En México tortura sustituye investigación profesional; en 10 años sólo 5 sentencias sobre este delito

Por: Edgar Rosas / 5 septiembre, 2015

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(05 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante la necesidad de contar con una ley general que permita atender y erradicar el fenómeno de la tortura y de cara a la discusión y futura aprobación de una legislación en la materia, diversas organizaciones de la sociedad civil pidieron al Congreso tomar en cuenta la participación ciudadana en el diseño de este nuevo marco legal, por lo que exhortaron a los legisladores instalar mecanismos de diálogo para recoger la voz de organismos, sociedad y víctimas en aras de elaborar una ley apegada a los más altos estándares de calidad.

En conferencia de prensa, los más de 20 organismos convocantes informaron que presentaran al poder legislativo un documento elaborado de manera conjunta, en el cual se establecen los elementos mínimos que debe contemplar la ley para que sea eficaz. Recordaron que el pasado 10 de julio se modificó el artículo 73 de la Constitución, lo cual otorga la facultad al Congreso de legislar en materia de tortura así como de desaparición forzada.

Las organizaciones enfatizaron que ante la gravedad del problema, esta nueva ley debe recoger las recomendaciones que diversas instancias internacionales han emitido sobre el fenómeno, además de tomar como punto de partida la voz de las víctimas y sus familiares.

Dijeron que la práctica de la tortura ha ido en aumento y es empleada para diversos objetivos; en el marco de la guerra contra el narcotráfico, señalaron,  la tortura es uno de los mecanismos utilizados para fabricar culpables, además que ha sido implementada para “enfrentar” a la disidencia.

En su participación, Claudia Medina, una víctima de tortura,  pidió a los legisladores tomar como eje central para la construcción de la nueva ley el testimonio de las víctimas.

“Estamos exigiendo que no se use ninguna prueba obtenida bajo tortura para acusar a las víctimas. Lo segundo es que las autoridades hagan investigaciones de calidad para sancionar a los responsables de la tortura. Y pedimos que las victimas tengan derecho a peritajes médicos y psicológicos, por expertos y expertas independientes, porque cuando el juzgado dice que eres culpable, ellos mismos mandan a hacer los protocolos para determinar si hay tortura, y el 99% de los protocolos hechos por la PGR son negativos”, dijo.

La tortura, una práctica enquistada en las instituciones

Stephanie Brewer del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reiteró que hoy en día la tortura es una práctica generalizada y sistemática. Subrayó la importancia de empezar a construir la legislación en la materia, pues dijo, a pesar que el Congreso tiene como límite seis meses a partir de la reforma al artículo 73 para presentar la nueva ley, hasta el momento no hay iniciativas.

Brewer hizo énfasis en la grave situación que enfrenta México con el fenómeno de la tortura. Dijo que una de las grandes características en torno a esta problemática es la impunidad que prevalece, pues en los últimos 10 años a nivel federal sólo ha habido cinco sentencias condenatorias por la comisión de este delito.

“Según cifras oficiales, a nivel federal sólo existen cinco sentencias condenatorias. A nivel estatal demuestran en los últimos 10 años sólo ocho condenas por tortura. Entonces es una impunidad casi total si recordamos que son miles de denuncias cada año. A nivel federal, únicamente en los casos de personas procesadas penalmente, en 2014 llevaban más de 2 mil casos de jueces federales que dieron vista a denuncias de tortura. Ahora si consideramos las denuncias por cada estado, la cifra crece exponencialmente”, manifestó.

Aunado a lo anterior, dijo que ante las miles de denuncias por este delito  y “el uso sistemático y generalizado de la tortura para fabricar culpables, para no investigar”, la impunidad ha sido el común denominador

Brewer indicó que hoy en día la tortura se ha convertido en el método por excelencia para investigar por parte de las instituciones mexicanas. En lo referente, algunos especialistas han manifestado que se trata de una práctica que se ha enquistado en las instituciones encargadas de la justicia en México.

“La tortura se usa en sustitución de una investigación profesional, en lugar de recabar pruebas reales. (Para las autoridades) es más fácil torturar a una persona, coaccionar una declaración y sancionar a esa persona que puede ser inocente como es el caso de muchísimas personas, mientras tanto los verdaderos responsables están libres y así se mantiene la fase de impunidad”, dijo.

