España se enfrenta a las nuevas reglas de edificación 'verde' con 10 años de retraso

  • El Ministerio de Fomento acelera la tramitación del nuevo código técnico de edificación para trasponer una directiva de 2010
Instalación de paneles fotovoltaicos en un edificio.
Instalación de paneles fotovoltaicos en un edificio.
EFE

Más vale tarde que nunca. Pero cuando se trata de energía y medio ambiente, llegar tarde cuesta dinero. En las nuevas reglas de edificación, España llega muy tarde, con décadas de retraso. Tan tarde que constructoras y sociedades de inversión inmobiliaria ignoran que Bruselas ha aprobado una nueva directiva (2018/844) que obligará, a partir de 2021, a que tanto la nueva edificación como la rehabilitada no solo sea de alta eficiencia energética, sino que cuente, además, con energía renovable generada en el propio edificio.

El retraso en la incorporación a la legislación nacional de las normas comunitarias no sólo es una mala praxis, sino que perjudica al sector inmobiliario. En ciudades como Madrid y Barcelona la ausencia -o baja- calificación energética de edificios de oficinas afecta a las posibilidades de atraer empresas a la búsqueda de nuevas sedes. 

El Ministerio de Fomento ha acelerado en las últimas semanas la tramitación de un decreto para modificar el código técnico de edificación e incorporar una directiva aprobada hace diez años (2010/31 UE). Y ha habido suerte porque la directiva de edificios de 2002 se incorporó a la legislación once años después. Por su parte, la nueva directiva 2018/844 tendrá que estar incorporada a la legislación nacional antes de marzo de 2020, aunque los plazos de aplicación serán flexibles.

Un cambio ignorado

Dolores Huerta, gerente de la asociación Green Building Council (GBC), considera que "hay un gran desconocimiento de la magnitud del cambio que se viene encima; la directiva comunitaria propone la descarbonización total de la edificación en 2050". Los objetivos están claros -"no es una moda", sostiene Huerta- pero los instrumentos, más allá de las normas, están por descubrir.

Existe una Estrategia Nacional de Rehabilitación que depende del Ministerio de Fomento, pero sus resultados son modestos. En un país con 25 millones de viviendas, apenas se rehabilitan 30.000 al año. Es un ritmo desesperadamente lento, en opinión de los expertos de GBC, que no permitirá cumplir con los objetivos de las directivas.

La edificación sostenible, con edificios de consumo casi nulo, y la rehabilitación de viviendas son la clave para la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones, según sostienen expertos como Javier García Breva. Pero el mensaje no ha calado en la sociedad -no sólo en la española- porque la Administración ha priorizado las acciones en la industria o el transporte.

Y eso que con la rehabilitación de edificios hay negocio y hay empleo. Los datos de Fomento referidos a 2017 señalaban que la actividad de rehabilitación crecía a buen ritmo -13%- con un volumen de negocio de 4.000 millones de euros. La Informacion trató de contrastar las cifras con la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas (ANERR), sin éxito.

Un reto a corto plazo

El reto que impone la directiva comunitaria recién publicada es enorme. Es un reto a corto plazo. De acuerdo con la norma, a partir de 2021, entre el 50% y el 100% de la energía primaria que requieran los edificios se debería cubrir con energías renovables. Sólo esta medida forzará a revisar -no sólo en España- los códigos de edificación y a replantear las barreras al autoconsumo si las hay.

Pero hay más. En dos años, todos los edificios, sean de viviendas, públicos o privados, de oficinas,  nuevos o rehabilitados, tendrán que contar con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Ayuntamientos y Comunidades Autónomas deberán comprobar también si las certificaciones energéticas de los edificios son las adecuadas.

"Es un cambio de concepto profundo en la edificación" asegura García Breva. Ahora, sólo falta que todos los implicados en el proceso se enteren. No es fácil. Los certificados energéticos, obligatorios desde hace cinco años, no son muy populares -se han emitido tres millones- aunque la situación del parque de viviendas ha mejorado, según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). 

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