La legislación autonómica fija un horario de cierre para cada tipo de local. Los bares tienen que cerrar a las 02.30 horas, las cafeterías media hora más tarde, los salones de banquetes a las 03.30, los karaokes y pubs a las 04.00, una hora antes que los cafés con actuaciones. Los que tienen más margen son las salas de fiesta, discotecas y tablaos flamencos que pueden permanecer abiertos hasta las 05.30 horas. De jueves a domingo y los festivos y vísperas de festivo, los horarios pueden ampliarse media hora. Incumplir estos límites puede acarrear a propietarios sanciones desde los 300 euros hasta 30.000 , e incluso el cierre del negocio entre seis meses y dos años.

Pero ser objeto de investigación por parte de técnicos de la Xunta a raíz de una denuncia de la Policía Local o de los vecinos no los disuade de infringir la normativa y cada año aumentan las sanciones impuestas por el Ejecutivo autonómico. La Consellería de Presidencia multó en el primer trimestre de este año a 361 locales de la comunidad, de los que la de ellos ubicados en la provincia de A Coruña. El 96% fueron por no respetar la ley sobre el horario de cierre. En los casos restantes, el Gobierno gallego abrió expedientes a casi una docena de negocios por carecer de licencia o de habilitación. Son 120 expedientes sancionadores al mes que superan los 105 sanciones ejecutados de media cada mes en 2014.

El número de multas impuestas por el departamento autonómico el año pasado asciende a 1.268 y unas 400 -el 31%- en locales de A Coruña. Ourense y Pontevedra acaparan más de la cuarta parte con más de 300 sanciones en cada provincia. Y en Ourense el porcentaje se reduce al 17% con 215.

Las infracciones de este tipo aumentan cada año y las más de 1.200 del año pasado suponen un 42% más que las 892 multas contabilizadas en 2008. Si en 2015 continua esta tendencia, con 15 sanciones más al mes que en 2014, se cerraría el año con unos 1.440 expedientes sancionadores.

Nueve de cada diez expedientes sancionadores resueltos por Presidencia en 2014 se abrieron por incumplimiento horario, un porcentaje que demuestra que los establecimientos de hostelería y del ocio nocturno prefieren arriesgarse a recibir una denuncia de los vecinos por el ruido e incluso enfrentarse a una multa antes de cerrar a la hora estipulada y perder la oportunidad de incrementar los beneficios de la caja de esa noche. Aunque estas infracciones están consideradas faltas leves con sanciones entre 300 y 600 euros, ser reincidente implica asumir más riesgos. Si la policía denuncia a un mismo local tres o más veces en un mismo año el incumplimiento ya se convierte en una falta grave obligando al propietario a pagar hasta 30.000 euros y en algunos casos a cerrar su negocio entre seis meses y dos años.

La Xunta también sanciona a los establecimientos de ocio por no contar con el permiso necesario para ejercer su actividad, exceder el aforo permitido o permitir la entrada a menores. La inexistencia de licencia es, después del incumplimiento del horario de cierre, el segundo motivo que acarrea más multas. Y sobre todo exceder sus límites, es decir, ejercer una actividad distinta a la que establece el permiso, en la mayoría de los casos para poder abrir más tiempo sin vulnerar la normativa.

No tener licencia o exceder sus límites fue precisamente la causa por la que la Xunta multó el año pasado a 90 negocios, el 80% en Pontevedra, mientras que el resto de sanciones se repartieron entre una decena de locales en A Coruña, otros cinco en Lugo y tres en Ourense. Los problemas de aforo y la entrada de menores a locales no autorizados son menos representativos, con tres expedientes abiertos en Pontevedra, uno en A Coruña y otro en Lugo.

En el reparto por municipios, los de mayor tamaño, con más locales, se colocan a la cabeza. En Ourense impusieron 164, el doble que las 61 registradas en Vigo o en Lugo, el triple que las 48 en A Coruña, el cuádruple que las 41 de Pontevedra y seis veces más que las 25 impuestas a establecimientos de Ferrol. Entre el resto de concellos, destacan Melide (A Coruña), Xinzo de Limia (Ourense), y Monforte (Lugo), que con medio centenar de multas en cada municipio, superan los datos de ciudades como A Coruña o Pontevedra.