El pasado jueves días 11 de enero la lluvia torrencial puso en jaque a una buena parte del territorio vizcaíno. En algunos puntos se desbordaron ríos y en otros se generaron balsas de agua que obligaron a cortar carreteras principales, como la que comunica Muxika y Gernika, así como otras secundarias. En cuestión de horas municipios como Muxika, Mungia, Gernika, Bakio y Bermeo se vieron anegados, y en otros municipios como Amorebieta, el problema se localizó, sobre todo, en zonas industriales anexas al río Ibaizabal. Pero hubo más municipios que estuvieron al borde de desbordamiento de ríos y creación de grandes balsas en sus calles.
Al menos en esta ocasión, no ha habido víctimas humanas como ha ocurrido en el pasado, aunque sí daños económicos, que habrá que ir evaluando, y también psicológicos, que muchas veces no se tienen en cuenta. Muchas familias pasaron por momentos de auténtica psicosis, perfectamente comprensible.
Sin duda, partimos de una mala situación. Euskadi cuenta con cien zonas de especial riesgo de inundaciones, que se sitúan sobre todo en la vertiente cantábrica y que abarcan una longitud fluvial superior a los 400 kilómetros, según se recoge en los documentos que, en cumplimiento de la normativa europea, se han realizado para identificar estos puntos. Aunque hay que puntualizar, que estas 100 áreas no son las únicas que pueden sufrir efectos por inundaciones, pero si las que pueden acumular los mayores daños.
Esta normativa viene de una directiva europea de 2007 sobre evaluación y gestión del riesgo de inundación, cuya consecuencia directa es que hay más prohibiciones para edificar en zonas con alto riesgo de inundación, lo que va a imposibilitar planes urbanísticos de expansión en los municipios vascos, que incluso afectan a infraestructuras públicas. Hasta ahora las restricciones urbanísticas para evitar inundaciones se realizaban exclusivamente en base a las llamadas líneas de retorno. Se establecían tres escalas: de 10, 100 y 500 años de posibles inundaciones, de tal manera que la más restrictiva era la de 10, donde el Gobierno vasco recomendaba no urbanizar.
La citada directiva de la CE cambia el enfoque tradicional de lucha contra las inundaciones, que hasta entonces se resumían en la construcción de infraestructuras de defensa, cuando se vio que, además de tener un coste ambiental muy elevado, se habían revelado como insuficientes. Pueden reducir el riesgo, pero no eliminarlo. Con los mapas de riesgo de inundación se pretende aminorar este riesgo en las áreas con mayor probabilidad de sufrirlo.
De esta manera, en 2015, el Gobierno vasco aprobó un nuevo Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en que se determina ese centenar de Áreas de Riesgo Potencial Significativo y que incorpora todas las mejoras y el conocimiento adquirido en las inundaciones de las últimas décadas. Entre las mejoras más significativas está la definición de la peligrosidad de cada zona, qué calles, edificios, carreteras o fábricas son inundables y el coste económico que podrá derivarse de los daños previstos.
Pero como decía anteriormente, partimos de una mala situación en la que tenemos viviendas, pabellones industriales, infraestructuras, etc., en áreas de alto riesgo. Y, sin duda, el mayor reto de la gestión del agua en Euskadi es reducir el riesgo de inundaciones, a través de una política de prevención, especialmente en las zonas en que este riesgo es mayor, como son las 100 áreas anteriormente citadas, mediante la combinación de diversas medidas.
Una de ellas, es que los nuevos asentamientos urbanos y las nuevas infraestructuras deben situarse en zonas seguras. Y en esto tiene mucho que ver la concepción errónea que muchas veces se tiene de los ríos, en la que no se tiene en cuenta de que los ríos son sistemas vivos y dinámicos. Sin crecidas no hay ríos. Ha pasado siempre y seguirá ocurriendo. Hay que dotar a los ríos y a los estuarios del necesario espacio para su expansión. Lo contrario es ir contra la naturaleza. En este sentido, hay que optar por una diferente ordenación del territorio.
Otra de las cuestiones muy importantes, de la que se ha hablado mucho estos días, es la propia coordinación de las instituciones, que tiene hasta cuatro niveles en nuestro país; el establecimiento de sistemas de aviso y alerta temprana y la información clara y precisa a la población, tanto antes (cuando no llueve, de manera que quien está en zona de riesgo sepa qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo) como durante los eventos extremos. En esto, todavía y pese a que hemos avanzado bastante, tenemos un gran camino por delante a recorrer.
El responsable meteorológico de la Agencia Vasca Euskalmet, José Antonio Aranda, del que no dudo de su gran profesionalidad y tengo pruebas para afirmarlo, ha venido a decir que “ha sido algo extrañísimo pero ningún modelo meteorológico advirtió de esta situación, ni siquiera de la posibilidad de que pudiese desencadenarse algo similar. Fue una situación extraña y excepcional, más similar a una tormenta de verano, que nunca habíamos registrado en invierno”. Tengo que decir que no soy experto en la materia, pero como señalaba anteriormente, habrá que avanzar de cara a estos eventos extremos e imprevisibles.
Otro aspecto a considerar en una política de prevención de inundaciones es en las zonas urbanizadas, en aquellas zonas que pueden ser cascos urbanos y polígonos industriales sometidos a alto riesgo de inundación. Sin duda, en estas zonas habrá que adoptar medidas estructurales. Las soluciones de ingeniería clásica que hasta hace muy poco se han adoptado a pesar de cada zona es diferente y un “mundo aparte” se deberán de utilizar cuando no haya otra opción posible, y en todo caso ejecutando la acción correspondiente con el máximo respeto medioambiental, y siempre y cuando se hayan agotado otras posibilidades. Esta línea de actuación ya se viene haciendo en los últimos años por parte de la Agencia Vasca del Agua (URA), en colaboración con las diversas administraciones de Euskadi, en cerca de una treintena de ciudades y municipios, como en Donostia (cuenca baja del río Urumea), Getxo, Zalla, Vitoria y otros tantos de nuestra comunidad.
Sin duda, el mayor reto al que se enfrente la Administración del agua en Euskadi es la prevención de inundaciones, especialmente en las zonas en que este riesgo es mayor, y esto se debe hacer mediante la combinación de medidas estructurales (ordenación de usos en función del grado de inundabilidad, sistemas de información hidrológica y de alerta temprana, medidas de protección civil, etc.) y medidas estructurales: estas sólo en zonas urbanas consolidadas sometidas a riesgo. Y también se deberán tener en cuenta las heridas psicológicas y sociológicas que se crean después de las inundaciones por parte de los poderes públicos, además, por supuesto, de las ayudas económicas.
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