La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha mantenido en la jornada de hoy viernes una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), con el objetivo de abordar diversos asuntos relacionados con el sector; entre ellos el incremento en el número de presuntas reclamaciones fraudulentas por parte de turistas de origen británico.

Al encuentro de trabajo, celebrado en la Delegación del Gobierno en Canarias, junto a Mercedes Roldós asistieron el subdelegado del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Luis Molina; el presidente de la Feht, José María Mañaricua; y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Canarias.

Según denuncia la Feht en Las Palmas, el “incremento significativo” de las reclamaciones registrado durante los últimos meses ha alertado a los empresarios canarios, especialmente tras comprobar lo que está sucediendo en otros destinos como Baleares o la Costa del Sol.

En la mayoría de los casos, las denuncias surgen tras la estancia de los turistas británicos en establecimientos hoteleros de las islas, quienes reclaman  una indemnización alegando intoxicaciones alimentarias contraídas durante su estancia en los mismos, una vez han regresado a su país de origen. Habitualmente, estas demandas suelen interponerse a través de despachos de abogados británicos.

Según señala la patronal, los abogados contratados por turistas que han pasado sus vacaciones en algún hotel de las islas aseguran a sus clientes recuperar la totalidad de los gastos de alojamiento.

Para ello, los mismos letrados facilitando presuntas pruebas falsas denuncian al establecimiento por haber sufrido una intoxicación con la comida que les han servido.

Los clientes “afectados” recibirán en compensación la totalidad de lo que pagaron por su estancia. Además de tener que devolver la tarifa cobrada, los hoteles abonarán también la minuta de los abogados.

El origen de estas reclamaciones se sitúa en la reforma de la Ley Jackson, de 2013, por la que se excluyen del portal de arbitraje de consumo todas las reclamaciones por prestación de servicio realizados fuera del Reino Unido.

Según la legislación vigente, cualquier turista puede demandar a un establecimiento sí ha sufrido algún problema de salud durante sus vacaciones. Y prácticamente sin pruebas podrá recuperar todo el dinero.