Trump, los inmigrantes, y cuánto camino queda aún por recorrer
Por ROBERTO SURO via Zocalo Public Square
Los afroamericanos recordarán el mes de junio de 2015 como el período en que numerosos funerales en su comunidad obligaron a quitar la bandera de los Confederados. Los homosexuales celebraron ese mes con bombos y platillos en los 50 estados. Y ¿los hispanos? Han dado su merecido a Donald Trump.
Bueno, tal vez no cuente como un gran logro que algunas empresas, como Macy’s, NBC Universal y Univisión, hayan cortado sus vínculos con Donald Trump después de que adornó su anuncio sobre sus aspiraciones a la nominación presidencial republicana con una diatriba xenófoba en contra de los inmigrantes mexicanos. No obstante, Trump ha servicio de elemento definitorio.
Echando a un lado su incoherencia y banalidad, la diatriba de Trump ilustra el peso que los antagonistas de los latinos han asignado al campo de batalla contra la inmigración. Y comparado con todo lo que puede haber ocurrido ese mes, sobre todo la victoria para los matrimonios entre homosexuales, la ruidosa reacción de Trump indica el largo camino que los hispanos tienen que recorrer antes de poder librar una batalla por inmigración bajos sus propios términos.
Las declaraciones de Trump pueden haber sido cualquier cosa menos originales.
“Cuando México manda (para acá) a su gente, no está mandando lo mejor. Esos traen drogas, cometen delitos, son violadores”, dijo Trump.
Eso no es más que una reafirmación del crudo rencor que siempre ha habido en contra de los inmigrantes, pero Trump también inoculó un veneno dirigido particularmente contra los inmigrantes hispanos. Los insultos de Trump recuerdan al infame anuncio de televisión “They keep coming” (siguen llegando) durante la campaña de 1994 por la gobernación de California que mostraba imágenes difusas en blanco y negro de personas que cruzaban ilegalmente la frontera en medio de promesas para defenderse de esta situación con tropas si fuera necesario.
Esto se remonta a la década de 1970. Casi tan pronto como la población hispana comenzó a crecer a través de la inmigración hace unos 40 años, comenzaron las reacciones que se centraron persistentemente en la inmigración descontrolada de indocumentados y el recuento constante de la misma historia: mexicanos que cruzan la frontera y violan nuestra soberanía.
Con toda la retórica que rodea a la inmigración nadie puede imaginar que casi dos tercios de los 55 millones de hispanos en el país han nacido en Estados Unidos o que más de la mitad de los 19 millones de latinos que han nacido en el extranjero se han hecho ciudadanos estadounidenses o son residentes permanentes. Se trata de una gran población con una agenda pública rica y multifacética. Sin embargo, a lo largo de cuatro décadas, sobre todo en la última, toda la atención política ha recaído en los alrededor de seis millones de inmigrantes indocumentados de México y otros tres millones de diversas partes de América Latina.
Pero la obsesión con la inmigración de indocumentados es mucho más que una táctica política. La retórica ha sido suplementada con una campaña de cumplimiento de las leyes inmigratorias que ha hecho que más de dos millones de personas sean deportadas del país desde el comienzo del gobierno del presidente Barack Obama. Eso ha dejado a muchas comunidades con familias desmembradas.
Además, hay tantos hispanos en edad escolar como inmigrantes indocumentados latinos. Entonces, hay que sopesar cuánta atención recae sobre sus necesidades educativas, en comparación con las exigencias constantes de invertir más en la seguridad de la frontera, o sea, más gastos encima de los 200,000 millones de dólares que se han invertido en la zona desde mediados de la década de 1980.
Las reacciones no sólo han reducido la agenda política latina al asunto de la inmigración ilegal, sino que también han determinado cómo se presenta ese asunto. Debido a que la mayoría de los inmigrantes en cuestión han venido en busca de empleo, la aplicación de las leyes inmigratorias debió haberse concentrado lógicamente en los centros de trabajo en vez de la frontera. Sin embargo, hasta 1986 era perfectamente legal emplear a alguien que no tuviera sus documentos de inmigración en regla y, en ese mismo año, el Congreso promulgó una prohibición creada para ser inaplicable a instancia de empleadores. El Congreso tampoco creó canales legales para los trabajadores inmigrantes que no estaban bien capacitados, pero que la economía de Estados Unidos necesitaba con urgencia en la década de 1990 y principios de la de 2000.