Asimismo abordó el problema que ha significado documentar los casos de tortura. Insistió en la necesidad de contar con peritos independientes que elaboren los protocolos para detectar si hay huellas de tortura, ya que, dijo, cuando estos son empleados por los agentes de las instituciones oficiales se tiende, por comisión o incapacidad, a esconder el delito.

“Es importante tener acceso a exámenes, peritajes médicos y psicológicos independientes. Un dato interesante es que a nivel general, de acuerdo con lo recabado para el año 2013,  la PGR aplicó peritajes médicos y psicológicos sólo en una minoría de las averiguaciones, pero de esos peritajes aplicados, que fueron 206, en sólo 6 casos reconocieron secuelas físicas y psicológicas de tortura, entonces estos instrumentos que deben ser para detectar la tortura, al contrario se usan para encubrir la tortura, de ahí la importancia de peritajes independientes”, manifestó.

Por tal motivo, dijo, esta nueva ley debe establecer, entre otras cosas, el acceso a peritos independientes, pues “el uso de los peritajes oficiales (ha sido) para cubrir la tortura”.

 “La reparación integral del daño no sólo se limita al tema económico”

Por su parte Silvano Cantú, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), destacó que hoy en día existen datos estadísticos que revelan la gran cantidad de víctimas de tortura, sin embargo, paradójicamente no hay hasta la fecha una cantidad similar consignada por la comisión del delito.

“Vivimos en un país en el que las estadísticas nos revelan que hay muchas personas torturadas pero no hay torturadores. La cantidad de sentencias condenatorias por tortura es pírrica a nivel federal, en contra de una tendencia que, por lo que se ve en las quejas, va en aumento año con año. Durante los últimos años tenemos un incremento mayor al 600 % en incidencia de quejas de tortura”, dijo.

Detalló que hoy en día  prácticamente en todos los delitos hay tortura, sólo que en algunos ésta queda oculta por la magnitud del hecho. Para ejemplificar lo anterior citó el caso de Ayotzinapa, en el que hubo tortura, pero asegura, quedó oculta por otros delitos.

“Encontramos que en el contexto de hoy hay una serie de eventos en el país que son muy dolorosos, muy graves, que han hecho que se generalice la percepción que en México existe una crisis de Derechos Humanos, y esta crisis de Derechos Humanos tiene como componente central la problemática de la recurrencia de la tortura.  A veces la tortura queda oculta dentro de hechos graves, por ejemplo en el caso Ayotzinapa encontramos que se practicó tortura; en el caso de la Narvarte hubo tortura; en los casos de Tanhuato y otras masacres que han ocurrido durante la administración ha habido tortura, solamente que se ha desplazado la atención a otros temas pero siempre está ahí permanentemente además de esta tortura, la que es cotidiana en el marco del proceso penal”, dijo.

En lo referente a la nueva ley contra la tortura, afirmó que debe establecer la regla de no tomar en cuenta las declaraciones obtenidas bajo esta practica ilegal, pues “no podemos tener un derecho penal democrático si las pruebas con las que se procesa a una persona fueron obtenidas mediante la fuerza. Es un tema central que se conecta con el tema de las examinaciones médicas y psicológicas”.

Además, dijo, de cara a la discusión de este nuevo marco legal, la principal preocupación debe ser tipificar de manera eficazmente el delito de tortura, pues en el contexto actual existe en cada estado una concepción de la tortura diferente, que además de no contar con los parámetros mínimos, entorpece perseguir el delito, aseguró.

“La nueva ley que se discuta debe superar las graves deficiencias que hoy tiene el marco normativo en materia de tortura. El efecto de la Ley General es que todos los tipos penales, tanto federal como estatal, se van a concentrar en un tipo penal, que va hacer aplicable a todo el país, y evitarnos el problema que hoy existe de tener 32 tipos penales, todos con criterios diferentes y todos por debajo del estándar convencional en la materia”, señaló.

Aunado a lo anterior, subrayó que la nueva ley debe contemplar que la tortura es empleada para diversos objetivos, no sólo para obtener declaraciones, ya que dijo: “hoy los tipos penales dicen que la tortura sólo se puede decir que es aquella que se comete para obtener confesiones o para dar algún tipo de castigo, pero la leyes internacionales dicen que la tortura se puede cometer con otro fin”.

