De entrada, es de aplaudir vivamente la resuelta respuesta del gobernador Ricardo Rosselló a la más reciente embestida colonial por parte de los procónsules de nueva data. Son los procónsules que componen la nueva oposición política de Puerto Rico con título de junta controladora, no ya tan solo -según pretenden sus siete integrantes- de las finanzas públicas del territorio 100x35, sino también de todo el aparato gubernamental. Con sus arrogantes pretensiones coloniales, los 7G de nuevo cuño ensayan el innoble y burdo ejercicio de intentar asumir el papel que corresponde al gobierno de Puerto Rico debidamente elegido y constituido. Da vergüenza ajena la presencia de puertorriqueños en ese G7.
El comportamiento (demeanor, dicen en inglés) del gobernador durante su valiente mensaje televisado de la semana pasada, recalcando la indignación suya y del pueblo de Puerto Rico ante el intento de derrocamiento constitucional, se hizo evidente desde el primer segundo de su comparecencia. “Estoy al mando”, les transmitió el gobernador a los actores de la tropelía. Era hora de pararles el caballito.
Desde luego, no será sobre hojuelas que se escenifiquen los duros episodios legales y políticos -pienso que más difíciles serán los últimos- que resultarán de la viril respuesta del gobernador. Los ejecutantes del poder colonial, los que aseguran en sus propios estatutos -pongamos por caso la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, que nos describe como “posesión” del Congreso- arrancarán la odisea que nos aguarda con la ventaja que les da a los colonos su poder sobre sus súbditos.
Ya comenzaron. Lo vimos con la declaración del congresista Rob Bishop, presidente del poderoso Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal y, por lo demás, abogado oficioso de los bonistas que, con esa ayuda directa, y con la solapada del G7, están dispuestos a todo -a todo- para que ni un solo centavo se dedique en cualquier reestructuración de la deuda pública que no sea para hacerlo llegar a sus arcas.
No escatimarán nada. De hecho, ya comenzó la amenaza contra el pueblo de Puerto Rico, con el mandado que le ordenaron a un empleado de tercera categoría de la oficina de Mr. Bishop, tratando de meter en cintura al gobernador con la grotesca intimidación de que “hay remedios punitivos” si no se ajusta al intento de derrocamiento por parte del G7 respaldado por su jefe.
Sí, la batalla va a ser larga, pero no más que los 525 años de coloniaje desde el Descubrimiento, 120 de ellos desde la invasión por Guánica. Pero la raya está tirada y no habrá -no puede haber- paso atrás. La conclusión de este primer enfrentamiento medular del gobierno colonial contra sus “poseedores” (a la altura del siglo 21, cuando ya no debe haber persona o gobierno alguno que posea a otras personas o gobiernos) tiene que ser la resolución del asfixiante problema colonial que nos merma como pueblo. Nada debe conducir a tregua en esta gesta histórica.
Son muchos quienes desde, hace tiempo, han estado aconsejando el detente que les ha servido el gobernador al G7 y al Congreso. Pero este, se ha hecho evidente, prefirió dar la batalla de la diplomacia, en la que, por cierto, detuvo el primer asalto del grupo: su orden -ignorada por el gobernador y la Asamblea Legislativa- de despedir 40,000 empleados públicos, reducir la jornada laboral a otros miles; y escamotear cruelmente la pensión a los hombres y las mujeres que, con su esfuerzo físico, mental y creativo ayudaron a construir nuestro pueblo.
Pero, es lo que ha transmitido el gobernador y merece el respaldo absoluto del pueblo. ¡Basta ya!
Vamos en búsqueda de la decisión suprema.
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