El pelotazo de Euskaltel
¿Es Euskaltel una empresa de país? ¿Es una empresa de todos los vascos y vascas? ¿Cómo ha sido su gestión en los últimos años?
Cuando el Gobierno vasco, hace ya más de tres años, decidió vender a Euskaltel -previa autorización del Parlamento vasco con los votos a favor de PNV, PSE-EE y PP- parte de la infraestructura en la que se sustentaba el negocio, también se desprendió de un paquete de acciones y su peso en la empresa pasó del 7,45% a estar por debajo del 5%. Esta autorización al Ejecutivo autonómico para permitir adquir a Euskaltel la mayor parte de la red de telecomunicaciones (fibra óptica), valorada en 68 millones de euros, ocurrió en una comisión convocada de manera extraordinaria en pleno mes de agosto de 2012. Con todo, el PNV defendió el buque insignia vasco con el argumento de que “Kutxabank y el Gobierno vasco van a seguir teniendo más de la mitad de las acciones y eso garantiza que el centro de decisión permanecerá en Euskadi y que Euskaltel seguirá siendo una empresa vasca”.
Previamente, Euskaltel y sus socios mayoritarios Kutxabank, Iberdrola, Grupo Mondragón y Endesa tuvieron que hacer frente a un desembolso millonario a Orange de 222 millones de euros por la ruptura del acuerdo de colaboración y en cumplimiento de una sanción (laudo arbitral fijado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) que logró arrancar la operadora del país vecino tras la ruptura unilateral del pacto y su posterior decisión de embarcarse en una batalla legal.
Este último acontecimiento en la vida de Euskaltel no parece desde luego un ejemplo de buena gestión empresarial. Y el anterior evidenciaría la capacidad de un Gobierno para ayudar a la operadora vasca a sortear una posible crisis que hubiera dado al traste con un proyecto que en ocasiones estuvo en las negociaciones para que el PNV apoyara los Presupuestos de los gobiernos en minoría en España. Una marca de país que, por cierto, presidió desde que abandonara Ajuria Enea el lehendakari José Antonio Ardanza (1999), hasta diciembre de 2011, fecha en la que se hizo con las riendas de la operadora de telefonía afincada en Euskadi su número dos, Alberto García Erauzkin.
Precisamente Alberto García Erauzkin y otros 24 altos directivos de la firma iban a sacar un abultado bonus superior a los 46 millones de euros por la inminente salida a bolsa de Euskaltel, algo completamente legal y habitual en los estándares de este tipo de operaciones, según se apresuró a argumentar la empresa cuando el periodista de elconfidencial.com Agustín Marco levantó la liebre hace ahora una semana. Tras obtener la confirmación oficial de lo recogido en el folleto de la Oferta Pública de Venta (OPV) del 62% del capital de Euskaltel remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, este periódico publicó el pelotazo al entender que era una información muy relevante. Desde ese mismo sábado, las reacciones no han parado: primero fue el sindicato CC OO, más tarde ELA, luego todo el comité de empresa y finalmente fue el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, quien puso la guinda a la tormenta de críticas con un disparo directo al corazón de la dirección de Euskaltel: dichos incentivos, “aunque probablemente habituales en el ámbito empresarial, chocan con el modelo de empresa vasca comprometida”, censuró el portavoz gubernamental. Era como quitarle de un plumazo el marchamo de vasquidad a la operadora en otra época pública.
Después de defender a capa y espada la cuestionable gestión de Euskaltel en su última etapa, el PNV se rendía ante la evidencia: no era solo una cuestión estética, el pelotazo que acompañaba a la salida a bolsa de la empresa no tenía un pase desde un punto de vista de la decencia en la gestión de una empresa que creció y ha sobrevivido al calor de lo público. Una especie de 'Hori ez da gure estiloa' (Ese no es nuestro estilo), nuestra forma de ver la empresa y el compromiso de la misma con este país. Un compromiso que, en todo caso, no ha impedido a la actual dirección reducir la plantilla un 31% entre diciembre de 2014 y marzo de este año, después de externalizar varios servicios para rebajar los costes. Sin que el Ejecutivo autonómico levantara la voz ni en una sola ocasión.
El desenlace de toda esa oleada de presión social, política, convenientemente trasladada a la opinión publica por los medios de comunicación, es conocido: los directivos, con Alberto García Erauzkin a la cabeza, han decidido acatar las indicaciones del Gobierno vasco y las presiones peneuvistas para reinvertir en acciones de la propia empresa los 46 millones brutos que recibirán la próxima semana, cuando Euskaltel salga a bolsa. Y la empresa quiere resaltar además que la plantilla tendrá casi el 2% de la compañía, “fortaleciendo el arraigo, compromiso y vinculación con la sociedad de la que forma parte activa”.
Pese a todo el compromiso tiene fecha de caducidad. “No dicen que compran acciones que en un año pueden vender. No es que le dan el dinero a la empresa, sino que invierten un año en la empresa, que no es lo mismo. Que nos den a nosotros 46 millones de euros en acciones del Telefónica y decimos que no nos han dado nada porque las hemos invertido en la propia empresa”, reflexiona una persona que ha seguido muy de cerca la gestión de Euskaltel.
En todo caso, el pelotazo de la operadora de telefonía confirma que una buena información, seguida de una denuncia de una operación cuando menos cuestionable y acompañada de una crítica política y social sostenida pueden hacer más o menos irrespirable el ambiente en las plantas nobles de unas empresas que juegan de manera discrecional con el concepto de lo vasco.
