La organización no gubernamental Transparencia Venezuela inició una campaña para incentivar la denuncia y persecución del delito de nepotismo en la administración pública, e hizo un llamado a los ciudadanos a señalar a quienes incurran en esta práctica de corrupción.
Según la ONG, se ha convertido en un vicio común que plaga todas las instancias bajo la gestión «revolucionaria», incluso las que constitucionalmente están llamadas a perseguirlo.
«El nepotismo es corrupción y esta sancionado por la ley, sin embargo gran parte de la administración pública no se ha dado cuenta ello», subrayó Mercedes de Freitas, directora de la organización. «Este tipo de delitos los tienen que investigar la Contraloría y la Fiscalía General de la República, sin embargo sus titulares también tienen a familiares en diversos cargos», agregó.
La condena tiene su sustento en el ordenamiento jurídico nacional, que tipifica claramente la acción de influir o favorecer el ingreso de familiares o amigos a cargos públicos como un acto susceptible de sanción penal y administrativa.
Los artículos 145 y 146 de la Constitución, consagran los principios de honestidad, idoneidad y eficacia en el nombramiento de los funcionarios; el artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción prohíbe favorecer intereses económicos particulares, y el 14 condena abiertamente el nombramiento o remoción de funcionarios de acuerdo a su filiación política.
Así mismo, el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos, en su artículo 6 también condena contundentemente estas prácticas, de la misma manera que lo hacen los artículos 33 y 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública nacional.
Según de Freitas, no solamente es anti ético valerse de una posición para favorecer a un familiar o amigo, sino que afecta seriamente al erario nacional en la medida en que crea conflictos de intereses que fácilmente se resuelven con contrataciones a dedo, genera opacidad en la rendición de cuentas y promueve la impunidad en la persecución de otros delitos de corrupción, pues «nadie va a atestiguar contra un amigo». Además, promueve la desprofesionalización de la gestión pública y aumenta la burocracia, en virtud de que se asignan funciones a personas que no estan capacitadas para desarrollarlas.
Casos
La campaña de Transparencia Venezuela está sustentada en una serie de trabajos realizados por un grupo de periodistas de investigación, quienes iluminaron una intrincada red familiar entretejida en instituciones clave como la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y el servicio diplomático dirigido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Una investigación de Lisseth Boon publicada por el portal Runrun.es reveló que el encargado de velar por el patrimonio público y evitar sus desviaciones, Manuel Galíndez, logró que 13 de sus familiares fueran enganchados tanto por la Contraloría General de la República como en otras instituciones del Estado.
Igualmente, un trabajo de Juan Francisco Alonso indica que los magistrados cuyo mandato es aplicar la ley y castigar sus violaciones tienen a otro tanto de sus seres queridos en cargos importantes o menos relevantes. De acuerdo con el periodista, resaltan los casos de Luisa Estela Morales quien contrató a sus tres hijas en el Tribunal Supremo de Justicia cuando era presidenta de esa institución; Marco Tulio Dugarte, quien tiene a 7 familiares en el Poder Judicial y el servicio exterior, y Luis Franceschi, quien logró favorecer a 14 allegados.
Por otro lado, Pedro Pablo Peñaloza desenmascaró una red de corrupción en la Cancillería, cuya titular, dicho sea de paso, es la hermana del alcalde de Caracas y vicepresidente del PSUV, Delsy Rodríguez.
«Para hacer esta investigación nos basamos en la información suministrada por personas que estan dentro de esas instituciones infiltradas por el poder político, muchos de ellos funcionarios de carrera quienes se sienten frustrados porque no pueden seguir ascendiendo según sus méritos, pues viene alguien que no tiene formación pero sí filiación, a quien le dan los mejores cargos», manifestó Peñaloza.
A esto se refirió el director del portal Runrun.es, Nelson Eduardo Bocaranda, cuando dijo que «el nepotismo es un delito que levanta roncha donde esta». Por eso recalcó que el periodismo es una tribuna importante para erradicar esta práctica, siempre y cuando se garantice el anonimato de la fuente.
Acciones
Tanto los comunicadores sociales como la directora de la ong instaron a la Asamblea Nacional a enfrentar desde el escenario legislativo esta práctica de corrupción. Actualmente la denuncia interpuesta hace un mes por Transparencia Venezuela, en relación con el caso de la Contraloría, se encuentra en la Comisión de Política Interior.
«Pedimos que se destituya al titular de esa institución», afirmó Mercedes de Freitas.
Así mismo, la activista llamó a la ciudadanía a denunciar a través de la plataforma dispuesta por TV, y la aplicación Dilo Aquí.
«Queremos decirle a los que sueñan con meter a sus familiares en cargos públicos que nosotros los vamos a visibilizar, y eso no se va a quedar así», concluyó.
