CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En uno de los momentos más críticos para la prensa en México, cuyo gremio registra 109 asesinatos del año 2000 a enero de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su recomendación general 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. En ella, el organismo nacional hace un llamado “enérgico” a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas para que “implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación”. La prensa, acusó la CNDH, enfrenta “graves y diversos obstáculos”, como asesinatos de periodistas y actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, además de impunidad “muy alta” en esos casos. Según registros de la CNDH, desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas. De acuerdo con la cifra y fechas establecidas, la estadística no incluye el reciente asesinato de la periodista de Veracruz Anabel Flores, secuestrada en su casa y hallada muerta el pasado martes. Además de los periodistas asesinados, 20 más han desaparecido desde el año 2005; 48 medios han sufrido atentados desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 la CNDH ha recibido 515 quejas por agravios a periodistas. El estado que encabeza la lista con el mayor número de homicidios contra periodistas es Veracruz, con el 14.6%; le siguen Tamaulipas, con 11.9%; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11% cada uno. Esto significa que seis de cada diez homicidios de comunicadores en promedio ocurren en estas cinco entidades. Veracruz también lidera la lista de periodistas desaparecidos, con el 20%, aunque comparte ese sitio con Michoacán que registra igual número de periodistas desaparecidos. Le siguen Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León con 10% cada uno, lo que significa que siete de cada 10 desapariciones ocurren en esas cinco entidades. En la impunidad, 90% de los casos Respecto del estado que guardan las 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados a medios registrados por la CNDH desde el 2000 al 31 de enero de 2016, el panorama tampoco es alentador. Del total 106 están en trámite, 45 de éstas se encuentran en integración desde hace cinco años y uno de los casos tiene 15 años en integración. Además, subraya la CNDH, si bien las autoridades ministeriales realizan diversas diligencias, “no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión”. Los casos de agresiones a periodistas con investigación deficiente y sin sanción, abunda, evidencian la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias. “Pero también evidencian el nivel de arraigo de la impunidad, que alcanza un 90% en las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación”, acusa el organismo. La omisión del Estado mexicano, precisa, se refleja en la ausencia de agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como de fiscalías o unidades investigadoras en las entidades federativas en que se advierte mayor incidencia de agresiones contra periodistas y comunicadores. Ante este panorama, la CNDH solicita a las autoridades involucradas el esclarecimiento de todos los casos y agotar todas las líneas de investigación. Asimismo, la revisión exhaustiva de las averiguaciones previas y su resolución; la creación de fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra la labor periodística y la libertad de expresión, así como de mecanismos y reglamentación locales para la protección de periodistas; el ejercicio de la facultad de atracción de casos en beneficio de las víctimas. De igual manera, propone la capacitación de servidores públicos en materia de derechos humanos y libertad de expresión; promover legislación en materia de protección a periodistas; garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores. Promover reformas para despenalizar los delitos de injurias, difamación y calumnias; prever medidas y protocolos para casos de agresiones contra periodistas, y elaborar mapa de riesgos e implementación de protocolos y medidas de protección a periodistas, entre otros. La recomendación general fue aprobada por el Consejo Consultivo de la CNDH en sesión ordinaria, y está dirigida a las siguientes autoridades: La Procuradora General de la República, a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, procuradores y fiscales Generales de Justicia, secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas, presidentes municipales y jefes delegacionales. “La CNDH considera que la consolidación de un Estado democrático no puede prescindir de la libertad de expresión, puesto que es uno de los derechos que le sirven como sustento y dan vida a las instituciones democráticas, ya que en este derecho se garantiza la participación del pueblo en la elección de sus gobernantes y del destino de las naciones”, subraya el organismo en su recomendación. Además hace énfasis en que la garantía a la libertad de expresión “aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios informativos”, por lo que los atentados contra este derecho y que son cometidos contra periodistas, así como los ataques cibernéticos contra las páginas electrónicas o redes sociales de los medios de comunicación “deben ser investigados y sancionados”.