Políticos, burócratas, empleadores y consumidores, todos han sido cómplices. Y los inmigrantes fueron designados como los protagonistas de la historia, como si sus acciones hubieran sido las únicas causantes de la situación.
Ya sea en un juzgado o en el Congreso, la asignación de la responsabilidad es el primer paso necesario para adjudicar la culpa y llegar a la eventual condena. Esta estrategia, la asignación de una agencia y, por lo tanto, la culpa de un grupo, se ha utilizado a menudo como pretexto para el castigo o la exclusión. El racismo ha implicado con frecuencia la invención de características inherentes para excusar cualquier tipo de maltrato.
Homosexualidad y derechos
Entre tanto, la homosexualidad a menudo ha sido considerada como una opción para justificar la negación de derechos, pero toda vez que se le asigna una responsabilidad, el juicio moral puede surgir rápidamente y el protagonista se convierte en villano.
Trump apenas ha sido el primer intolerante en conjurar la violación para justificar la represión.
La falsa acusación de violación es tal vez la asignación definitiva de responsabilidad y en el pasado se ha esgrimido para afectar mortalmente a homosexuales y personas de la raza negra. Una vez que son designados como los responsables, es fácil proyectarlos como malvados y después de pueden poner en marcha todos los instrumentos del estado para lograr la exclusión.
En el marco de la lucha por los derechos civiles vinculados a la orientación sexual y la raza, los sucesos ocurridos en junio de 2015 marcaron victorias frente a las narrativas de protagonismo falso. La responsabilidad giró súbitamente hacia los propietarios de esclavos cuando se estimó que su bandera no era apta para la veneración, y cuando la Corte Suprema del país reconoció que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una expresión constitucionalmente protegida de identidad innata, no una elección perversa.
El distanciamiento de bajo costo de ciertas corporativas estadounidenses con respecto a Trump hasta ahora ha contrarrestado poco la injuria inmigratoria. No hubo un coro de desaprobación por parte de los principales republicanos y Fox News no perdió anuncios mientras continuaba proporcionando el escenario para la narrativa de asignación de responsabilidades y condenas.
Sin embargo, las circunstancias y la defensa decidida han comenzado a cambiar la dinámica política en inmigración. La Gran Recesión y el desempleo perdurable han frenado la inmigración de trabajadores mal capacitados, por lo que el tamaño de la población de indocumentados se ha mantenido estable por casi una década. La imagen de cruces ilegales por la frontera ha perdido un poco de su poder para incitar ansiedad y, en el terreno político, la atención se ha desplazado hacia los indocumentados ya en el país en vez del flujo, ahora insignificante, de recién llegados.
El Senado aprobó en 2013 un proyecto de ley masivo sobre inmigración y con esto surgió un amplio consenso sobre numerosas cuestiones políticas excepto qué hacer con la población de inmigrantes indocumentados y ese asunto se convirtió en el punto crucial por el que la legislación se fue a pique en la Cámara de Representantes. Entre tanto, la opinión pública se ha consolidado.
Un sondeo del Instituto Pew, realizado a mediados de mayo, indica que el 72 por ciento de los participantes considera que se debe permitir a los indocumentados que cumplen con ciertos requisitos permanecer en el país de manera legal. Eso contrasta con el 57 por ciento en el mismo sondeo que dijo estar a favor de que los homosexuales se puedan casar.
El presidente Barack Obama trató de llevar estos datos a la política con una serie de acciones ejecutivas que fueron anunciadas en noviembre, las cuales habrían ofrecido el derecho temporal a trabajar y no ser deportados a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados con lazos en Estados Unidos desde hace tiempo.
Una demanda presentada por muchos de los mismos estados que trataron de prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo consiguió bloquear la implementación de las acciones ejecutivas y ahora este asunto parece dirigirse hacia la Corte Suprema.
Para los hispanos y sus aliados en inmigración, el próximo desafío será ver si esta batalla judicial puede convertirse en un medio para combatir la idea de que los indocumentados son violadores, de la misma forma en que la lucha por los matrimonios entre homosexuales se transformó en una vía para combatir la percepción de que la homosexualidad es una opción.
Si el caso en la Corte Suprema puede crear una nueva visión sobre los indocumentados como padres, vecinos y trabajadores que han estado aquí por largo tiempo sin problemas y no se van a marchar, entonces tal vez el año que viene los hispanos podrán tener su celebración en junio.
Este artículo apareció originalmente en inglés en Gray Matters, de houstonchronicle.com
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