Gobierno y Ejército coludidos para ocultar masacre de Tlatlaya; la orden a militares fue “abatir en la oscuridad”

Por: Edgar Rosas / 3 julio, 2015

(3 de julio, 2015.-Revolución TRESPUNTOCERO).- A 3 días de haberse cumplido un año de los hechos ocurridos en una bodega del municipio de Tlatlaya en el Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) reveló que aquel 30 de junio de 2014 la orden dictada a los elementos castrenses fue: “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Tras presentar el informe titulado: Tlataya a un año: la orden fue abatir, el Centro Pro detalló que luego de un arduo trabajo  en donde se interpusieron recursos legales, se logró obtener el acceso a documentación oficial del caso, en específico a la orden general de operación que se dictó a los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales.

Este organismo defensor de los derechos humanos informó de manera específica que la orden de Relevo y Designación de Mando emitida por el 102 batallón de infantería de la 22 zona militar, en la cual se le instruye al teniente involucrado en la operación de Tlatlaya las actividades a realizar, dice: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Al respecto, Mario Patrón, director del Centro Pro, manifestó que en los hechos ocurrido en Tlalaya hubo un claro contubernio entre las autoridades militares y el gobierno para ocultar lo que hoy en día “sabemos fue una masacre”. Asimismo manifestó que gracias al estudio realizado se puede afirmar que la orden fue abatir.

“Por eso estamos solicitando que más allá de la responsabilidad material que se ha fijado a este grupo de 8 militares, se tiene que investigar la responsabilidad institucional y concretamente la cadena de mando vinculado con la responsabilidad de abajo hacia arriba en el ejército mexicano”, (…)Lo que hoy presentamos constituye una clara denuncia no sólo del Centro Pro sino de todo el movimiento civil de DDHH que hoy en día estamos denunciando y solicitando que se investigue la responsabilidad institucional por la masacre de Tlatlaya en la cadena de mando”, manifestó.

Patrón puntualizó que en un estado democrático de derecho la orden dictada no debió referirse a “abatir delincuentes”, sino en todo caso de hallar a criminales en flagrancia, detenerlos y presentarlos ante las autoridades correspondientes.

“La orden ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’ no se sostiene, no sólo en un estado democrático de derecho, sino en el propio derecho internacional humanitario que rige todo los conflictos armados, incluso internos”, apuntó.

Asimismo añadió que hoy en día México vive un Estado de excepción de facto, conformado por esta clase de órdenes que incentivan las violaciones graves de derechos humanos. Además, apuntó que en la actualidad, las autoridades, encargadas de hacer vale la ley, son las primeras en violar las disposiciones establecidas.

“Estamos viviendo en el país un estado de excepción de facto, que está constituido a partir de este tipo de órdenes, de operación que son un incentivo claro para la consecución de violaciones graves a los DDHH. Todos las organizaciones de DDHH condenamos la violencia, y la condenamos de cualquier actor que venga, pero como defensores y defensoras debemos pasar a lupa los actos de autoridad y nos parece que en términos de Estado de derecho es mucho más grave la violencia ejercida desde el Estado, porque son las autoridades que como parte de su mandato obtienen el principio de obediencia de la ley y del marco constitucional, y son las primeras quienes los están violando”, declaró.

Mario Patrón detalló que luego de lo hallado y plasmado en el informe, se ha solicitado de manera oficial a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada (Seido) se cite a la cadena de mando castrense a comparecer y declarar sobre lo ocurrido el pasado 30 de junio de 2014, además de explicar esta orden de “abatir”.

“Bajo esta idea que se determine la responsabilidad institucional del ejército. También presentamos ante la CNDH un escrito en donde solicitamos que emita medidas cautelares bajo el efecto que notifique a la Sedena se evite se sigan girando y emitiendo ordenes de operación parecidas a la de Tlatlaya, porque son un incentivo para que se cometan graves violaciones a los DDHH. Solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional que en base a nuestro informe evalué la oportunidad de instruir una investigación sobre posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y solicitamos a la relatoría de ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias de la ONU que emita un llamamiento urgente sobre este caso para evitar que se sigan emitiendo órdenes que permitan la consumación de ejecuciones extrajudiciales como lo hemos visto”, expuso.

Por otro lado, Mario Patrón hizo referencia a las declaraciones del general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, en donde puntualizó que las fuerzas castrenses no están para realizar labores de seguridad pública.

