Este 31 de julio se cumple un año de los asesinatos de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, colaborador de este semanario, y las autoridades de la Ciudad de México se encuentran enmarañadas. Y mientras el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera promete resultados a los familiares de las víctimas, la Procuraduría General de Justicia sigue dando vueltas sobre lo mismo y no da resultados. Los tres presuntos implicados se dicen “chivos expiatorios”, pero se niegan a hablar con la prensa. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A un año del homicidio de la colombiana Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril en la colonia Narvarte, que se cumple este domingo 31, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) aún no determina el móvil del crimen. El titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, tampoco ha aclarado a quién o quiénes pertenecen las 11 huellas dactilares, así como el adn masculino y una huella de zapato ensangrentada localizados en la escena del crimen, pues son ajenas a Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas, los tres presuntos victimarios. Además, los juicios que se desarrollan paralelamente en los juzgados penales 25 y 60 de la Ciudad de México se encuentran entrampados por amparos y solicitudes de peritajes y pruebas sin desahogar interpuestos por los abogados coadyuvantes de los familiares de las víctimas y la defensa de los inculpados, quienes se encuentran en una zona de máxima seguridad del Reclusorio Oriente. Y mientras las autoridades capitalinas parecen apostarle al olvido, los familiares de las cinco víctimas esperan el desahogo de las líneas de investigación y el resarcimiento del daño, tal como se los prometió el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera hace 12 meses y lo reiteró el pasado 13 de mayo en su oficina del antiguo palacio del ayuntamiento. Desde que Pacheco Gutiérrez, Torres Tranquilino y Martínez Zendejas, fueron detenidos en agosto y septiembre de 2015 y se les acusó de feminicidio agravado, homicidio calificado, robo agravado y en pandilla, permanecen “encapsulados” en una zona de máxima seguridad y de acceso restringido en el Reclusorio Oriente –la llamada zona VIP–, con amparos interpuestos y pruebas pendientes que han evitado su sentencia. Su confinamiento responde a motivos de seguridad y a la petición explícita de la PGJ. Por lo que han confiado a sus custodios, los tres se consideran “chivos expiatorios” de la dependencia dirigida por Rodolfo Ríos, aunque ninguno ha querido hablar con la prensa, pues confiesan tener miedo. Por la zona VIP pasó Fabián Granier, hijo del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, en abril pasado cuando fue acusado por defraudación fiscal, aunque sólo estuvo ahí cinco días. Quien aún permanece ahí es Leopoldo Rafael Duarte Pereda, acusado de abuso sexual agravado contra tres niños del colegio Montessori Matatena. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), ninguno de los tres detenidos por el crimen en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón ha recibido sentencia de la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez. ¿La razón?: En los expedientes 129/2015 y sus acumulados 139/2015 y 149/2015 aún hay amparos y pruebas por desahogar, además de las 20 audiencias desarrolladas. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2074 de la revista Proceso, ya en circulación.