MÉXICO, D.F. (apro).- A cuatro días de haber sido nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), trabajadores despedidos del Canal 22 demandaron la intervención de Aurelio Nuño y de las comisiones de Derechos Humanos Nacional (CNDH) y del Distrito Federal (CDHDF), para frenar el “acoso laboral” en esa televisora, así como las violaciones a la libertad de expresión. En conferencia de prensa, los periodistas del medio cultural denunciaron los recientes despidos de la subdirectora de Información, Guadalupe Pereyra; el editor de la Agencia Noticias 22, Marcos Daniel Aguilar, y las reporteras Alejandra Flores e Irma Gallo. Con esos despidos suman alrededor de 20 los empleados de Canal 22 que han sido separados de su cargo después de manifestar su inconformidad con la dirección de Raúl Cremoux, expresada en dos cartas publicadas los días 22 y 28 de junio pasado. Los extrabajadores pidieron a Aurelio Nuño atender el problema laboral y de censura de Canal 22, pues desde que inició, dijeron, no han recibido respuesta de las autoridades federales a las que solicitaron su intervención: el extitular de la SEP, Emilio Chauyffet, y el responsable del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa. Juan Jacinto Silva, exdirector de Noticias, resaltó que para los despidos y rescisiones de contrato, los directivos han argumentado la falta de presupuesto, pero sólo la conductora Laura Barrera, subrayó, “obtiene 50% del presupuesto de Canal 22 de este año”. Silva recordó que el pasado 17 de marzo, Cremoux López le levantó un acta administrativa por “desacato”, después de la cobertura que dio a la salida de la periodista Carmen Aristegui de MVS Noticias. A partir de ese momento, agregó, se recrudecieron las presiones en su contra por parte del directivo. Además de la recriminación por darle seguimiento a ese caso, subrayó, Cremoux decidió censurar los programas: “Bios, naturaleza y sociedad”, “Los derechos humanos en México” y “Las huellas de la violencia”. El periodista resaltó que a ese acoso se sumaron otros funcionarios de la televisora que lo denostaron públicamente en cuentas de Twitter, por lo que decidió renunciar verbalmente a partir del 19 de junio. Marco Lara Klahr, quien también dejó el Canal 22, expuso que ante las “flagrantes violaciones a la libertad de expresión”, solicitaron a la CNDH y a la CDHDF medidas de protección “para los periodistas que han sido acosados y están a punto de ser expulsados” por haber firmado las cartas de inconformidad. Y advirtió sobre la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a la libertad de expresión. Lara Klahr también demandó la respuesta a la petición de derecho de réplica formulada desde el 28 de junio, e informó que los trabajadores expulsados reciben asesoría por las violaciones a la libertad de expresión de las que han sido víctimas, así como por violaciones a sus derechos laborales. De igual manera, destacó que darán seguimiento a los procesos legales iniciados por los despidos, y a un amparo contra la televisora por negarle a los trabajadores el derecho de réplica para responder a la exposición que hizo Cremoux el 23 de junio, utilizando el tiempo de transmisión del noticiero para negar las aseveraciones que aquéllos expusieron en una carta pública. El periodista agregó que también han solicitado la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante posibles actos de corrupción y conflicto de interés por parte de Cremoux, debido a que contrató a la empresa Calyso Media, de la que es socio su yerno, el productor Hari Camino, esposo de Daniela Cremoux. Los trabajadores despedidos acusaron que la conductora Laura Barrera también incurre en actos de corrupción al ser propietaria de la empresa Vitruvio Ingeniería Cultural, a la que se adjudicaron los programas que ella misma conduce. A su vez, el periodista Humanzin Rodríguez Méndez recordó que de los 45 trabajadores que laboraban en el área de noticias, 20 han sido separados de sus cargos con el pretexto de falta de presupuesto, “pero eso no puede ser posible, porque el presupuesto estaba etiquetado hasta 2016”, subrayó. Por su parte, el editor Marcos Daniel Aguilar resaltó que el jueves 27, momentos antes de transmitir una entrevista exclusiva, fue llamado por Enrique Herrera, junto con Guadalupe Pereyra y Alejandra Flores, para informarles de la culminación de su contrato, cuando legalmente tenía vencimiento hasta diciembre. El argumento, apuntó, fue el recorte presupuestal, y los directivos desconocieron los derechos de los empleados que llevaban laborando entre 15 y ocho años en Canal 22. Alejandra Flores, quien también fungía como conductora, reprobó la decisión de Cremoux, no sólo por no tomar en cuenta la trayectoria de los empleados, sino porque en su caso y en el de Irma Grillo se pasó por alto su condición de madres solteras, y en el caso de Guadalupe Pereyra, agregó, no se consideró que es una persona de la tercera edad. Durante la conferencia de prensa, los trabajadores reprodujeron parte del video de una convención sobre televisoras públicas realizado en Puebla, en el que Cremoux tomó la palabra para dar su agradecimiento al gobernador Rafael Moreno Valle. Réplica de Laura Barrera La mañana del jueves 3 de septiembre, la conductora y productora de Canal 22, Laura Barrera envió un escrito a esta redacción para responder a las referencias que se hacen en esta nota. A continuación reproducimos su comunicado. "En el contexto de un diferendo que tomó la forma de una denuncia de censura en materia de contenidos en Canal 22, estoy siendo objeto de calumnias por no firmar las cartas de denuncia presentadas por un grupo de compañeros. De las acusaciones de censura no formo parte ni como testigo ni como participante. ¿Por qué no participé? - La base de la denuncia está en dichos de los que no tengo los elementos para conocer la verdad. - Tengo serios cuestionamientos sobre la calidad moral y desempeño profesional de quien encabeza la protesta: Juan Jacinto Silva. Sin embargo, no me opuse a su protesta. A fin de usarme para atacar al Director General se ha descalificado mi trabajo y señalado como beneficiaria de circunstancias excepcionales. Es falso. Hace más de 20 años trabajo en medios electrónicos; desde hace 14 soy colaboradora por honorarios en Canal 22, sin base ni prestaciones laborales. Esto me permite proponer proyectos de producción; mi caso no es único, formo parte del grupo de productores que trabaja de acuerdo con las políticas de la televisora. No estoy en ninguna circunstancia de excepción ni existen impedimentos legales en mi caso para proponer y realizar programas. Las series que produzco fueron aprobadas por un comité externo a Canal 22, y entregadas en tiempo y forma, sin sobreprecio, estrictamente dentro de los parámetros presupuestales del canal. Como el resto de las series tuvieron recorte presupuestal. Los datos que se han dado de estos contratos son incorrectos. Los contratos pueden ser consultados en el portal de Transparencia del Inai. No son documentos secretos y los programas están al aire. Estas series dependen de la Dirección de Producción y no de la Dirección de Noticias, tampoco su presupuesto, el cual se destinó al pago de las 18 personas que participan en la las series, viáticos, renta de equipo, fianzas y gastos de administración. No soy funcionaria pública. No ocupo o he ocupado cargos directivos ni de toma de decisiones respecto a la adjudicación de contratos. No tengo relación alguna de parentesco o negocios con directivos de Canal 22, incluido su Director General, por tanto no soy sujeto de conflicto de intereses. Quienes defienden la libertad de expresión no pueden hacerlo atropellando otros derechos como el derecho a la imagen, al honor, y al trabajo. Tan enemiga de la libertad de expresión es la censura como la calumnia. Estoy a su disposición para más detalles al respecto".