Sindicato de la Asamblea Legislativa también busca eximirse de la reforma fiscal

El sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa presentó una consulta al plenario legislativo para que este aclare si la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas está o no por encima de su propia ley de personal.

Al igual que otras instituciones como el Poder Judicial, la CCSS, las municipalidades o las universidades, el gremio defiende que en el apartado de anualidades y pluses la reforma fiscal solo debería aplicarse para los nuevos empleados.

El director de Recursos Humanos de la Asamblea, Hugo Cascante, aseguró que la tesis de su departamento y el de Asesoría Legal es que se debería respetar la reforma y aplicar sus modificaciones, pero que ante la consulta del sindicato será el directorio el que tomé la decisión final.

“En principio nosotros acatamos lo que dice la ley, el sindicato de la institución es el que elevó a consulta de que nosotros tenemos nuestra propia ley de personal y que por lo tanto no deberían acatar lo que dice la reforma. Mi posición fue de carácter restrictivo y que mientras no me digan lo contrario, la ley se debe aplicar como dicta. Esta fue la misma posición de Asesoría Legal”, aseguró Cascante.

Consultada sobre este punto la secretaria del sindicato, Maritza Arias, se limitó a confirmar que efectivamente la consulta fue enviada al directorio legislativo y se está a la espera de una respuesta.

Congelados

La reforma fiscal, aprobada en diciembre anterior, señala la obligación para todas las entidades estatales de sumarse al sistema de pagos Integra; la Asamblea Legislativa, al día de hoy, utiliza uno propio llamado Sirhal.

Cascante explicó que aunque solicitaron sumarse a Integra, la respuesta del Ministerio de Hacienda es que eso no será posible hasta el 2021, en el mejor de los casos.

“Nosotros ya dimos los requerimientos para que se modifique el sistema y se aplique la ley, salvo que el directorio indique lo contrario nosotros seguimos en las modificaciones para acatar la ley (…) nuestra expectativa es que el sistema esté listo en octubre próximo”, dijo el director.

Mientras esa actualización no llegue, los pagos de anualidades y otros pluses y remuneraciones están congelados para todos los empleados de la Asamblea.

Los cambios en curso también dependerán de la decisión que tome el directorio, pues si falla a favor del sindicato obligará a un nuevo cambio en el sistema con todos los gastos que esto, nuevamente, implicaría.

La nueva ley establece el cálculo de anualidades y otros pluses de manera nominal (fija) y ya no porcentual, pues esta última provoca un crecimiento exponencial del gasto en las instituciones.

Así, la reforma aclara que para el cálculo de estas debe realizarse según el salario base de cada trabajador a julio de 2018. Esa posición es la que más ha generado rechazo entre los trabajadores estatales.