Como punto importante que debe tratar el nuevo marco legal, Silvano Cantú enfatizó la cuestión de la reparación integral del daño. Explicó que hoy en día las autoridades contemplan la indemnización monetaria como la medida que reparar a la víctima. Sin embargo, dijo, la reparación integral abarca el derecho a la justicia y la verdad, así como a la rehabilitación. Indicó que con esta idea de la indemnización económica las autoridades parecería que tienen una póliza de seguro, la cual les da la oportunidad de torturar, pues al final de cuentas, “sólo pagan y sienten que ya está reparado el daño”.

La Ley debe darle centralidad a la perspectiva de las víctimas. Si la ley esta hecha para mayor comodidad del MP, el fenómeno va a seguir siendo recurrente y  va a fracasar la ley. Tiene que ser una ley que esté construida desde la perspectiva de las víctimas, y esto implica además una serie de medidas en la investigación y la aceptación de la tortura, y sobre todo la reparación integral del daño.

“Esta reparación integral pasa por el tema de superar la indemnización económica. Una reparación integral no se limita a las indemnizaciones, no se trata de generar una especie de póliza de seguro en caso de tortura, entonces si el soldado, marino, el policía tortura tiene la aseguradora que pague el cheque para deslindar la responsabilidad, de ninguna manera esa es la reparación integral. La idea ante todo es que haya un acceso pleno a la justicia y a la verdad antes que a temas indemnizatorios; que haya una rehabilitación física, psicológica, psicosocial y que haya castigo a los responsables, porque el castigo no sólo es un tema de las sanciones sino un tema central de la reparación integral del daño para satisfacción moral de las víctimas, y sobre todo que los mecanismos que se adopten sirvan para superar su condición de víctimas”, manifestó.

“La tortura: el mecanismo para disuadir la organización”

Alba Cruz, de la organización Código DH de Oaxaca, expuso que luego de la labor emprendida han podido documentar casos de tortura masiva a líderes comunitarios, con la intención de propagar el miedo y diluir la organización social.

“La cuestión de fabricar culpables es una de las formas en que se emplea la tortura, pero en Oaxaca hemos podido documentar tortura colectiva en contra de disidentes del gobierno, en contra de líderes sociales para fundar el miedo, para disuadir la organización (…) la tortura no sólo se utiliza para fabricar culpables, sino para disuadir, para eliminar”, dijo.

Por su parte, Edith Escareño, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), dijo que en el último año los niveles de tortura han crecido de manera importante. Detalló que al CCTI llegan a diario entre una y dos solicitudes para aplicar el protocolo de Estambul y determinar si hay tortura; a estas solicitudes, dijo, se pide la atención para siete personas en promedio.

“Nosotros podemos decir que en este año en particular el colectivo recibe por lo menos de una a dos peticiones de protocolo de Estambul diarias, y no de una persona, sino de casos que conllevan siete personas en proceso (…) Hemos recibido los casos de personas que son relacionadas con el crimen organizado, sobre todo por colaboración con el narco.

“En los dos contextos de guerra -el de guerra contra el narco y lucha social y represión- ha estado presente la tortura, es el método por excelencia de investigación del Estado mexicano y generalizada porque está en todo el país: Baja California, en Campeche hay ejecuciones en las sesiones de tortura, se les va la mano”, sentenció.

Por último las organizaciones hicieron mención de los datos que Enrique Peña Nieto dio durante su informe en torno a la tortura, en donde destacó que se redujo el número de recomendaciones por parte de la CNDH sobre este fenómeno.

Dijeron que esto lejos de ser presumido debería preocupar, pues ante el aumento en las denuncias de tortura, decir que las recomendaciones han reducido habla de una incapacidad de la CNDH para afrontar el tema.

“EPN no puede presumir el trabajo de un organismo autónomo. Lo que hubiéramos esperado es que dijera qué está haciendo la PGR para confinar los casos de tortura, para investigarlos. Qué está haciendo para profesionalizar a peritos de gobierno para aplicar el Protocolo de Estambul y qué está haciendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De esto no nos contó el presidente”, sentenciaron.

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