CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La grave violación a los principios constitucionales en materia electoral en el Estado de México se encuentra a los ojos de todos. El conteo definitivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio como “ganador” a Alfredo del Mazo. La elección tendrá que ser anulada por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y si el TEPJF se niega a cumplir con su mandato legal, se debe acudir inmediatamente a los tribunales y las instancias internacionales. En cualquier elección con una diferencia reducida entre el primero y el segundo lugar, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de llevar a cabo una revisión minuciosa no solamente de la pulcritud del conteo oficial, sino también de las condiciones generales en que se desarrolló el proceso electoral en su conjunto. Específicamente, habría que determinar hasta qué punto los votos emitidos por los ciudadanos hayan sido el resultado de una decisión “libre” y un proceso electoral “auténtico”, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, o si hubo manipulación excesiva al electorado o violaciones legales generalizadas durante el proceso. A partir de la avalancha de denuncias recibidas por medio de la plataforma de #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), así como la cobertura realizada por los medios de comunicación nacionales y locales, sabemos que hay por lo menos cinco maneras en que el proceso electoral en el Estado de México violaría estos principios constitucionales. En primer lugar, se desplegó una intensa y costosa campaña política-electoral en beneficio de Del Mazo y contra Delfina Gómez durante los tres días de “veda” antes de la jornada electoral. Durante los días 1, 2 y 3 de junio se repartieron cientos de miles de volantes en todo el Estado de México, se enviaron mensajes de texto de manera masiva y se tapizaron las redes sociales y las páginas en internet con propaganda electoral. Esta campaña electoral encubierta, pero absolutamente transparente, atacaba a la candidata de Morena y también intencionalmente engañaba a los votantes con la propuesta de votar simultáneamente por PT y Morena, acción que anula el voto, para “sacar al PRI”. Más allá de quien haya sido legalmente “responsable” por estas acciones, algo que las autoridades tendrían que investigar de inmediato, es un hecho irrefutable que esta campaña benefició a Del Mazo. Es decir, el candidato del PRI contó con tres días más de campaña que Gómez. Y el hecho de que esos tres días fueron justo antes de la jornada electoral aumentaría aún más su impacto sobre los resultados electorales. En segundo lugar, durante el proceso electoral se desplegó uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes en la historia de México. Multitudes de votantes fueron transportados desde otras entidades federativas para votar en el Estado de México. Afuera de casi todas las casillas electorales se encontraban grupos de personas tomando lista y presionando a los votantes. Con base en chantajes y amenazas, se movilizaron maestros, enfermeras, doctores, transportistas y grupos de choque a favor de Del Mazo. El día de la elección fluyeron enormes cantidades de dinero, en efectivo y por medio de tarjetas bancarias, para comprar las voluntades de miles de votantes. En tercer lugar, durante la jornada electoral y los días anteriores se aplicó una estrategia de guerra psicológica de miedo en contra de los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad. La combinación de llamadas telefónicas amenazantes, colocación de “ofrendas” sangrientas en las puertas de oficinas de Morena, el levantamiento de representantes de ese partido, la circulación de oficios apócrifos del IEEM (que alertaban sobre posibles actos de violencia) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE, en los que se citó a ciudadanos a comparecer por supuestamente haber cometido algún delito electoral), el robo de urnas y el allanamiento por policías estatales del hotel donde pernoctaban los dirigentes de Morena en el municipio de Tejupilco, en su conjunto forman parte de una evidente estrategia concertada de generar pánico entre la población con el fin de desalentar la participación ciudadana en los comicios. En cuarto lugar, hubo graves problemas con la organización de las mesas directivas de casilla y la capacitación de los funcionarios de casilla. A las 9:50 de la mañana el día de la elección, casi dos horas después del inicio de la jornada electoral, solamente 57% de las casillas se habían instalado. La cantidad de funcionarios electorales “tomados de la fila”, sin ninguna capacitación y muchas veces con gran sesgo partidista, seguramente fue enorme. Ello quizás explica por qué hubo tantas irregularidades con la recepción del voto, el conteo de los sufragios y el llenado de las actas. Extrañamente, la mayor parte de los supuestos “errores” de conteo afectaron negativamente a Gómez y ayudaron a Del Mazo. Por ejemplo, se ha detectado la práctica generalizada de anotar los votos de Morena en el renglón del Panal y viceversa. También se ha reportado que el PRI ofreció grandes cantidades de dinero a funcionarios de casilla en zonas opositoras para que intencionalmente permitieran la comisión de infracciones que podrían anular la votación en sus casillas. En general, la evidencia apunta al despliegue de una perversa estrategia de cooptación y de infiltración de las mesas directivas con el fin de manipular los resultados electorales. Finalmente, existe un muy probable rebase del tope de campaña electoral de parte de la campaña de Del Mazo. Además, sólo un ingenuo imaginaría que la campaña del PRI no violó el principio general de que el financiamiento público debe predominar sobre el privado. Los enormes recursos que se requirieron para llevar a cabo cada una de las cuatro estrategias arriba mencionadas tendrían que haber salido de alguna parte. Es responsabilidad de las autoridades electorales investigar y sancionar esta evidente violación a la ley. Los magistrados electorales han anulado elecciones en las que se han presentado irregularidades mucho menores a las aquí resumidas. Por ejemplo, apenas hace unos meses no dudaron en retirarle el triunfo a Morena en la elección para la residencia municipal de la ciudad de Zacatecas. Falta ver si los jueces electorales tienen la valentía y la autonomía necesarias para aplicar los mismos criterios cuando se trata del primo del presidente de la República, o si de una vez todo México tendría que mandar todos los magistrados “al diablo”. La anulación de una elección no es ninguna tragedia, sino todo lo contrario. Implica la posibilidad de un renacimiento democrático con la celebración de nuevos comicios. Los mexiquenses merecen una oportunidad de elegir a sus gobernantes en paz y libertad. www.johnackerman.blogspot.com @JohnMAckerman Este análisis se publicó en la edición 2119 de la revista Proceso del 11 de junio de 2017.