Podría recordar al 'cese temporal de la convivencia', eufemismo con el que la Casa Real dulcificó la separación de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar. O también al 'despido en diferido con simulación de contrato' con el que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, justificó la particular relación laboral del partido con el imputado Luis Bárcenas.
El caso es que el Gobierno de Susana Díaz ha 'patentado' este martes un nuevo modelo de dimisión/destitución de un alto cargo: el cese temporal. Es la fórmula que ha empleado para justificar que se destituye a un miembro del ejecutivo, pero asumiendo sólo a medias la responsabilidad política por las supuestas irregularidades registradas en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar.
María José Asensio, imputada por la juez que instruye las diligencias, ha abandonado hoy su puesto, pero el Gobierno de Susana Díaz le garantiza que podrá regresar al mismo si, tras comparecer ante la Justicia el próximo 17 de septiembre, deja de estar imputada en el caso. O sea, es de suponer que el Ejecutivo confía en que sus explicaciones y los informes presentados serán tan contundentes que la juez, tras escucharla, desistirá de imputarle ningún tipo de delito, tampoco el de prevaricación por el que está siendo investigada.
Como quiera que es poco probable que la juez adopte esa decisión el mismo día 17 (sin esperar a oír al resto de imputados), cabe vaticinar que el Gobierno andaluz tendrá que retrasar de nuevo su decisión de nombrar un relevo para Asensio en esa fecha, tal y como ha anunciado hoy el presidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios. La Dirección General de Minas tendrá que seguir vacante, por tanto, más allá de mediados de septiembre. Aunque eso no parece ser un problema para el Gobierno andaluz, que asegura que no se producirá ningún vacío y que el funcionamiento de las políticas mineras, una de las apuestas estratégicas de este gobierno en el marco del fomento del empleo, está garantizado.
Más allá de las disfunciones que puedan generarse por la ausencia de un director general, el cese temporal de un alto cargo es cuanto menos una manera muy singular de asumir las responsabilidades políticas. Aunque no es del todo novedoso que el Gobierno socialista de la Junta deje vacante un puesto a la espera de un hipotético 'regreso' del que se supone es su legítimo titular, sí es la primera vez que lo anuncia de esta forma, sin disimulos. El antecedente más inmediato de un cese temporal se produjo con el que fuera delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, cuando fue imputado en el caso Mercasevilla. En aquel caso, el puesto estuvo vacante dos meses y, finalmente, el Gobierno de José Antonio Griñán nombró a Aurora Cosano. Rivas fue absuelto por el Tribunal Supremo del cobro de comisiones en Mercasevilla. Sin embargo, actualmente está imputado por el caso de los ERE. Por su parte, Aurora Cosano fue destituida el pasado mes de marzo, tras ser detenida e imputada en el marco de la investigación del fraude en los cursos de formación.