CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Artículo 19 dio a conocer que desde 2003 han desaparecido en México 23 periodistas, es decir, dos por año en promedio. En su informe Periodistas desaparecidos en México sostiene que 96% de las víctimas trabajaban en temas de corrupción y delincuencia, con posibles autoridades involucradas. De ellos, agrega, 15 desaparecieron en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán. En los 23 casos reportados desde 2003, precisa, impera la impunidad y se desconoce el paradero de las víctimas debido a las deficiencias en los procesos de búsqueda, y existen elementos que potencialmente les otorgan un carácter de desaparición forzada, aunque en ninguno de estos casos las autoridades contemplaron ese delito en sus líneas de investigación. Según Artículo 19, el 23% de las víctimas investigaban el posible vínculo de autoridades militares, federales o estatales con grupos del crimen organizado. En cuatro de las 23 desapariciones, detalla, se encontraban involucradas autoridades militares, en cinco autoridades federales y en siete autoridades estatales y municipales. “Los periodistas son un grupo en situación de particular vulnerabilidad en relación a estas violaciones. La desaparición de personas que ejercen la libertad de expresión en México es alarmante en lo que concierne a las características de los casos que, en su mayoría, podrían calificarse como desapariciones forzadas”, dice el documento. Plantea, asimismo, que las investigaciones de los 23 periodistas desaparecidos están plagadas de irregularidades y hasta ahora no desembocaron en ningún resultado, lo cual demuestra que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) –integrada a la PGR en julio de 2010– “únicamente ha fomentado la impunidad”. Incluso en dos de esos 23 casos, apunta, las autoridades estatales cerraron las investigaciones de manera “indignante e igualmente ilegal”, tras la supuesta identificación de restos. En el caso de Leodegario Aguilera Lucas, desaparecido en Guerrero el 22 de mayo de 2004, el ADN correspondía a un animal, y en el otro caso la identificación se basó en declaraciones y no en pruebas científicas. Detalla que Aguilera investigaba el enriquecimiento del exgobernador de Guerrero, el priista René Juárez Cisneros, cuando fue desaparecido. Artículo 19 sostiene que la impunidad en los casos de desaparición genera autocensura y miedo en el gremio periodístico, que puede llevar a “la anulación de coberturas específicas sobre temas de interés público”. Y subraya: “El periodismo de denuncia es un factor fundamental para el combate a la corrupción y la violencia”. La FEALDE, una institución “de adorno” Artículo 19 dio seguimiento al caso del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo, asesinado en 2015 en el municipio veracruzano de Medellín, luego de sufrir una desaparición forzada. Este caso es emblemático porque exhibió el “incumplimiento generalizado” de las autoridades en la búsqueda de un periodista crítico de la administración del alcalde Omar Cruz Reyes en el estado más peligroso para ejercer el periodismo. Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez Cerezo, denunció la actuación de las autoridades locales apoyadas por la FEALDE, que por instrucciones de Ramón Vela, jefe de la Policía Municipal, tardaron horas en cercar las carreteras para encontrar a su padre, omitieron pruebas y al final sólo encarcelaron a una de las 10 personas que desaparecieron al reportero, según dijo. De hecho, el pasado 28 de enero el Juzgado Quinto de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal emitió una resolución en la que obligó a la FEADLE a atraer e investigar del caso, que se había negado a hacerlo con el argumento de que era imposible acreditar su papel de periodista. El hijo de Moisés Sánchez aseguró que en Veracruz existe un “miedo generalizado” para ejercer el periodismo, y una nota crítica contra personajes políticos, policías o criminales –dijo– “puede ser la última”. También denunció que funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa acostumbran multiplicar las descalificaciones a las voces que critican la gestión del mandatario estatal y las condiciones de seguridad en el estado. “Pero si todo está bien, entonces ¿por qué mi padre ya no está aquí?”, soltó con amargura, y añadió que la FEALDE es una institución “de adorno” y “de cartón” que investiga “para dar carpetazo”. Reacción negacionista Sobre los periodistas desaparecidos en México, el jurista Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, emitió una opinión personal y dijo que no se trata de reporteros que cubrían temas sociales, de deportes o de mercados de valores, sino de violencia e inseguridad. “No podemos decir que existe un contexto de impunidad generalizada”, pero “es un contexto de impunidad prácticamente absoluta” en el país, apuntó, y deploró que el gobierno mexicano haya adoptado “una reacción negacionista” ante los señalamientos de violaciones a los derechos humanos en México. En febrero de 2015 el Comité en el que labora Corcuera informó que impera “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte” del país. En respuesta, el gobierno de Enrique Peña Nieto descalificó las observaciones de la instancia y aseveró que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.