La ofensiva contra los toros vetará la entrada a menores y quitará la protección cultural

El Gobierno de coalición no incluirá la prohibición de los toros en la Ley de Bienestar Animal, pero abrirá la puerta a que se endurezca la regulación en el Congreso o a que desde Cultura se revierta la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) de la tauromaquia. Las iniciativas parlamentarias que se plantearán contra los toros desde la bancada progresista pretenden respaldarse en directivas europeas o recomendaciones de la ONU, como la del Comité de los Derechos de los Niños, que apuesta por vetar la entrada de menores a estos espectáculos al considerarlos un "ejercicio violento". Se trata así de recopilar las diferentes directivas europeas para establecer un marco común que sea de obligado cumplimiento para las distintas comunidades autónomas. En sectores animalistas, además, se están preparando ya iniciativas legislativas populares (ILP) para endurecer la regulación sobre los toros, lo que obligaría al Congreso a pronunciarse.

Si la tauromaquia deja de ser considerada Bien de Interés Cultural, se abrirá la puerta a las administraciones locales para que tengan capacidad de decisión sobre si en sus municipios se pueden celebrar o no corridas de toros. De este modo, referéndums como el celebrado en San Sebastián sobre la admisión o no de la tauromaquia en la ciudad no podrían ser anulados por el Tribunal Constitucional, al no atentar contra las leyes de protección del Patrimonio Cultural, que otorgan a los toros su protección como BIC. El Constitucional también anuló en 2016 la ley del Parlamento catalán que prohibía las corridas de toros en Cataluña, considerando también que invadía competencias estatales, porque el Gobierno central declaró la tauromaquia patrimonio cultural.

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La ley que permitió la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural salió adelante en 2013 con los votos de PP y UPN. Los socialistas, entonces, se abstuvieron. Ahora, existen perfiles del PSOE en el Gobierno de coalición más propensos a endurecer la regulación. Los encabeza la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien "a título personal" se ha posicionado contra los toros: "Me gustan los animales vivos. No entiendo a quien disfruta viéndolos sufrir", subrayó hace un año, para concluir que "lo extraño sería que una ministra de Medio Ambiente dijera que está a favor del sufrimiento animal".

En el PSOE, hay distintas sensibilidades. Las declaraciones de Ribera se toparon con el reproche de algunos barones socialistas, siendo el más duro Guillermo Fernández Vara. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, también es aficionado, al igual que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Hace un año, en una corrida, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana declaró que "la afición por la tauromaquia está al margen de ideologías, cada cosa debe estar en su sitio", y añadió: “Lo importante es que nos respetemos. Debe haber espacios de encuentro”.

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Los miembros de Unidas Podemos en el Ejecutivo tampoco son defensores de la tauromaquia, y en su programa electoral apostaban por garantizar el bienestar animal mediante medidas como "eliminar las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia" y "prohibir espectáculos que impliquen maltrato animal". Sin embargo, en el programa pactado entre PSOE y Unidas Podemos no se aborda en ningún momento la supresión de los toros. Simplemente, se establece el compromiso de impulsar una Ley de Bienestar Animal que "garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos, incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios". Asimismo, se comprometen a estudiar la posibilidad de "establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos, y mejoras en el control de los animales domésticos y en el control de la producción de animales de consumo".

Esta ley se desarrollará desde la Dirección General de Bienestar Animal —dependiente de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno—, y al frente de la que está Sergio García Torres. Fuentes de su entorno corroboran que la tauromaquia quedará al margen de la futura propuesta de ley, que se centrará, como recoge el pacto programático, en desarrollar rebajas del IVA veterinario o luchar contra el abandono a partir de un registro común de animales de compañía.

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Entre los retos de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Pablo Iglesias citaba este martes, entre otros, impulsar una Ley de Bienestar Animal. "Decía Gandhi que la grandeza de una nación se mide por el trato que da a los animales. Queremos convertir España, también, en una referencia de grandeza en este sentido", concluía tras enumerar otros objetivos, como la aprobación de una ley de protección a la infancia, de diversidad familiar u otra de rentas mínimas de apoyo a las familias de cara a construir la "cuarta pata" del Estado del bienestar en la defensa de los derechos sociales.

Grada joven

El líder de Unidas Podemos ya defendió durante la campaña electoral la eliminación de las subvenciones a la tauromaquia, argumentando que “en buena parte de los municipios donde Podemos gobierna, se han acabado las corridas de toros y no ha hecho falta prohibirlas, ha bastado con no subvencionarlas”. Asimismo, en materia de defensa animal, lamentó ya en la campaña de las elecciones de abril que hoy se puede torturar a un animal y subir el vídeo a las redes sociales sin mayores consecuencias: “Eso tiene que cambiar, y hay que incluir en ese tipo penal a los animales salvajes”.

Sobre el veto a los menores de edad, se llama la atención respecto al hecho de que en varias plazas de toros existe la denominada 'grada joven', donde se ofrecen precios superreducidos en entradas y abonos. Un extremo por el que asociaciones defensoras de los derechos del menor y antitaurinas han demandado a diferentes administraciones autonómicas que se eleve a 18 años la edad mínima para poder asistir a corridas de toros y escuelas taurinas.