La previsible aprobación en septiembre del proyecto de real decreto sobre la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios ha levantado en los últimos meses fuertes polémicas. ¿Por qué? Porque el borrador, en lugar de analizar las competencias de los sanitarios y resolver de forma segura y eficiente en beneficio del paciente y del sistema, se complica: trata por igual gasas y fármacos contra el cáncer; y de forma desigual a profesionales con idéntica formación acreditada en farmacología. Mientras autoriza a unos a recetar lo que consideren oportuno, obliga a otros a formarse de nuevo para seguir haciendo lo que siempre han hecho.
No se explica, a mi modo de ver, tan extraño comportamiento. Hasta la reforma de la ley del medicamente, en 2006, las enfermeras usaban e indicaban material sanitario, fármacos de libre dispensación y otros acordes a protocolos. La reforma del 2006 ha situado la competencia enfermera en farmacología al margen de la ley. Por responsabilidad, las enfermeras han prescindido de disputas legales e intereses espurios, y han seguido cumpliendo con su deber, usando material sanitario, administrando tratamientos e indicando fármacos y apósitos, como han hecho siempre, sabiendo que, de lo contrario, el sistema sanitario se hubiera paralizado en pocas horas.
Cada día, alrededor de 240.000 enfermeras en el Estado español, usan, indican, administran, ajustan y prescriben material sanitario, fármacos y cuidados a sus pacientes. Las enfermeras están capacitadas para prescribir, es decir, para indicar el mejor régimen terapéutico ante un problema de salud, con una valoración previa del problema, basado en el juicio clínico y enmarcado en las competencias profesionales que les son propias.
Algunos ejemplos. Un paciente crónico, tal vez con múltiples patologías y múltiples tratamientos médicos, es seguido por su enfermera, quien le ve regularmente, observa, detecta o previene posibles efectos secundarios, posibles (y frecuentes) interacciones entre medicamentos y posibles complicaciones a otros niveles. La enfermera ajusta las pautas del tratamiento prescrito por el médico, conforme a un protocolo, y se le deriva cuando es necesario. La enfermera es también quien trata las heridas después de un accidente o de una intervención, quien decide el material oportuno, quien previene y cura las úlceras por presión, quien en la incontinencia indica el pañal más adecuado
Sin embargo, en ese extraño y complejo entramado, el discriminatorio proyecto de real decreto exige que las enfermeras se acrediten ante el ministerio de Sanidad, mediante una formación idéntica, permitan que recalque, idéntica, en horas y contenido, a la adquirida y acreditada por el ministerio de Educación en los estudios universitarios. ¿Por qué? ¿Por qué un ciudadano puede adquirir en la farmacia, o por internet, un medicamento de libre dispensación y una enfermera no puede recetarle a ese ciudadano ni un paquete de gasas? ¿Por qué, tras cuatro años de formación universitaria, idéntica en farmacología a la que estudian podólogos y odontólogos, ellos sí pueden prescribir y las enfermeras no? ¿Por qué, fíjense qué paradojas, si un enfermero decide estudiar podología, se le convalidan los créditos de farmacología, de tal forma que lo que no podía hacer antes como enfermero, sí puede hacerlo como podólogo?
Es un sinsentido que las enfermeras debamos formarnos „o más bien "reformarnos"„ para poder hacer lo que siempre hemos hecho. Es ilógico que, mientras unos pueden prescribir con una determinada formación otros, con idéntica formación, no puedan hacerlo. Y es todavía más kafkiano que, para acreditarnos, nos pidan que volvamos a estudiar lo que ya estudiamos. Lo único que las enfermeras necesitan de este decreto es el respaldo legal que la reforma de la ley del medicamento, en 2006, obvió. Un reconocimiento competencial que sí tiene el colectivo enfermero de Andalucía, ya que esta comunidad desarrolló la prescripción enfermera en un decreto autonómico en 2009, que ha demostrado ser eficiente y aportar innumerables ventajas a ciudadanos y al sistema de salud.
Lo único que los pacientes y sus familiares necesitan de este decreto es que se permita a las enfermeras autorizar la dispensación de material sanitario y fármacos relacionados con los cuidados que prestan a esos pacientes y no tener que peregrinar "en busca del médico que me pueda hacer la receta de la bolsa de colostomía que la enfermera me ha indicado".
Lo único que necesitamos todos, también la economía de los pacientes y del sistema sanitario, es sentido común y una legislación que garantice la seguridad de profesionales y pacientes y la eficiencia en el día a día del funcionamiento de la Sanidad.
Este real decreto era una buena oportunidad para regular la práctica de la prescripción enfermera. Una buena ocasión para dar cobertura legal al profesional y, sobre todo, para dar garantías a los ciudadanos, protegiendo sus intereses y salvaguardando sus derechos: su derecho a ser atendido, su derecho a ser escuchado y a obtener respuesta de un profesional competente y también su derecho a no tener que dar más vueltas de las necesarias. Mientras tanto, si necesita usted un pañal, pida cita con su médico de cabecera.
* Presidenta del Col·legi Oficial d´Infermeria de Balears
