La Administración General del Estado no es una buena pagadora. Tal y como evidencia el informe sobre cumplimiento de plazos legales de pago, publicado ayer por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), su periodo medio de abono en el segundo trimestre de este año fue de 34,6 días e incumplió, por lo tanto, el tiempo máximo de 30 días fijado por ley.
A pesar de que ese límite «se empezó a aplicar a partir del 1 de enero de 2013», la realidad es que el Ministerio de Justicia, por ejemplo, presenta un periodo de pago medio de hasta 82 días, e Interior, Economía, Agricultura o el Tribunal de Cuentas tardan más de 40 jornadas en abonar sus gastos en servicios. También hay algunos ámbitos, como son el Ministerio de Hacienda, el de Energía o el Consejo del Estado, en los que no se incumple el plazo de 30 días e incluso se abonan los pagos en la mitad del tiempo máximo. Pero aun así, en su conjunto, la Administración tardó el mencionado plazo de 34,6 días para abonar 22.533 operaciones en las que desembolsó cerca de 890 millones de euros.
Todas estas cifras y periodos de pago, además, podrían ser incluso mayores en la realidad ya que no está claro que incluyan la nueva metodología a la que obliga Bruselas. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia que Hacienda debe publicar «los plazos medios de pago verídicos a contar desde la prestación del servicio o la entrega de la mercancía por parte de los proveedores, y no como se ha venido haciendo desde la fecha de la factura».
Sin embargo, esta plataforma expone que "el Ministerio no ha publicado hasta el momento los datos de los plazos medios de pago a proveedores de abril según la nueva metodología de cálculo". Cuando lo haga, lo previsible es que los periodos de pago se alarguen de manera sensible.
Consejo de Política Fiscal y Financiera
Por otra parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, presidirán hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se fijarán los objetivos individuales de déficit de cada comunidad autónoma. La reunión tendrá lugar después de que la pasada semana el Congreso rechazase los objetivos de déficit para el periodo 2019-2021, y que otorgaban un margen fiscal adicional a las CCAA de unos 2.500 millones el año que viene. Montero ya adelantó que el Ejecutivo configurará un proyecto presupuestario para 2019 y presentará en un mes la misma senda, tal y como informa Europa Press.
En caso de que esta senda no consiguiese de nuevo el respaldo de la Cámara Alta, los objetivos de déficit para las autonomías volverían a quedar determinados por la senda que dibujó el Gobierno del PP y que es más restrictiva.