“Queremos decir que coincidimos con el Gral. Secretario de la Defensa, en que la vocación del ejército no es la Seguridad Pública, pero también queremos expresar con mucha claridad que la disyuntiva que él plantea en que hoy sus elementos no saben si obedecer sus órdenes o violar DDHH da cuenta clara de la existencia de estas órdenes; cuando sus órdenes sean justo con base al respecto irrestricto de la Constitución y los DDHH no van a tener esa disyuntiva (…) En el caso Tlatlaya no nos queda duda que estamos en realidad ante una orden que con toda claridad incentiva violaciones graves a los DDHH al enviar a sus elementos a abatir delincuentes”, dijo.

“A la fecha no hay claridad en el caso”

De acuerdo con Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro, el informe presentado, en su primer aparatado, hace énfasis en que a un año de la masacre no se ha esclarecido lo que ocurrió en la bodega de San Pedro. Detalló de manera particular que hoy en día existen discrepancias respecto al número de víctimas de los hechos, pues mientras la PGR sostiene que sólo 8 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) menciona que fueron entre 12 y 15.

“Específicamente subsiste una discrepancia significativa en el número de víctimas reconocido por el Estado mexicano. La PGR reconoce que de las 22 personas privadas de la vida sólo 8 fueron ejecutadas extrajudicialmente, y por ello ha ejercitado acción penal en contra de 3 militares; de las constancias y recomendación de la CNDH surge que el número de víctimas se situaría entre 12 y 15 personas ejecutadas extrajudicialmente, ese número va más allá de lo reconocido por la PGR y es consistente con el testimonio de Clara Gómez (La sobreviviente conocida como testigo Julia)”, detalló

En tal sentido añadió que no es sostenible la versión que sólo 8 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, por lo cual “decimos que no hay verdad en Tlatlaya; mientras subsista esta discrepancia en el número de víctimas, la CNDH no puede dar por cumplida su recomendación y mientras subsista, la PGR sigue estando obligada a ejercitar acción penal para que se reconozca la totalidad de la ejecuciones cometidas”.

Por otro lado habló sobre “la orden de abatir delincuentes”. Dijo que en el informe presentado a la opinión pública se muestra esta orden incluida tanto en el expediente militar como en el civil que lleva la PGR.

“Es una orden de mando y relevo con fecha de 11 de junio de 2014, emitida por el 102 batallón de infantería de la 22 zona militar en la cual le instruye al teniente encargado de la base de la operaciones San Antonio del Rosario, que es la base que participó en los hechos de Tlatalya, la serie de actividades que realizará. Y en esas actividades en el número 7 de las instrucciones se le ordena al teniente que las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”, dijo.

Aunado a lo anterior, manifestó que luego de analizar el expediente no queda duda alguna de que “en el contexto del caso Tlatlaya el concepto abatir fue usado para significar la privación de la vida humana. Lo decimos con toda contundencia porque en el propio expediente, el primer radiograma en el que el teniente a cargo de la base de operaciones San Antonio del Rosario informa lo que ocurrió en la bodega menciona como resultado que fueron abatidos 21 civiles”.

Santiago Aguirre reiteró que esta orden propicia la violación a los derechos humanos además que en el mejor de los casos “estaríamos ante una orden ambigua que deja al arbitrio de la tropa la determinación sobre conductas que pueden ser graves delitos, en el peor de los casos estaríamos ante una orden que expresamente propicia violaciones graves a DDHH. Por lo mismo, considerando los estándares de justicia en materia de derecho penal internacional  y en materia de derechos humanos, estimamos que debe investigarse la cadena de mando respecto de esta orden”.

En lo referente el Centro Pro hace mención que la línea de mando a investigar incluye, en primera instancia al Teniente Ezequiel Rodríguez, seguido del Comandante del 102 batallón, Raúl Castro. Asimismo  detalla que la indagatoria debe ser sobre el Comandante de la 22 zona militar, el General de Brigada José Luis Sánchez León, al igual que al Comandante de la I región militar, el General Brigadier Jaime Godínez Ruiz, hasta llegar al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Hoy en día los responsables de esta orden, por su calidad de mandos jerárquicos, son responsables por las conductas que cometen sus subordinados cuando estás no son objeto de controles y cuando estas atentan contra los DDHH si se dan en el marco de un aparato de poder organizado como es el caso del ejército. La investigación de la cadena de mando supondría citar en el fuero civil a todos aquellos mandos militares que participaron o que tuvieron bajo su responsabilidad la supervisión de esta orden”, sentenció Aguirre.

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