Los centros especiales de empleo llevarán al Consell al juez

El Consell bipartito, abanderado del discurso del rescatem persones, acaba de encontrarse con un nuevo frente, tal vez el más doloroso, en el ámbito social. Los centros especiales de empleo han tomado la decisión de llegar hasta los tribunales para tratar de revertir la situación que viven en relación con las ayudas en la Comunitat Valenciana.

Según explica Juan José Serrano, presidente de la patronal Agevalcee que agrupa a estas empresas cuya plantilla está compuesta mayoritariamente por discapacitados, la intención es recurrir por la vía administrativa la exclusión de las ayudas a 28 de los 130 centros existentes en la Comunitat Valenciana y que dan empleo a entre 6.500 y 7.000 trabajadores de este colectivo de especial vulnerabilidad.

De no prosperar la vía administrativa „tal como tienen asumido„, se lanzará un contencioso colectivo para dejar sin efecto esa orden. La patronal ha tomado esta decisión en relación con las ayudas salariales de 2016. Como contó este diario la pasada semana, los centros especiales de empleo aún no han recibido las ayudas de 2016. Son 20,3 millones de los que hace unos días llegaron los tres primeros millones.

Sin embargo, lo que más preocupa en el ámbito empresarial no son los impagos sino que casi 30 centros se han quedado fuera de las ayudas, lo que podría afectar a unos 1.500 empleados. Según señala Serrano, que también preside la patronal estatal, la Comunitat Valencia es la primera que ha aplicado la concurrencia competitiva a la hora de adjudicar las subvenciones.

«Vamos a reclamar para que un juez diga que en esa orden la concurrencia competitiva no es de aplicación», explica. Según señala, la concesión se realiza por orden de entrada de las peticiones hasta que se agotan los fondos.

«Tremenda decepción»

El dirigente de los centros especiales de empleo mostró su «tremenda decepción» con el Consell. «Quizá habíamos puesto el listón muy alto. Pensábamos que con un gobierno nuevo y fresco todo iría mejor y que con las políticas sociales estarían encima de nosotros», asegura Serrano. En estos momentos, «los únicos que no hemos cobrado nada de las ayudas de 2016 somos nosotros y los andaluces. Murcia ha pagado ya hasta octubre de 2016».

Estas ayudas que equivalen al 50% del salario mínimo por cada empleado discapacitado, se destinan a la contratación de psicólogos, fisioterapeutas, entrenadores... que forman las unidades de apoyo a los discapacitados. Con todo, no se recibe ayuda por todos los trabajadores, ya que, por ejemplo, no se bonifican los contratados media jornada, o los de nueva contratación tras la publicación de la orden.