La eliminación de programas sociales que estaban a manos de Sagarpa puede ser una señal positiva de una nueva distribución del gasto. Lo que sigue es constatar de que que éste se destine a los pequeños productores.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– En julio pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) anunció que en los últimos dos años, el número de pobres aumentó en 2 millones y cuatro meses después, la Cámara de Diputados discutió y reasignó el gasto para 2016. En ese periodo de tiempo, organizaciones sociales trabajaron de manera constante para señalar que la política nacional de combate a la pobreza que tiene su soporte en programas sociales, no tendría, ni a corto o largo plazo, los resultados esperados.
Por este motivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fue duramente criticada por tener programas que favorecían el clientelismo, que carecen de un padrón de beneficiarios claro y accesible, y que no se atiende a la gente con mayor necesidad.
Para 2016, esta dependencia –que se ocupa de uno de los sectores que concentra a un alto número de personas en pobreza– quedó con un presupuesto de 84 mil 827 millones 278 mil 656 pesos, 8 mil 111 millones 741 mil 770 pesos más que lo que había propuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y menos programas sociales de los que ejerció este año.
Sin embargo, la cifra total del dinero que se destinará al sector, es de 114 mil 452 millones 370 mil pesos, ya que además del presupuesto de la Secretaría y de sus gastos administrativos que absorben más de 216 millones de pesos, los productores también reciben dinero por parte del Programa para el desarrollo de comunidades indígenas, del Programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, de las Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes a través del Programa de Apoyos a Pequeños Productores o de los Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes a través del Desarrollo y Aplicación de programas educativos en materia agropecuaria.
El colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza urgió a los legisladores a la pertinencia de decretar un padrón único de beneficiarios y elevar los índices de transparencia y rendición de cuentas en los recursos de los programas sociales.
Para Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo, el aumento al presupuesto y la reducción de programas sociales es una buena señal de avance, más no de un objetivo logrado, ya que ahora la sociedad debe revisar que el recorte se aplique a los programas regresivos y a los subsidios que son otorgados a los grandes productores.
“Que el recorte se aplique en los grandes productores, porque justamente, si lo aplican parejo, resultará igual o peor. Yo creo que es un buen principio, pero hay que garantizar que las reglas de operación de esos programas eviten que los recursos lleguen a los grandes productores y que también se canalicen hacia los pequeños”, comentó en entrevista con SinEmbargo.
Un estudio realizado por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc) reveló que el 85 por ciento de los programas sociales del Gobierno federal no tienen la capacidad de resolver los problemas que atienden, debido a la opacidad y dispersión con que se manejan.
En una evaluación por rubros, señalaron que 43 programas federales fueron ubicados en “la caja negra”; uno de ellos, el Programa de Productividad y Competitividad que para 2016, seguirá en operación.
El Diputado independiente Manuel Clouthier Carrillo expuso que el sector agrícola no solo necesita dinero sino una redifinición de políticas ya que en este renglón solo hay promesas incumplidas.
EL RESULTADO
En el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se señala que a través del Programa de Fomento a la Agricultura y con base en el objetivo sectorial “para contribuir al incremento de la productividad agrícola mediante el impulso a la producción del sector”, se propuso la asignación de 21.5 mil millones de pesos que irán principalmente al programa de Proagro Cultivos Básicos y Estratégicos y Proagro Insumos.
Se señala que tendrá un nuevo enfoque basado en la productividad, que tomará en cuenta la estratificación de los productores y la atención de necesidades regionales, así como la condicionalidad gradual de los incentivos, el uso sustentable de recursos, la tecnificación del riego, entre otros.
Se asignaron 5.6 mil millones de pesos al Programa de Fomento Ganadero que a través de Progan Productivo. En lo que respecta al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria tendría 4.7 mil millones de pesos.
Para el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, con un monto de 1.9 mil millones de pesos, mencionaron que se deben identificar con precisión los incentivos a la capitalización del sector y reorientar su actividad a un enfoque de productividad y de fortalecimiento de polos de desarrollo regional.
También se creará el Programa de Apoyos a Pequeños Productores con una asignación de 6.2 mil millones de pesos para cumplir con una de las promesas del Plan Nacional de Desarrollo que contempla la formación de una sector agropecuario y pesquero que garantice la seguridad alimentaria del país.
La Diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Norma Xóchitl Hernández Colón, habló durante la discusión en el Congreso, sobre la aplicación del programa de Fomento a la Economía Social que trataba de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante la política de fomento industrial, comercial y de servicios y de la Ley del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), que tuvo como objetivo establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del sector social de la economía.
En este sentido, subrayó que el mayor número de quienes integran el sector social de la economía, son de tipo agrario, conformado por más de 30 mil organismos, de los cuales 29 mil 555 son ejidos y 2 mil 359 son comunidades que no cuentan con apoyos y no son sujetos de crédito o algún programa que atiende el rezago en el que se encuentran y criticó que la SHCP propusiera un recordé de 16.74 por ciento respecto al año anterior, cuando por otro lado, proponía un aumento de casi 100 por ciento de apoyo a la banca privada.
“Así pues, la austeridad, la superación de la pobreza y la consolidación fiscal se ha convertido simplemente en conceptos trillados, en un discurso político que busca otorgar legitimidad y credibilidad en el inadecuado manejo que se ha hecho de las finanzas públicas”, comentó.
