MONTERREY, NL (apro).- Una pugna por el control del penal del Topo Chico entre miembros de Los Zetas detonó el asesinato de 49 internos del reclusorio estatal entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, informó que a las 23:30 horas se desató una riña entre reos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, El Z 27. De acuerdo con Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), ambos son integrantes del Cártel de los Zetas. Por cuestiones de seguridad, en esta penitenciaría se encuentran únicamente reclusos identificados con esa agrupación criminal. Sin embargo, otras versiones de prensa, indican que El Credo podría tener sociedad con la organización del Golfo. De los muertos, 40 han sido identificados, cuatro no se conoce su identidad y otros cinco resultaron carbonizados por un incendio que ocurrió en el interior durante la pugna. Otros 12 reclusos resultaron heridos, de los cuáles cinco están graves. Uno de los internos pereció por un balazo que le dio en el abdomen un custodio, dijo El Bronco. Una fuente del gobierno nuevoleonés indicó que hasta la noche del jueves no se sabía si alguno de los dos líderes estaban entre los fallecidos, pues las autoridades del reclusorio, ubicado al norte de esta capital, no habían dado el resultado del pase de lista efectuado en el transcurso del día. La riña entre los grupos rivales ocurrió entre las áreas C2 y C3 de este viejo penal, que tiene más de 70 años de funcionamiento en la colonia Nueva Morelos, en la zona conurbada, con capacidad para 2 mil 500 huéspedes, aunque actualmente tiene 3 mil 800. De ese total, 460 son mujeres. Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), quien ha dado acompañamiento durante años a internos, reveló que ahí hay sólo 100 custodios, por lo que 33 guardias por turno resultan insuficientes. Inicialmente, el mandatario dijo que había 52 fallecidos, pero en el transcurso del día corrigió la cifra a 49. Todos los muertos eran internos varones, mayores de edad. Ningún celador resultó afectado, aclaró. A la 1:30 del jueves fue controlado el motín generado después de la masacre. Se reportó que no hubo fugados. Por la noche, el gobernador informó que ningún reo había sido movilizado aún, sin embargo, dijo que los reacomodos son inminentes y ocurrirán en los próximos días. En el exterior fue desplegado un contingente de soldados, marinos y elementos de la Policía Federal que establecieron un cerco. En la entrada del lado sur, en el transcurso de la mañana hubo una situación caótica. Centenares de familiares demandaban información que no era entregada. Algunos arrojaron rocas a los agentes de la policía estatal Fuerza Civil, que resguardaban la entrada. El portón de barrotes fue empujado hasta que la cerradura dejó de funcionar y se abrió. Entonces, tuvieron que ser improvisadas como barricadas dos patrullas. Algunas mujeres que se enteraron de la suerte de sus seres queridos sufrieron crisis de histeria. Otras perdieron el conocimiento y fueron atendidas por los paramédicos. La presidenta interina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Catalina Rivera, acudió para verificar el estado en que se encontraban los familiares, pero tuvo que huir debido a que los familiares la persiguieron para que les proporcionara información que no tenía. Simultáneamente, los penales de Apodaca y Cadereyta, que también maneja el estado, fueron objeto de sobrevigilancia de marinos y militares, para prevenir otra revuelta similar a la del Topo Chico. Por la noche, un contingente de elementos de la Policía Federal tomó control de las instalaciones, en el interior y el exterior. Los cadáveres fueron trasladados a instalaciones del Servicio Médico Forense, en el Hospital Universitario, que estaba fuertemente resguardado. Ahí fue instalada una mesa de atención a los familiares. En septiembre del año pasado, el Ejército Mexicano dejó de tener control del penal, como había ocurrido en la época más álgida de inseguridad en Nuevo León. Sin embargo, en diciembre se firmó un convenio para que los soldados coadyuvaran en la seguridad de la entidad y próximamente ayudarán a manejar esta penitenciaría. Rodríguez reiteró el plan próximo de clausurar el penal del Topo Chico y reactivar la construcción del de Mina, 50 kilómetros al norte de la capital, que fue comenzado en la pasada administración pero que luego fue abandonado. El gobierno federal ayudará en edificar este nuevo centro de readaptación social, expuso. En el transcurso del día, el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Arturo Salinas, demandó el cese de Gregoria Salazar, directora de la penitenciaría. La masacre del Topo Chico es ya la más numerosa ocurrida en una cárcel en la historia de Nuevo León. El 19 de febrero del 2012, durante una pelea interna, fueron masacrados 44 reos del Penal de Apodaca. Era ese hecho, hasta entonces, el más cruento en los centros penitenciarios de la localidad. El 20 de mayo del 2011, había ocurrido otra masacre, en ese mismo Cereso. En esa ocasión 14 internos fueron asesinados en el área de psiquiatría. El 13 de octubre de ese mismo año, en el penal de Cadereyta muriero siete reos por una pugna entre grupos rivales. Otros 13 resultaron lesionados en la riña en la que fueron usadas puntillas y armas contundentes.