Otro revés para el fiscal K que se resiste a declarar ante Bonadio

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos rechazó hoy el recurso de casación de la defensa de los fiscales de la Procelac, Carlos Gonella, y del fuero en lo penal económico, Emilio Gerberoff, en la causa en que se lo investiga por violación de secreto e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros. Se trata de otro revés para Gonella, un fiscal protegido por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que ya se negó seis vez a presentarse a declarar como imputado ante el juez federal Claudio Bonadio en esa causa.

El tribunal señaló que la defensa  "no logró demostrar" el perjuicio que le habría ocasionado que el defensor de los fiscales no hubiera estado presente en la declaración"de carácter reproducible, prestada por un testigo" ante Bonadio y que era el fundamento de su apelación.

Por su parte, Gemignani consideró en su voto que debería suspenderse directamente el trámite del recurso de casación con relación a uno de los dos imputados, por encontrarse Gonella rebelde en la causa.

Bonadio solicitó, el mes pasado, por segunda vez el desafuero de Gonella a Gils Carbó, para poder convocarlo a declarar por la fuerza pública en esa causa en que se investiga una supuesta maniobra ilegal contra la jueza Gabriela Lanz. Gonella ya está procesado en la causa por haber omitido imputar a Lázaro Báez en la causa de la ruta del dinero K en que se investigan operaciones de lavado de dinero.

Gonella está por conventirse en el fiscal que más eludió su deber de presentarse a la Justicia en la historia judicial argentina y parecería que tiene la intención de paralizar la causa apostando a su prescripción. Incluso, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, ya se presentó dos vez a declaración indagatoria y no se amparó en sus fueros.

El mes pasado, el CELS se sumó a la defensa de Gonella argumentando que se trataba de un caso de “libertad de expresión” por la difusión de una denuncia de la Procelac contra la jueza Lanz. Sin embargo, fuentes de la defensa de Lanz consultadas por Clarín aclararon que se trata de una denuncia por un “ataque ilegal coordinado” que incluye los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secreto. A través de su abogada, Sergio Curzi, la jueza denunció “un intento de Gonella de sesgar la pesquisa”.

Recordó que sin un reporte de operación sospechosa Gonella incluyó a Lanz en una lista de 38 personas imputadas por supuesto lavado de dinero del empresario español Valetín Temes Coto, condenado en la causa por narcotráfico “Manzanas Blancas”. Argumenado solo que Lanz “sería pareja” de Coto la incluyeron en la denuncia como si una relación personal fuera por si misma una actitud delictual. “Es como si

Gonella imputara a Cristina Kirchner solo porque sería allegada a Lázaro Báez”, señaló. “No hay ninguna descripción o elemento que lo avale y pese a haber contado con una investigación preliminar” de la AFIP y la UIF que no encontraron nada contra la jueza, agregó el escrito. Luego, el sitio oficial de la Procuración difundió la denuncia, Gonella la tuiteó solo con el nombre de la jueza, la prensa oficialista la amplificación y un abogado denunció a Lanz ante el Consejo de la Magistratura.

Esta causa contra Gonella es una consecuencia de las presiones del Gobierno sobre la investigación por lavado contra Báez, que comenzó en el juzgado de Lanz y la fiscalía de Campagnoli, y a fines del 2013 pasó a manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. En realidad, es la segunda “esquirla”. La primera es la causa en la que Gonella fue procesado por haber borrado a Báez del primer requerimiento de instrucción en la causa abierta por el programa de TV de Jorge Lanata.

A fines del 2013, junto con la suspensión de Campagnoli, Gonella y Gerberoff impulsaron aquella imputación contra la jueza, aunque con menor responsabilidad éste último quien había sido el mismo fiscal que denunció a Temes Coto en la causa “Manzanas Blancas” por el intento de traficar 3 toneladas de cocaína a España y logró que le aplicaran una condena a 20 años de prisión en un juicio no excento de irregularidades.

La condena está ahora siendo revisada en la Cámara Nacional de Casación Penal y parece que podría haber algún cambio porque la empresa “House to House”, nombrada en la causa, es la misma que resultó ser propietaria del Jeep Gran Cherokee que sacó, en febrero, al ex director Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso a Brasil y que fue denunciada por supuesto contrabando por el actual secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli.