No hay que bajar la guardia ni confiarse, pues crecerán los operativos para realizar más deportaciones de personas sin documentos, considera Emilio Amaya, director ejecutivo de Servicios Legales del Centro Comunitario de San Bernardino, California.
“Parte de lo que pasa es que en la medida en que baja la alerta, la gente tiene a regresar a su vida normal y se baja la guardia”, agrega el abogado.
Existe una campaña de miedo por parte del gobierno de Estados Unidos para fomentar la autodeportación, y por ello es importante seguirse preparando, informarse sobre sus derechos legales.
“Hemos notado un incremento en los operativos, que todavía no es sustancial, pero se está dando en diferente áreas” y están dirigidos a cualquier persona que esté en el país sin documentos.
En el 2018 veremos un aumento en los operativos, pues habrá más personal, explica Amaya.
Las organizaciones deben seguir con sus responsabilidades y trabajo constante en la promoción de derechos legales, humanos y migratorios.
Hay un esfuerzo conjunto entre organizaciones, entidades gubernamentales como las representaciones de los países y estados.
Emilio es un incansable activista que diariamente ofrece ayuda legal, asesoría, cursos, apoyo en la corte, pues vive en una zona de alta concentración de inmigrantes sin documentos.
Hay que juntar dinero para asesoría legal
Emilio Amaya recomienda tener contemplado que la fianza mínima es de mil 500 dólares y los costos legales de representación entre 3 mil y 5 mil dólares.
Por eso es importante que las personas tengan su plan de emergencia. Que sepan y decidan a dónde correr, si te detienen a quién llamar y pensar en cómo se va a sostener tu familia.
Hay que tener un fondo económico, en la medida de las posibilidades, aconseja Amaya.
Las organizaciones dan asesoría legal, y hubo un aumento de los servicios a principios de año cuando se esperaban los operativos.
Sin embargo, en la medida en que la necesidad inmediata no se vio, los esfuerzos se descontinuaron, agrega Amaya.
El TPS, en la cuerda floja
Para Emilio Amaya, el anuncio de la cancelación del Programa de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Sudán es un mensaje claro que el beneficio para los ciudadanos centroamericanos se encuentra en la cuerda floja.
Ese es el problema de que este tipo de programas son decisiones del ejecutivo y así como empiezan pueden terminar en el momento en el que el presidente en turno lo decida.
Es un caso similar a DACA, en el que Donald Trump lo terminó de un plumazo.
Ahora, explica Amaya, la Casa Blanca está dispuesta a negociar la regularización de los dreamers a cambio de mayores recursos para la deportación de los padres y aumento en la seguridad de la frontera, incluidos fondos para el muro.
De hecho, hay algunos grupos de dreamers que están dispuestos a que eso suceda. “Ahí es donde está el meollo del asunto”.
La mayoría de las organizaciones de apoyo a migrantes promueven la idea de que se beneficie a todos los indocumentados, y no sólo a un grupo.
