120.000 hogares canarios pueden acceder al bono social para pagar la factura energética
En Canarias hay 120.000 hogares que podrían tener el bono social y disponer de un 25% de descuento para pagar la factura energética.
De este bono social pueden beneficiarse los usuarios que tienen una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, las personas de 60 o más años de edad que perciben la pensión mínima, así como las familias numerosas.
El comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza, Néstor Hernández, ha presentado este lunes al Consejo de Gobierno una estrategia para las familias en situación de pobreza energética, de la que ha hablado en rueda de prensa acompañado de la consejera de Hacienda del Ejecutivo canario, Rosa Dávila.
Ha indicado que el obstáculo principal para que algunos hogares no puedan acceder al bono social que busca proteger a consumidores vulnerables con menores posibilidades económicas es la existencia de un reglamento que vincula la necesidad de ser titular de este beneficio con tener la instalación actualizada para las viviendas de mas de 20 años.
Por ello, en su estrategia el comisionado pide que se revise y cambie la normativa para que los potenciales beneficiaros se puedan acoger a este descuento, del que hacen uso unos 125.011 hogares en las islas, donde diversos estudios cifran entre un 15,09% y un 8% las familias que sufren la pobreza energética en el archipiélago.
La estrategia para las familias en situación de pobreza energética, elaborada por el comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza y consensuada con el Gobierno canario, propone una batería de medidas a ejecutar por el Ejecutivo regional y el Estado, así como medidas de cooperación con las operadoras y de coordinación con los ayuntamientos.
Las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica serán las beneficiarias de estas acciones para paliar situaciones de pobreza energética y, entre ellas, estarán incluidas familias sin ingresos o con muy escasos ingresos y con menores a su cargo, perceptores de prestaciones no contributivas, personas mayores de 60 años o familias numerosas.
La propuesta establece un protocolo con las comercializadoras de energía más representativas, que evite que éstas puedan aplicar el corte por impago cuando afecte a un hogar vulnerable así considerado mediante informe de los servicios sociales municipales.
Plantea también ampliar las ayudas de emergencia social y la puesta en marcha de un programa de formación y empleo, rehabilitación y eficiencia energética.
Entre otros aspectos, ha insistido Néstor Hernández, se pretende modificar la instrucción para eliminar los costes que entraña el cambio de titularidad de los contratos de suministro eléctrico, uno de los obstáculos para que los usuarios se puedan acoger al bono social de los hogares más vulnerables.
También insta al Gobierno del Estado, administración que tiene las competencias en esta materia, a que reglamente la definición de los consumidores vulnerables, incluya todas las bonificaciones a los hogares vulnerables y los impagos.
El documento propone que se establezca un protocolo para evitar el corte por impago en el caso de los pacientes a los que se aplique tratamiento médico domiciliario en los que se utilicen aparatos de consumo eléctrico.
La propuesta plantea, además, la firma de un convenio entre las principales comercializadoras y el Gobierno de Canarias que recoja, entre otras cuestiones, un programa de rehabilitación de las instalaciones eléctricas de las viviendas para los hogares con menos recursos, prefinanciado por los operadores.
Además, se pretende comprometer a los operadores a sufragar los costes de elaboración de un diagnóstico exacto de la situación actual de la Comunidad Autónoma en esta materia.
Asimismo, insta al gobierno del Estado a que apruebe el reglamento que ha de desarrollar la aplicación del bono social, ampliando los supuestos de aplicación del mismo adaptándose a la coyuntura actual.
Y, especialmente, a incluir todas las bonificaciones a los hogares vulnerables y los impagos para evitar el corte de suministro en la factura eléctrica, tal y como se hace para las subvenciones a las renovables u otra medida que garantice tales bonificaciones.
Por otro lado, se ha presentado también al Consejo de Gobierno un informe sobre la pobreza en Canarias, que concluye con la necesidad de actuar sobre el modelo productivo.
Entre las conclusiones, ha destacado el comisionado, el documento deduce que la pobreza en el archipiélago no es un problema meramente coyuntural, consecuencia de la crisis económica sino que se trata de una situación estructural derivada del actual modelo productivo, con bajos niveles de ingresos, rentas, gastos y también de productividad.
El informe aclara que sería un error asignar a la crisis económica actual la causa principal de la mayor desigualdad, ha precisado Néstor Hernández, quien ha alertado de que en la actualidad el trabajo no es garantía de seguridad para alejarse de la pobreza, pues los hogares pobres con ocupados han aumentado a ritmos elevados.
Otra de las cuestiones que destaca en el texto es el predominio de un tejido empresarial de empresas de reducido tamaño, con carencias en el capital humano.
Su estrategia competitiva volcada en mercados locales sobre la premisa de que su supervivencia para por el control de los costes y la baja apuesta por la formación, así como la minimización de los costes laborales, incluidos los salariales, son factores que acrecientan la pobreza, ha detallado.
Asimismo, el informe resalta la alta proporción de titulados superiores que desempeñan puestos de trabajo por debajo de su nivel, algo que en Canarias supera en más de 10 puntos porcentuales a España.
En este sentido, alude a la necesidad de la flexibilización del sistema educativo, para su adaptación a un mercado laboral cambiante y que facilite la vuelta a la formación de los colectivos que en su día la abandonaron.
