familia, integrante del equipo del Centro Indígena de Capacitación Integral – Universidad de la Tierra (CIDECI-Unitierra) y de la Comisión Sexta. Para estas organizaciones civiles, la situación de discriminación y violencia en contra de las mujeres en Chiapas es preocupante. La extrema manifestación de esta situación son los feminicidios, que son crímenes que se comenten en contra de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Recordaron que diversas organizaciones han pedido el otorgamiento de la Alerta de Violencia de Género para Chiapas, pero la omisión del Estado ante esta petición continúa fomentando la inseguridad entre las mujeres. Por otro lado, señalan, la condición de pobreza y marginación en que se encuentran cientos de mujeres las hacen dependientes de apoyos y programas de gobierno que buscan como fin generar un control de tipo social que atenta no sólo a su dignidad, sino a una serie de derechos como la salud, la alimentación o la participación política. En la carta exponen que Chiapas se caracteriza por ser un territorio rico con diversidad de bienes naturales situados en terrenos y territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas bajo el régimen jurídico de propiedad social. Y que estas tierras se encuentran amenazadas por la reciente reforma energética que declara como “de utilidad pública” a la industria de tipo extractivista, generando con ello “incertidumbre para los pueblos que defiendan sus territorios por despojos o expropiación”, aunque existan mecanismos de consulta previstos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en distintos contextos ha resultado insuficiente para revertir dicha indefensión. Señalan que la industria petrolera y las minas son las más contaminantes en el planeta y las hidroeléctricas y eólicas fomentan el despojo de la tierra porque los pueblos y comunidades tienen que mudarse. La operación de este tipo de industria generará no solo contaminación en algunos casos, sino conflictos que empiezan por la construcción de la infraestructura. Dicen que Chiapas tiene el porcentaje de población infantil más alto de todo el país: cuatro de cada 10 personas tienen menos de 18 años, de los cuáles ocho de cada 10 vive en condiciones de pobreza, y cuatro de cada 10, de cero a cuatro años, padecen algún tipo de desnutrición. Es además el segundo estado con la mayor tasa de mortalidad infantil cuyas causas principales son las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas. Esto describe, en parte, el difícil contexto en el cual viven los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes chiapanecos, principalmente indígenas, acusan. Por otro lado, señalan, la violencia de género amenaza la vida y la integridad de las niñas y las adolescentes. El abuso sexual, el matrimonio infantil, el embarazo adolescente, son sólo algunas expresiones. En los últimos cuatro años, se han documentado más de 30 feminicidios en contra de niñas y adolescentes de entre tres y 18 años. El año pasado ocurrieron casi la mitad. Por ello, es que las organizaciones que integran esta Red por la Paz pidieron al Papa Francisco que exhorte a los gobiernos estatal y federal que respeten, garanticen y protejan los derechos humanos, resguarden y garanticen un verdadero estado de derecho. Pidieron al Papa interceder para que pida a Peña Nieto y Velasco Coello que atiendan las causas que generan los conflictos y situaciones sociales desfavorables para la población, y que presten atención a sus obligaciones y responsabilidades políticas, sociales y jurídicas que permitan una vida más justa, digna y en paz en Chiapas. Además del organismo Melel Xojobal, firman la carta, el Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C (CDMCH), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba), el Centro de Derechos Indígenas A.C (CEDIAC), Servicios y Asesoría para la Paz A.C (SERAPAZ), la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C (CORECO), el Comité de Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada A.C (CDHFPLN), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI), Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ), ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC) y el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz).