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Al no encontrar a los verdaderos delincuentes inculpan a indígena; lo torturan hasta perder un ojo y sigue preso

Por:  / 5 septiembre, 2015
Roberto Paciencia
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(05 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Roberto Paciencia Cruz se encuentra preso en el Cereso número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, con sede en el mismo municipio, ha dado acompañamiento al caso, señalando que el encarcelamiento fue y es injusto.
Desde hace dos años Roberto perdió la libertad, siendo el principal motivo la  fabricación de un delito que las autoridades tomaron como real, sin una previa y exhaustiva investigación, y sin tomar en cuenta como testimonio las palabras de sus testigos.
Roberto tiene 33 años y es un indígena tzotzil que pertenecía a la comunidad de Majopepentic, Municipio de Chenalhó, Chiapas, su ocupación era la de chofer, hasta que fue detenido hace dos años, en agosto 7.
Aquella mañana lo acusaron de haber secuestrado a Anselmo Díaz Pérez y Sandra López Díaz; mientras conducía su automóvil color blanco en el municipio de Pantheló, cuando fui interceptado por una camioneta de la Policía Estatal Preventiva, los elementos se bajaron y le preguntaron su nombre, segundos después lo arrestaron en forma violenta, como se ha venido observando en distintos casos a nivel nacional, los policías no llevaban ninguna orden de aprensión.
Cuando Roberto preguntaba la causa de su detención, sólo le respondían que se callara, todo esto mientras le aplicaban la violencia física y psicológica; fue trasladado a la Presidencia de Pantheló, donde permaneció retenido alrededor de 20 a 30 minutos, después de despojarlo de todas sus pertenencias, fue trasladado a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.
Ese mismo día ya se encontraba en la Procuraduría de Tuxtla, se le negó hacer llamadas y cualquier tipo de comunicación; allí mismo, dentro de la oficina dieron inicio los golpes “con brutalidad, en todas partes de mi cuerpo, principalmente en mi ojo izquierdo, golpes que han tenido consecuencias ya que estoy perdiendo la visibilidad, porque fueron demasiados los golpes y las torturas, que fueron de diferentes formas”, narró Roberto en una carta que mantiene en su poder Revolución TRESPUNTOCERO.
“Aunque sigo recluido en este penal desde hace dos años, los dolores y cicatrices siguen manteniendo vivo mi coraje, mis tristeza, mi desesperación”, él asegura que “las malas autoridades al no encontrar a los verdaderos delincuentes de asesinatos, robos y secuestro agarran a algún inocente y más si es indígena”.
Después de haber sido torturado, a Roberto las autoridades le hicieron firmar un documento que no sabía qué tenía escrito, se encontraba a punto de desmayarse debido a los golpes y otros tratos crueles, que firmó sin poder leerlo, con la esperanza que las agresiones físicas cederían.
Poco después le dijeron que el documento firmado era su declaración donde aseguraba que era culpable de un secuestro. Roberto ha denunciado que su defensor de oficio no ha respondido de forma inmediata y tampoco ha podido contratar uno por su cuenta, por la falta de recursos económicos, derivado de ello el caso ha caminado con lentitud y a dos años de encontrarse preso, a él no le han dictado sentencia.
La familia de Roberto ha denunciado la tortura y pedido que se investigue, pero no han sido escuchados. Él asegura que está dispuesto a ser revisado para que se compruebe la violencia física a la que fue sometido, pero pide un examen exhaustivo, ya que fue visitado por un médico quien le hizo una serie de preguntas, pero no lo sometió a un proceso de revisión médica, sin embargo le dijo que no había sido torturado y que Roberto mentía.
Pese a que le informó de los constantes malestares físicos, principalmente en su ojo dañado, nunca ha tenido atención médica. Roberto asegura que “desde que ingresé mi caso no avanza por la corrupción que impera aquí adentro, además de los malos tratos y la violencia, si me pasa algo hago responsable al Gobierno del Estado, de cualquier agresión o traslado a otro penal, porque es la manera como ellos tratan de asustarlo a uno para que se quede callado”.
A decir por Roberto, los encarcelamientos que han sido injustificados se dan principalmente en etnias indígenas que luchan contra despojo territorial, o personas de escasos recursos que son usados como falsos delincuentes para imputarles un delito y asegurar que se ha esclarecido un delito, hechos que se complican más cuando las autoridades se aprovechan de quienes no saben hablar español, que son a quienes frecuentemente acusan de homicidio o secuestro.
El abogado Adriano Rosales, quien ha dado seguimiento a casos relacionados con la fabricación de delitos, explica a Revolución TRESPUNTOCERO que en Chiapas la nula impartición de justicia va concatenada con la fabricación de delitos y la tortura como el método eficaz para la obtención de la firma del acusado en una declaración de culpabilidad.
Son aproximadamente 18 casos anuales, donde se alega fabricación de delitos, los que se mantienen registrados, los cuales se perpetran por policías estatales y municipales, actos que además de los organismos defensores de derechos humanos en Chiapas, el Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes, han reconocido.
“El gobierno estatal necesita presos, necesita credibilidad a través de detenciones arbitrarias, y falsos positivos, los penales están plagados de casos como el de Roberto, quienes son la carne de cañón de Velasco Coello, mientras él no solamente estimula la presencia paramilitar en la entidad, sino que también convive con éstos, como ejemplo los ya enraizados en el municipio de Chenalhó y la gente del gabinete estatal con los asentados en Simojovel, solamente por citar ejemplos”, afirma Rosales.
El abogado puntualiza que hoy en Chiapas no se persiguen culpables, se fabrican delitos en un clima de violencia y persecución, principalmente de comunidades indígenas que no reciben el apoyo de la sociedad civil urbana, que se mantiene aletargada en cuanto al tema de la defensa de los pueblos originarios.
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